El silencio administrativo se ha consolidado como la principal barrera para la transparencia en España, obligando a miles de ciudadanos a recurrir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ante la falta de respuesta de las instituciones. Según el balance provisional de 2025, el organismo recibió un total de 2.767 reclamaciones, lo que supone un drástico incremento del 40,2 % respecto al año anterior. Este repunte evidencia una creciente desatención por parte de las administraciones, ya que en casi la mitad de los casos estatales (45,5 %) y en tres de cada cuatro casos autonómicos y locales (75 %), la administración ni siquiera se molestó en contestar a la solicitud inicial de información. Transparencia obliga a publicar la productividad de los altos cargos del Instituto Nacional de la Seguridad Social

La opacidad institucional ha disparado la carga de trabajo de esta autoridad independiente, que el pasado año resolvió una media de 186 expedientes mensuales para defender el derecho de acceso a la información pública, tal y como ha explicado el Consejo este martes en u comunicado. De las reclamaciones recibidas, 1.778 se dirigieron contra organismos de la Administración estatal —un 27,3 % más que en 2024—, mientras que las quejas contra entidades autonómicas y locales de las regiones conveniadas con el Consejo (Asturias, Baleares, Cantabria, Extremadura, La Rioja, Ceuta y Melilla) sufrieron un incremento todavía mayor, situándose en 989 expedientes, un 71,7 % más que en el ejercicio previo.

El Consejo ha dado la razón a los ciudadanos en la gran mayoría de sus resoluciones, confirmando que la opacidad no suele estar justificada legalmente. En el ámbito estatal, el 65,9 % de los 1.577 expedientes resueltos terminaron con un pronunciamiento favorable al reclamante. De estas 976 estimaciones, el 46 % obligó a entregar toda la información ocultada, el 14 % instó a facilitar una parte y un significativo 40 % se debió a motivos formales; es decir, casos en los que la Administración solo entregó los datos tras la intervención del Consejo, vulnerando así los plazos legales establecidos. Transparencia ordena a Trabajo revelar gastos y dietas de la ministra Yolanda Díaz tras meses de silencio

La situación es todavía más grave en el ámbito autonómico y local, donde siete de cada diez resoluciones fueron estimatorias para el ciudadano. De las 657 reclamaciones tramitadas en este sector, 419 fallaron a favor del reclamante, destacando que el 62 % fueron estimaciones completas. Frente a estas cifras, las desestimaciones —casos donde el organismo consideró que la negativa de la Administración era ajustada a derecho— apenas sumaron 389 expedientes a nivel estatal y 100 a nivel territorial, una cifra mínima en comparación con el volumen de silencios administrativos y respuestas denegatorias injustificadas.

A pesar de este aumento en la litigiosidad por transparencia, el Consejo de Transparencia logró cerrar el año con 2.234 expedientes resueltos, una cifra muy similar a la de 2024 que demuestra la saturación del organismo ante el alud de reclamaciones. El resto de las quejas registradas se repartieron entre inadmisiones por no cumplir requisitos legales (97 estatales y 76 territoriales), archivos por desistimiento (99 y 76 respectivamente) o suspensiones cautelares a la espera de decisiones judiciales, un escenario que refleja la carrera de obstáculos que sigue enfrentando la ciudadanía para obtener datos que, por ley, deberían ser públicos.

Aviso en 2025

En mayo del año pasado Sueldos Públicos se hizo eco de unas declaraciones del presidente del CTBG que denotaban cierta impotencia. En este sentido, el Consejo se enfrenta a una crisis de inoperatividad ante el volumen de resoluciones que las administraciones públicas deciden ignorar sistemáticamente cada año. A pesar de que el organismo ha multiplicado su actividad desde la entrada en vigor de la ley, pasando de emitir apenas 77 resoluciones en 2016 a las 428 registradas al cierre de 2024, la efectividad del sistema se ha desplomado de forma alarmante. Mientras que en sus inicios el cumplimiento era prácticamente total, en el último lustro la media de decisiones desatendidas se ha estabilizado en un 25% anual, dejando en el aire 101 resoluciones tan solo entre el pasado año y marzo de 2025.

Esta tendencia a la desobediencia institucional ha sido denunciada con dureza por el propio presidente del Consejo, José Luis Rodríguez Álvarez, quien ante el Congreso de los Diputados calificó de inaceptable que se dejen sin ejecutar decisiones firmes que vinculan jurídicamente a las autoridades. Rodríguez Álvarez, cobró 128.700 euros en 2024 incluidos 10 trienios y  132.589 euros en 2025. En dos años ha percibido unos 261.000 euros. Pese a las abultdas retribuciones, el presidente reconoció la impotencia de la institución que dirige, limitada por una normativa que no le otorga herramientas coercitivas ni capacidad sancionadora. Según sus propias palabras, la labor del Consejo se reduce actualmente a publicar listas de incumplidores y enviar recordatorios, una práctica que se ha demostrado insuficiente para frenar la opacidad administrativa.

La carencia de potestad sancionadora traslada toda la responsabilidad y el coste del cumplimiento al ciudadano, quien se ve obligado a iniciar costosos y lentos procesos judiciales por inactividad si quiere que su derecho a la información sea respetado. Esta situación debilita los cimientos del sistema de transparencia, ya que las administraciones pueden optar por el silencio o el incumplimiento sin temor a represalias directas por parte del regulador. La falta de mecanismos de ejecución forzosa convierte muchas de las victorias legales de los solicitantes en meros triunfos simbólicos que chocan contra la resistencia de los organismos públicos.

La arquitectura actual de la ley de transparencia deja al CTBG en una posición de vulnerabilidad que compromete el acceso real a la información pública en España durante este 2026. Al no disponer de multas coercitivas ni de capacidad de intervención directa, el derecho fundamental de la ciudadanía queda supeditado a la voluntad política de cada administración. Esta brecha en la gobernanza no solo genera frustración en los usuarios, sino que incentiva una cultura de opacidad donde el incumplimiento de la norma resulta, en la práctica, gratuito para los gestores públicos.