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A partir de ahora habrá otra... aunque no sabemos cuándo estará operativa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles ante el Congreso de los Diputados para dar cuenta del caso de corrupción que afecta a los dos últimos secretarios de organización del PSOE. Sánchez ha pedido perdón a la ciudadanía y ha anunciado un ambicioso Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, elaborado con el apoyo de la OCDE y las aportaciones de grupos parlamentarios y la sociedad civil.

“El culpable de los delitos es quien los comete. Pero yo, como persona que los nombró, tengo parte de responsabilidad y la asumo”, ha afirmado Sánchez, quien ha defendido ser un político “limpio” y ha asegurado que “no tirará la toalla” para limpiar la política. El plan se articula en cinco grandes ejes que engloban 15 medidas concretas para reforzar la integridad pública, la transparencia y el castigo a la corrupción.

Una de las principales novedades es la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública. Este nuevo organismo asumirá competencias clave de prevención, supervisión e investigación de casos de corrupción, agrupando funciones que ahora están dispersas en varios órganos estatales como la Intervención General del Estado, el Consejo de Transparencia, la Oficina de Conflictos de Intereses o la Oficina de Regulación de Contratación. La Agencia tendrá capacidad para iniciar investigaciones, supervisar contratación pública, conflictos de interés y actividad de lobbies, y coordinar la protección de informantes. También deberá articularse con órganos autonómicos para reforzar la vigilancia sobre partidos políticos y contratación pública en todo el territorio. Su puesta en marcha exigirá reformas legales en varias leyes clave, como la Ley de Altos Cargos, la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Transparencia.

Pero ¿es necesario una Agencia al uso para este cometido? Sin ir más lejos, el Ministerio de la Presidencia también solicitó la participación ciudadana en septiembre del año pasado para la elaboración de un Real Decreto para ampliar y modificar la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal. En este sentido, el texto señalaba la necesidad de crear una plaza de Fiscal de Sala de Delitos Económicos y una plaza de Fiscal de Sala de Delitos contra la Administración Pública.

Además, en julio del año pasado, hace justo un año, España Mejor y Hay Derecho presentaron un documento de 28 páginas con un Código Ético de Gobierno que incluía la creación de una Oficina Ética y un Asesor Independiente. El objetivo es que llegara al Consejo de Ministros. Nada se supo.

El Ejecutivo de Sánchez es experto en crear agencias, como la Agencia Espacial Española, con un director más a sueldo. O crear nuevos puestos con rango de subsecretario, ya sea el comisionado para el volcán de la Palma o por la dana de Valencia. Incluso existe una Autoridad que protege al informante de casos de corrupción. Así, la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. viene regulada en el BOE de 29 de octubre de 2024.

Las 15 medidas del plan son las siguientes:

• Crear la Agencia Independiente de Integridad Pública.
• Extender los mapas de riesgo de integridad a toda la Administración.
• Aprobar una nueva Ley de Administración Abierta para reforzar la transparencia y la participación ciudadana.
• Transformar la Plataforma de Contratación del Sector Público mediante inteligencia artificial y Big Data para detectar irregularidades.
• Regular la actividad de los lobbies con una Ley de Transparencia e Integridad que amplíe el control en la fase prelegislativa.
• Endurecer los controles sobre la financiación y la actividad económica de los partidos políticos, incluyendo auditorías externas obligatorias y umbrales más bajos de publicación de donaciones.
• Reforzar la Ley de Protección del Informante para garantizar el anonimato, proteger frente a represalias y mejorar los canales de alerta.
• Reforzar la Fiscalía y el Poder Judicial creando secciones especializadas en corrupción y dotando de más recursos a la Fiscalía Anticorrupción.
• Establecer mecanismos de control y sanción para empresas corruptoras, con multas proporcionales, exclusión de contratos públicos (blacklisting) y obligación de tener sistemas de compliance anticorrupción.
• Endurecer el Código Penal con nuevas penas, recuperación de delitos como la administración desleal del patrimonio público y ampliación de plazos de prescripción.
• Reforzar la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) para rastrear y recuperar bienes procedentes de la corrupción.
• Crear la figura del decomiso administrativo o preventivo para incautar bienes ilícitos sin condena firme.
• Poner en marcha programas de formación obligatoria sobre ética e integridad para empleados públicos.
• Desplegar una campaña nacional de sensibilización para fomentar la denuncia de irregularidades y fortalecer la cultura de integridad.
• Realizar una encuesta anual sobre la percepción y experiencias de corrupción en España.

Para garantizar la eficacia de todas estas medidas, el plan incorpora un sistema de seguimiento y evaluación con la supervisión de la OCDE y se completará con una Estrategia Nacional Antifraude antes de fin de año. “Este Plan es ambicioso, realista y honesto. Lo digo claro: tolerancia cero a la corrupción”, ha remarcado Sánchez ante los diputados.