Transparencia Internacional España propone exámenes aleatorios anuales del patrimonio de los altos cargos
"Fortaleciendo la Integridad. 100 recomendaciones para una Estrategia Nacional Anticorrupción"
Más controles, sorpresa, sin avisar o aleatorios para nuestros políticos. Y todo para evitar más casos como el de Koldo o Cerdán u otros pasados como Bárcenas. Transparency International España (TI-E) ha presentado este lunes el informe “Fortaleciendo la Integridad. 100 recomendaciones para una Estrategia Nacional Anticorrupción. Análisis y observaciones al Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción del Gobierno de España”, un estudio que propone una hoja de ruta hacia un modelo integral y sostenible para la prevención y el combate contra la corrupción en España.
Este informe propone una visión estratégica a largo plazo: la elaboración y aprobación de una Estrategia Nacional Anticorrupción (ENA) que vaya más allá de medidas puntuales y respuestas coyunturales, y que deberá sustentarse en un diagnóstico adecuado y sólido, definir pilares y objetivos claros, y traducirse en un Plan de Acción debidamente priorizado, participativo e inclusivo, dotado de presupuesto y calendarizado, a fin de garantizar el fortalecimiento y ordenamiento del marco normativo e institucional vigente.
Las 100 recomendaciones de este informe — cinco generales y 95 específicas— buscan sentar las bases para un Pacto de Estado anticorrupción, capaz de garantizar reformas del sistema institucional que trasciendan los ciclos políticos y que ofrezcan resultados medibles y tangibles.
Cada medida ha sido examinada desde una perspectiva jurídica, técnica e institucional, ofreciendo propuestas específicas de mejora, ampliación o, en su caso, reorientación. Esta propuesta tiene en cuenta los compromisos internacionales adquiridos por España con Naciones Unidas, la OCDE y la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), colocando la integridad pública como eje central de la estrategia anticorrupción para reforzar tanto el sistema institucional como la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
Asimismo, el presente estudio analiza en detalle el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción del Gobierno presentado el pasado 9 de julio que, si bien plantea medidas importantes y necesarias, no constituye desde un punto de vista técnico una verdadera estrategia integral que aborde todos los ángulos existentes en el fenómeno de la corrupción actual de nuestro país y ofrece áreas significativas de mejora que consideramos esencial señalar para fortalecer nuestro marco anticorrupción. Entre las recomendaciones generales que plantea TI-E, se destacan las siguientes:
Elaborar y aprobar sin dilaciones la Estrategia Nacional Anticorrupción (ENA), asegurando que su diseño se sustente en un diagnóstico sólido, un proceso participativo amplio e inclusivo, la definición clara de pilares estratégicos y la asignación de recursos presupuestarios suficientes.
Formar un Grupo de trabajo o Comisión Experta para la elaboración de la ENA, así como establecer un proceso de consultas públicas que garantice la incorporación de aportaciones de todos los actores y voces relevantes, favoreciendo la transparencia y legitimidad en la formulación de la estrategia.
Asegurar que la Estrategia Nacional Anticorrupción incorpore un Plan de Acción detallado que establezca objetivos específicos, medidas concretas, indicadores medibles de desarrollo y plazos claros de ejecución, de manera que se facilite su implementación y evaluación, así como un sistema de gobernanza para la administración y dirección de la ENA, que asigne responsabilidades en su elaboración, ejecución y seguimiento.
Acompañar la Estrategia Nacional Anticorrupción de una estrategia de financiación clara y sostenible, que habilite la ejecución continuada de todas las medidas propuestas y sostener en el tiempo los compromisos políticos e institucionales que vayan más allá del Gobierno que las impulsa, reconociendo que la lucha contra la corrupción exige un Pacto de Estado, como paso fundamental para garantizar una transformación estructural y sostenible. RG5. Desarrollar un sistema de monitoreo y evaluación robusto, a través de indicadores de rendimiento claros y medibles, con un cronograma adecuado.
A este respecto, es importante considerar el plazo fijado por GRECO —30 de junio de 2026— para presentar los avances en la implementación de todas sus recomendaciones, y la necesidad de llevarlas a cabo de manera efectiva, como una oportunidad para concretar y poner en marcha la ENA. Según la presidenta de Transparency International España, Silvina Bacigalupo, “para superar los malos resultados que ha obtenido España en los índices sobre corrupción, es imprescindible abordar una Estrategia nacional, tanto para cumplir con los compromisos internacionales como sobre todo para fortalecer el sistema institucional. La corrupción es una de sus mayores amenazas. Proteger el sistema contra esta amenaza es responsabilidad de todos los grupos parlamentarios. Si la lucha contra la corrupción forma parte de un programa político, pero no de un consenso, la espiral de acusaciones y contra acusaciones se reproduce indefinidamente”.
Por su parte, el director ejecutivo de Transparency International España, David Martínez, afirma que “la sostenibilidad de las reformas anticorrupción demanda una visión estratégica compartida y una voluntad política constante, materializada en esfuerzos articulados entre los distintos niveles de gobierno, el sector privado y la sociedad civil. La corrupción constituye una problemática multidimensional que exige respuestas integrales, no limitadas al ámbito jurídico, sino también desde perspectivas institucionales, económicas, sociales y culturales. En este sentido, un enfoque holístico, preventivo, colaborativo, coordinado y sostenible se presenta como condición indispensable para consolidar una cultura de la integridad pública y de defensa del Estado de derecho”.
Propuestas concretas
El documento completo, de 138 páginas, lo puedes leer en este enlace. Sueldos Públicos recoge algunas de las propuestas de interés relacionadas con los altos cargos:
Componente 3.2 Incluir exámenes adicionales aleatorios de la situación patrimonial de los altos cargos con carácter anual durante todo el mandato
- La medida busca ampliar los controles a los altos cargos, tanto por indicio como de forma aleatoria.
- El Plan también propone asignar a la OIC la posibilidad de llevar a cabo controles que podrán articularse en dos formas: controles aleatorios anuales (procedimiento garantista que limite el número total de exámenes y prohíba examinar a una misma persona más de una vez al año) y controles motivados por indicios fundados de enriquecimiento injustificado (debidamente razonados y documentados por parte de la Oficina).
Según el propio Plan “Actualmente la Ley 3/2015 que regula el ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado establece que, al finalizar su mandato, los altos cargos deben someterse a un examen de su patrimonio (art. 23), además de tener la obligación de comunicar cualquier modificación sustancial de su situación patrimonial. Este análisis lo lleva a cabo la Oficina de Conflictos de Intereses (dependiente del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública) con el objetivo de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y detectar posibles indicios de enriquecimiento injustificado.”
Metodología clara
Se recomienda que los controles aleatorios sobre altos cargos se implementen a través de una metodología técnica clara, documentada y replicable, definida mediante instrucciones internas y/o protocolos sectoriales. Esta metodología debe contemplar criterios objetivos de selección, procedimientos de revisión estandarizados, registro auditado de las actuaciones realizadas y supervisión interna o externa del cumplimiento. Asimismo, se sugiere mejorar la accesibilidad de las declaraciones patrimoniales y de intereses ya disponibles mediante su publicación en formatos abiertos y legibles automáticamente, como permite la Ley vigente, reforzando así el control social y la rendición de cuentas sin necesidad de modificaciones normativas.
