En el marco del Día Internacional Contra la Corrupción, el pasado 9 de diciembre, la Oficina Antifraude de Cataluña ha presentado su Memoria 2023, destacando un dato significativo: el número peticiones recibidas de protección por parte de alertadores, personas que denuncian casos de corrupción. En este sentido, el jefe de la Unidad de Protección de Personas Alertadoras, Àlex Madariaga, ha subrayado la importancia de estos datos, reflejo de la creciente confianza en los mecanismos de protección, pero también de la necesidad de mejorar las garantías y apoyos para quienes se exponen al denunciar irregularidades. Según Madariaga, "la primera medida de protección es el anonimato", aunque reconoció que los alertadores enfrentan retos importantes, como la falta de apoyo psicológico y financiero adecuado, algo que la Oficina trabaja en reforzar mediante convenios específicos.

La Memoria también revela un incremento constante en el número de denuncias de corrupción. Según el Director de Análisis e Investigaciones, Manel Díaz, en 2024 las denuncias podrían superar las 1.200, un aumento del 50% respecto a años anteriores. Si esta tendencia continúa, se prevé alcanzar las 1.500 denuncias anuales para 2025.

Presentación de la Memoria 2023 frente a la sociedad civil. (Antifraude).

Este aumento refleja tanto una mayor concienciación ciudadana como la eficacia de los sistemas de alerta y prevención implementados por Antifraude. Sin embargo, también pone de relieve los retos legislativos y operativos, como la necesidad de actualizar la Ley 14/2008, que regula la lucha contra la corrupción en Cataluña, según señaló Miguel Ángel Gimeno, director de la Oficina, quien cobró casi 157.000 euros el año pasado.

Cifras

En lo que va de 2024, se han recibido 38 peticiones de protección por parte de alertadores, personas que denuncian casos de corrupción. Un año antes fueron 28. En 2018 fueron dos y en 2019 y 2020, cero. Además del aumento en las solicitudes de protección, la Oficina enfrenta el desafío de garantizar que los sistemas internos de alerta cumplan con los estándares de anonimato y seguridad. Actualmente, más de 10.000 entidades públicas y privadas en Cataluña no cumplen con los requisitos legales, especialmente en ayuntamientos pequeños, donde solo el 14% tiene sistemas adecuados. Si comparamos, la Agencia Valenciana Antifraude tenía a 34 personas protegidas por el mismo motivo en 2023.

Para abordar estos retos, Antifraude está desarrollando herramientas como el Aula Virtual de formación y estrategias preventivas basadas en datos, según explicaron sus directivos. Para Olinda Anía, directora adjunta de la Oficina, "el 80% de la ciudadanía percibe que la corrupción sigue siendo elevada, lo que afecta la confianza en la democracia y las instituciones". Con iniciativas como seminarios y colaboraciones con la sociedad civil, se apuesta por consolidarse como un referente en la protección de alertadores y la promoción de una gestión pública más íntegra y responsable.

En 2023 Antifrau recibió un total de 827 denuncias, cifra nuevamente récord desde que se puso en funcionamiento la institución. Son casi el doble que hace tres años. En cuanto al perfil de las personas denunciantes, los datos de 2023 son las siguientes: 560 denuncias/comunicaciones (67,7%) han sido presentadas mediante el buzón anónimo de denuncias; 160 (19,3%) por personas particulares; 41 (5%) por representantes de grupos políticos; 31 (3,7%) por personal funcionario o trabajadores públicos; 19 (2,3%) por personas anónimas, pero no a través del buzón anónimo de denuncias; 13 (1,6%) por sindicatos y 3 (0,4%) como expedientes de análisis de verosimilitud que se han incoado a iniciativa propia.

Durante el año 2023, vuelve a subir el porcentaje de personas denunciantes anónimas (70%) respecto del año anterior (64%), pero no llega a las cifras del 2021, cuando se situó en el 79%. Si en el periodo 2011-2017 eran mayoritariamente personas particulares que se identificaban (47%) las que denunciaban a la Oficina Antifraude, ahora (2018-2023) el grupo que predomina son las personas anónimas (66%).

En cuanto a las entidades o instituciones concernidas por las denuncias o comunicaciones, si se tienen en cuenta las 827 denuncias recibidas, tenemos las cifras siguientes: 294 (35,6%) hacen referencia a ayuntamientos; 261 (31,6%) son referentes a entidades o empresas privadas; 198 (23,9%) conciernen la Generalitat; 43 (5,2%) hacen referencia a otras entidades o administraciones; 16 (1,9%) denuncian las universidades; 9 (1,1%) denuncian consejos comarcales y 6 (0,7%), diputaciones.

Durante 2023 la Oficina ha cerrado 90 actuaciones de investigación. A 31 de diciembre de 2023, tenía 279 actuaciones en curso pendiente de resolver (276 actuaciones de investigación y 3 expedientes de colaboración institucional). Desde el punto de vista del número de actuaciones resueltas, en 2023 ha sido lo más productivo desde que funciona esta Oficina: se ha acreditado un incremento del 91% respecto de la media de actuaciones cerradas en el periodo 2010-2022.

A grandes rasgos, la mayoría de las denuncias son por contratación de personal irregular, abuso de la contratación de personal de libre designación sin justificación ni publicidad, contratos irregulares, asuntos de empleados públicos, subvenciones sospechosas, falta de transparencia o incumplimiento de la ley de incompatibilidades, entre otros.