El mismo día que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) lanzaba un comunicado, el 22 de mayo, sobre la creación de la Conferencia de Órganos Garantes de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública (COTAI), la fundación Civio publicaba un estudio que deja a la altura del betún la utilidad práctica de los Consejos de Transparencia y la ignorancia y pasividad de las administraciones públicas con las resoluciones. La ley tiene sus limitaciones y cumplir y hacer cumplir lo que dice un órgano que no es un tribunal o la policía es complicado. La falta de cultura democrática, el desconocimiento sobre la separación de poderes, contrapesos y rendición de cuentas es más que evidente. 

Coloquialmente hablando, al CTBG no le hacen ni puñetero caso. Está comprobado. Por cierto, la finalidad de COTAI es contribuir a fortalecer la transparencia y la garantía del derecho de acceso a la información pública en los distintos niveles del Estado mediante la realización de actuaciones conjuntas. Y si no quieres sopa, dos tazas, porque este martes, Civio ha vuelto a sacar los colores al actual Ejecutivo de Sánchez por acoger una Cumbre Mundial de Gobierno Abierto sin gobierno abierto: bajo la apariencia de un trabajo bien hecho y abundante, con un récord de 205 iniciativas se esconde "una realidad tozuda: se han omitido muchas de las propuestas prioritarias identificadas y aprobadas en los talleres de cocreación entre la Administración General del Estado (AGE) y la sociedad civil", cuya función era nutrir el V Plan de Gobierno Abierto, en fase de borrador. Por ejemplo, la reforma pendiente de la Ley de Transparencia, más información sobre el personal eventual, los conflictos de interés o las cuentas claras con los presupuestos. En definitiva, celebrar la Semana de la Administración Abierta vuelve a ser frustrante para para los ciudadanos comprometidos con la calidad democrática de nuestras instituciones. 

J.L. R. Álvarez.

Según el estudio de Civio, entre 2015 y marzo de 2025, se han registrado 324 incumplimientos solo por parte de la Administración General del Estado (AGE), a los que se suman 942 resoluciones desatendidas a nivel autonómico y local. Esta preocupante cifra, que supera el millar, dibuja un panorama de desobediencia institucional que socava el derecho de los ciudadanos al acceso a la información. Sin ir más lejos, hace unos días nos hacíamos eco de que el Gobierno lleva siete meses mareando a un ciudadano para no informar sobre los gastos de representación de Pedro Sánchez.

El caso más flagrante de incumplimiento se remonta a 2016, cuando el Ayuntamiento de El Picazo (Cuenca) fue requerido por el CTBG para entregar las actas de sus plenos municipales. A pesar de una resolución firme del Consejo, que concedía 20 días para la entrega de la información, el consistorio lleva nueve años sin acatar la orden, convirtiéndose en el expediente más antiguo sin cumplir en los registros del CTBG. Este ejemplo paradigmático subraya la ineficacia del sistema actual para garantizar el cumplimiento de las normativas de transparencia y la necesidad de mecanismos coercitivos más robustos.

El volumen de trabajo del Consejo de Transparencia ha crecido exponencialmente desde la entrada en vigor de la ley, con un aumento paralelo en el número de resoluciones incumplidas. En 2016, el CTBG emitió 77 resoluciones, con 76 cumplimientos. Sin embargo, entre 2017 y 2022, la media anual de resoluciones rondó las 370, con un alarmante 25% de ellas desatendidas cada año. El año 2024 cerró con 428 resoluciones, de las cuales 101 seguían pendientes de cumplimiento en marzo de 2025. Ante esta situación, el presidente del CTBG lamentó en el Congreso de los Diputados en octubre de 2024 que "no hay justificación posible para que las administraciones dejen sin ejecutar decisiones firmes que les vinculan jurídicamente".

El mapa de los incumplimientos es variado y revela patrones preocupantes. Aunque la mayoría de comunidades autónomas ya cuentan con sus propios consejos de transparencia, que gestionan sus reclamaciones localmente, el CTBG central aún acumula casos de aquellas que mantuvieron convenios más tiempo. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, antes de crear su propio organismo en 2022, dejó 147 resoluciones sin cumplir entre 2017 y 2022. Ayuntamientos como Getafe (15 pendientes), Colmenar de la Oreja (11, muchas sobre urbanismo) y Guadalix de la Sierra (11, negando información sobre contrataciones y plenos) destacan por su persistencia en la desobediencia. A nivel nacional, el Ministerio del Interior encabeza la lista con 135 resoluciones pendientes, casi la mitad del total de la AGE. Un caso ilustrativo es la negativa de la Policía Nacional desde 2018 a proporcionar la legislación sobre la distinción entre cáñamo industrial y marihuana.

La impotencia del Consejo de Transparencia ante esta situación es evidente. El propio presidente del CTBG ha reconocido que, más allá de publicar listados de incumplidores y enviar recordatorios, "Eso es todo cuanto podemos hacer porque la ley no nos atribuye más potestades". La experiencia demuestra que "esto no es suficiente para poner fin a una práctica que es, a todas luces, inaceptable", reconoce José Luis Rodríguez Álvarez, que cobró más de 128.700 euros brutos en 2024, incluidos nueve trieniso de antigüedad. 

Como consecuencia, la carga de hacer cumplir estas resoluciones recae en el ciudadano solicitante, quien, a menudo, debe asumir el tiempo, el esfuerzo y los costes económicos de llevar a la administración a juicio por inactividad. Esta carencia de herramientas coercitivas efectivas debilita la capacidad del sistema de transparencia para garantizar el derecho fundamental al acceso a la información.

COTAI

Por su parte, el Encuentro de Órganos Garantes de la Transparencia, celebrado en Toledo los días 20 y 21 de mayo, culminó con la constitución oficial de la Conferencia de Órganos Garantes de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública (COTAI). Esta nueva entidad se erige como un crucial espacio de colaboración y cooperación horizontal, diseñado para unificar esfuerzos y estrategias entre los diversos organismos supervisores del Estado, con el fin último de fortalecer el derecho de acceso a la información pública en todos los niveles administrativos.

Entre sus principales objetivos se encuentran el fomento del intercambio de experiencias y buenas prácticas entre sus miembros, la realización de estudios e informes sobre cuestiones que impactan directamente en el derecho de acceso a la información, y la elaboración de documentos divulgativos que conciencien a la ciudadanía. Además, según un comunicado del CTBG, la Conferencia promoverá activamente una cultura de transparencia pública, diseñará líneas estratégicas de formación dirigidas a los sujetos obligados por la ley, impulsará criterios compartidos para evaluar el cumplimiento de la transparencia y adoptará posiciones comunes ante desafíos de especial relevancia en este ámbito.

La propuesta para la creación de esta Conferencia fue impulsada por José Luis Rodríguez Álvarez, presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal, quien presentó un borrador de reglamento que definiría su naturaleza, fines, composición, actividades y funcionamiento. Tras un proceso de deliberación y la valiosa incorporación de aportaciones de todos los representantes de los órganos garantes, el reglamento fue aprobado por unanimidad, sellando así el nacimiento de la COTAI y marcando un hito en la coordinación interinstitucional en materia de transparencia.

La nueva COTAI integrará al Consejo de Transparencia estatal junto a los órganos garantes de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Foral de Navarra, Galicia, País Vasco y Región de Murcia. Para asegurar una representación equitativa y dinamismo en su liderazgo, la presidencia de la Conferencia será anual y rotatoria, siguiendo un calendario predeterminado. En la sesión constitutiva se acordó que el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha asumirá la primera presidencia. El 1 de enero de 2026, la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) de Cataluña tomará el relevo, seguida por la Comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias en 2027 y la Comisionada de Transparenza de la Región de Murcia en 2028.

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