¿Conocemos todos los salarios de nuestros responsables públicos y su formación académica o experiencia profesional? De los cargos electos sí solemos tener información suficiente, pero no tanto de las personas que dirigen empresas públicas. Es una buena pregunta para plantearse y más todavía, a las puertas de unas elecciones generales. En teoría, los sueldos de nuestros políticos son públicos y deben ser publicados, aunque no siempre son visibles ni demasiado accesibles. 

El 23 de julio elegiremos con nuestros votos a los representantes políticos del Congreso de los Diputados y una parte del Senado. Y de ahí saldrá elegido un presidente que nombrará a sus ministros y formará su Gobierno y definirá los escalones inferiores de los altos cargos de la Administración General del Estado. Además, habrá ceses y cambios en las presidencias y gerencias de empresas públicas y otros entes de titularidad estatal que son nombrados por libre designación. Así que, tras ello, se necesita más transparencia, algo en lo que incidía el programa electoral del PP esta misma semana; en salarios y también en la formación académica y experiencia profesional de estos responsables.

Algunos de estos aspectos mencionados, pero en dos ámbitos autonómicos, han sido analizados por la Fundación Hay Derecho en 2023. Así ‘El Dedómetro’, ha puesto la lupa en tres entidades del sector público (empresariales, sociedades mercantiles públicas, consorcios y autoridades independientes) de dos comunidades autónomas que hasta junio estaban presididas por políticos de diferente color: la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. El suspenso en transparencia, en mérito y capacidad y, además, amiguismo y favores políticos son una constante en el documento.

Sin compromiso con la transparencia

En Sueldos Públicos analizamos las retribuciones de los cargos públicos, por eso es interesante recalcar que, a través de este informe, se ha dado a conocer que el 47% de estas entidades en la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana no publica los salarios de sus máximos responsables. Al mismo tiempo, el 33% de ellas no revela el currículum de sus mandatarios. De esta forma, solo seis entes han demostrado cumplir adecuadamente con las obligaciones legales en materia de transparencia.

La normativa obliga a hacer accesibles a la ciudadanía datos relevantes como nombre, currículum completo y salario de sus máximos responsables, así como la información contable de la entidad. El 86% la incumple. Incluso tres de las entidades no tienen ni siquiera una página web propia donde alojar la información que se les pide. Por tanto, no hay compromiso con ella y la mayoría no la vinculan con su gestión. Peor es aún el desconocimiento de algunas de ellas sobre estas obligaciones.

En la Comunidad de Madrid, la entidad que mayor índice de transparencia tiene es la Radio Televisión Madrid, S.A, donde el puesto en la dirección general es de 97.000 euros brutos anuales. Así como la Cámara de Cuentas de la Comunidad en la que su presidente tiene una retribución de 100.556 euros.

Por otra parte, en la Comunitat Valenciana nos encontramos con varias como la Sindicatura de Cuentas en la que su consejo tiene un sueldo de entre 96.000 y 104.000 euros. En la Agencia Valenciana Antifraude su director Joan Antoni Llinares cobró en 2023 un salario de 69.091 euros. La Agencia Valenciana de la Innovación también está entre ellas con ingresos para la secretaria general de 60.000 euros. El salario medio de los responsables de estos entes públicos analizados es de 78.000 euros al año.

¿Hay amiguismos en el sector público?

La principal idea de ‘El Dedómetro’ se desprende de querer verificar si los nombramientos en la Administración pública se basan “en los principios constitucionales de mérito y capacidad o si, por el contrario, responde a criterios políticos o/y de amiguismo”, como ha explicado la secretaria general de Hay Derecho, Elisa de la Nuez. De esta forma, podemos saber que la mitad de los máximos dirigentes no están suficientemente cualificados profesionalmente para asumir sus cargos. A esto se le añade que los puestos sufren una alta rotación debido a que no sobreviven a los cambios políticos que se producen en el Gobierno, basándose en una buena gestión profesional. Es imposible ejecutar o plantear medidas estratégicas a medio o largo plazo si esto ocurre.

La opacidad con la que trabajan los datos las entidades públicas ha obligado, por ejemplo, al equipo que ha realizado el mencionado informe a consultar en otras alternativas, como la red social profesional LinkedIn, para conocer la trayectoria o el currículum de los mandatarios públicos. Datos que deberían ser accesibles en las páginas web de estas entidades, si cumplieran con los objetivos de transparencia. Más llamativo es que de los 101 currículos analizados por El Dedómetro, 60 reciben una nota inferior a cinco sobre diez. Así como casos en los que los directivos van saltando de entidad en entidad.

‘Hay Derecho’, quien firmó un convenio de colaboración con la Agencia Valenciana Antifraude para combatir la corrupción, también se ha encontrado con el problema de que no hay un criterio unificado estatal y autonómico para los inventarios existentes. Incluso algunos de ellos se presentan desactualizados.

La necesidad de mecanismos

Los datos extraídos del estudio dejan en el aire la necesidad de incluir herramientas para que las entidades sean conscientes de cumplir con la obligación de transparencia y de alguna forma, penalizar a quién no las cumple. Actualmente, estas consecuencias son escasas y no tienen un excesivo coste reputacional. Además, hay que recordar que si no fuera por informes como el de El Dedómetro no seríamos conocedores de que no se ejecutan estas buenas prácticas en los entes públicos.

De la Nuez ha señalado que la investigación de Hay Derecho también propone una medida diferente que sería responsabilizar al máximo directivo de la entidad de ese incumplimiento y que esta se incluya en su plan estratégico. Así, para comprobar el perfil de los máximos responsables de los entes públicos se evalúa: formación, experiencia laboral total, experiencia en la materia y en la gestión, permanencia en el puesto e independencia. Se ahí se obtiene una fórmula y un resultado medible. 

La ponderación política reduce la nota obtenida en un 25% si la persona ha tenido previamente cargos políticos según refleja el indicador de “Independencia política”. Cuando no ha sido posible encontrar ningún tipo de información sobre el máximo responsable de un ente pero sí hemos obtenido las fechas de nombramiento y cese, se ha penalizado esta circunstancia atribuyendo la peor valoración posible en la puntuación global. En caso de no haber obtenido las fechas de nombramiento y cese, hemos prescindido de analizar el CV del responsable en cuestión.

En este enlace puedes descargar el informe.