Como si estuviéramos atrapados en el tiempo, como la película, y no supiéramos cómo hacer buenas acciones para romper el hechizo. No hay manera. España sigue empeorando sus notas en materia de corrupción. Y la verdad es que las figuras de Koldo, Ábalos o Cerdán, incluso el novio de Ayuso, no ayudan, más bien todo lo contrario. Transparency International ha presentado este martes la 31ª edición del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que mide la corrupción en el sector público y clasifica 182 países y territorios a través de datos obtenidos de 13 fuentes expertas independientes. 

España baja un punto en el Índice de Transparency International con respecto al año anterior (IPC 2024), siendo su puntuación de 55/100. Esta calificación sitúa a España en la posición 49/182 del ránking global del IPC. Ocupa la misma posición que Chipre y Fiji, una posición por encima de Italia (puntuación 53/100), dos puestos por encima de Polonia (puntuación 53/100), y dos puestos por debajo de Portugal (puntuación 56/100, que este año también desciende 1 punto). 

Con el informe del año pasado, sobre 2024, ya advertíamos que España seguía desplomándose en este Índice. En cambio, en 2023 manteníamos posiciones, pero retrocedíamos cuatro puestos respecto de 2020. En el informe de 2022 alcanzábamos los 60 puntos nuestra posición era la 35º de 180 países. Seguimos sin levantar cabeza, poco a poco nos diluimos en el montón.

España desciende así tres posiciones en el ránking mundial con respecto a 2024. En la mayoría de los Estados miembros de la UE se aprecia un descenso general de la puntuación, reflejando un preocupante estado de estancamiento en la aplicación efectiva de los estándares anticorrupción y una creciente erosión de los mecanismos de rendición de cuentas. Este retroceso se inserta en una tendencia global de debilitamiento de la lucha contra la corrupción, agravada por la pérdida de liderazgo internacional y por el deterioro del papel de Estados Unidos, cuya ausencia de compromiso en la aplicación de instrumentos clave contra el soborno transnacional socava la presión internacional para impulsar reformas efectivas. En este contexto, nuestro país también desciende del puesto número 16/27 al 17/27 de los Estados Miembros de la Unión Europea y ha sido superada por Portugal (puntuación 56/100) y Eslovenia (puntuación 58/100) y comparte puntuación con Chipre (puntuación 55/100).

Para Silvina Bacigalupo, presidenta de Transparency International España “los resultados presentados en el día de hoy no pueden considerarse inesperados. En ediciones anteriores del Índice hemos advertido de manera reiterada que esta tendencia persistiría en ausencia de cambios estructurales. España debe aspirar a dotarse de una arquitectura institucional anticorrupción sólida, en la que los distintos mecanismos y órganos actúen de manera plenamente coordinada. En este sentido, venimos subrayando desde hace años la necesidad de adoptar una Estrategia Nacional Anticorrupción que articule de forma integral las políticas públicas en esta materia. 

Si bien se han impulsado reformas normativas importantes, estas carecen aún de la dotación suficiente de recursos que garantice su efectiva implementación, especialmente en un contexto de ausencia de Presupuestos Generales del Estado. Por ello, apelamos a las fuerzas políticas a abandonar el uso de la corrupción como instrumento de confrontación partidista, una práctica que erosiona la calidad democrática y profundiza la desafección ciudadana. Al Congreso de los Diputados, en su conjunto, le instamos a asumir este desafío como una auténtica política de Estado, basada en el consenso y el compromiso sostenido.”

De las 13 fuentes que analiza el Índice, la situación de España se ha visto principalmente afectada por su descenso en distintos indicadores medidos por: 

• IMD World Competitiveness Yearbook: Esta fuente analiza la corrupción en el sector público desde la perspectiva del sector privado. En relación con España los indicadores muestran un descenso marcado por un contexto de preocupación empresarial ante las ciberamenazas, las tensiones geopolíticas, los aranceles y la velocidad real de transformación tecnológica, especialmente en el ámbito de la IA.

• World Economic Forum EOS: En este informe España desciende en los indicadores que miden la calidad de la gobernanza y la integridad institucional estatal, desde la perspectiva del sector privado, destacando la necesidad de reforzar los controles y la transparencia en la contratación pública. 

• World Justice Project Rule of Law Index: En este índice España desciende en los indicadores asociados a la constatación de una menor eficacia de los controles institucionales del Estado, la independencia judicial y los mecanismos de supervisión pública, factores clave para prevenir y contener la corrupción. 

• Varieties of Democracy Project: Esta fuente constata una bajada de puntuación vinculada con la falta de reformas anticorrupción efectivas en materia de transparencia, AI y rendición de cuentas y la necesidad de una evaluación experta en este ámbito. El resultado obtenido por España en el CPI 2025 no resulta inesperado: evidencia la necesidad de reforzar el enfoque estructural y holístico de las políticas anticorrupción, cuya eficacia construcción depende de la existencia de consensos políticos básicos para sacar adelante las reformas legislativa necesarias, así como de un compromiso institucional efectivo y continuado. 

Del análisis conjunto de los informes sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea, las evaluaciones de GRECO y los del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se deduce un diagnóstico coincidente: España ha registrado avances significativos en el plano normativo e institucional, pero está en una fase todavía incipiente de consolidación y aplicación efectiva las reformas legislativas. Se han puesto en marcha reformas normativas y planes de integridad que siguen la hoja de ruta marcada por las recomendaciones europeas e internacionales. Entre las iniciativas actualmente en curso cabe destacar: la proposición de reforma del Reglamento del Congreso para regular la actividad de los grupos de interés, actualmente en deliberación parlamentaria. Esta norma se entrelaza con el I Plan de Parlamento Abierto, llamado a impulsar mejoras en transparencia e integridad en la relación con los lobbies, pero cuya hoja de ruta concreta sigue sin publicarse. 

El proyecto de Ley de transparencia e integridad de la actividad de los grupos de interés sigue sin ser aprobado y se encuentra, de facto, bloqueado, pese a tratarse de una de las reformas más sensibles y uno de los factores que explican el deterioro de la posición de España en los principales índices internacionales. En cuanto al marco jurídico de acceso a documentos sigue sin modificarse la Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno –– cuya necesidad de reforma fue abordada por el Grupo de Trabajo del Foro de Gobierno Abierto ––, y recientemente se ha anunciado el impulso de una nueva Ley de Administración Abierta (actualmente en fase de anteproyecto), que amplíe las obligaciones de transparencia, así como la reforma de la normativa sobre secretos oficiales. Además, se viene trabajando en la mejora de prevención y gestión de conflicto de intereses de los funcionarios públicos, sin embargo, aún no se han establecidos disposiciones efectivas.

Asimismo, se ha aprobado el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante y se ha nombrado a su primera presidencia, al tiempo que se han puesto en marcha canales internos de información en la Guardia Civil, el Consejo de Transparencia y la Agencia Tributaria, en cumplimiento de la Ley 2/2023. Sin embargo, sigue siendo imprescindible una dotación presupuestaria adecuada, tanto para la AIPI como para las autoridades equivalentes en las comunidades autónomas, si se quiere que estas instituciones puedan aplicar de manera efectiva las medidas de protección a las personas informantes previstas en la legislación estatal y autonómica. A pesar de que existen mejoras significativas todavía no se han podido consolidar fundamentalmente por la falta de recursos presupuestarios suficientes, carencia de políticas de comunicación y de concientización ciudadana que generen cambios perceptibles para los actores relevante y la ciudadanía. 

En el marco del V Plan de Gobierno Abierto se anuncia la aprobación de una Ley Orgánica de Integridad Pública (APLO), la cual incorporaría el contenido del Plan Estatal contra la Corrupción mencionado. Asimismo, se contempla la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, que funcionará como órgano central encargado de la prevención, supervisión y persecución de la corrupción. Pero sigue pendiente uno de los instrumentos más importantes para garantizar la coherencia institucional anticorrupción: la elaboración de una Estrategia Nacional Anticorrupción, cuya adopción resulta legalmente exigible desde septiembre de 2024.

Si bien se llevó a cabo la publicación del Plan Estatal de lucha contra la Anticorrupción, esto no suple los esfuerzos de integración y visión holística necesarios que son los elementos nucleares de una Estrategia. En este sentido, Transparency International España formuló el pasado mes julio 100 recomendaciones para impulsar una estrategia nacional anticorrupción. Una de las medidas era hacer exámenes aleatorios anuales a los altos cargos sobre su patrimonio.

En este contexto, resulta imprescindible avanzar en el consenso político necesario para que las Cortes Generales conviertan las propuestas y proyectos de ley, así como los distintos planes en leyes efectivas, dotadas de medios y de mecanismos de rendición de cuentas, de forma que la agenda anticorrupción deje de ser un catálogo de intenciones y se convierta en un conjunto de reformas aplicadas, visibles y capaces de mejorar de manera real los indicadores de integridad, Estado de derecho y confianza pública. Una agencia, ¿otra? para combatir la corrupción: ¿Más de lo mismo para no hacer nada nuevo?

Nivel mundial

El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparency International dibuja un escenario global especialmente preocupante: la lucha contra la corrupción se está debilitando de forma sostenida, incluso en democracias que históricamente han sido referentes institucionales. En la última década, el número de países capaces de superar los 80 puntos —umbral que identifica sistemas públicos especialmente sólidos— se ha reducido a menos de la mitad. Este retroceso coincide con un deterioro del liderazgo internacional y un avance de las restricciones a derechos fundamentales, desde la libertad de prensa hasta el derecho de reunión. A la vez, emerge un movimiento global liderado por la generación Z, que ha sacado a las calles a miles de jóvenes en contextos caracterizados por una limitada capacidad institucional como Nepal y Madagascar, exigiendo fin del abuso de poder y servicios públicos que respondan a sus necesidades.

Transparency International advierte que la falta de liderazgo político y de consenso en esta materia está debilitando la arquitectura global anticorrupción y erosionando la presión internacional sobre los gobiernos para impulsar reformas efectivas. Un factor crítico en esta dinámica es la posición de Estados Unidos. Según Transparency International, el país registra su puntuación más baja hasta la fecha (64/100) y evidencia un debilitamiento sin precedentes en la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), uno de los instrumentos más efectivos contra el soborno transnacional. 

La laxitud en su implementación, junto con la suspensión temporal de procesos, envía una señal preocupante a otros gobiernos y empresas, que perciben que, si un líder global puede relajar estas normas, la lucha contra la corrupción pierde prioridad y eficacia en todo el mundo. A ello se suman los recortes en la financiación de la sociedad civil en el exterior, particularmente la reducción de recursos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), lo que ha debilitado programas anticorrupción en múltiples países. La lucha contra la corrupción se enfrenta además a una polarización creciente en torno a un tema que debería ser innegociable.

Esta pérdida de consenso ha debilitado la capacidad de los Estados y de la cooperación internacional para mantener estándares anticorrupción sólidos. Este retroceso, sumado al avance de leyes restrictivas, ataques a periodistas y persecución de denunciantes en diversas regiones deja un vacío que favorece abusos de poder, recortes de derechos y un cierre progresivo del espacio cívico en todo el mundo.