Como cada año, Transparencia Internacional (TI) vuelve a darnos una bofetada en materia de lucha contra la corrupción. Llevamos varios años sin remontar el vuelo, perdiendo posiciones. TI habla de "estancamiento a nivel nacional y desmantelamiento institucional a nivel autonómico opacan los esfuerzos anticorrupción. Sin reformas estructurales integrales y efectivas el país seguirá enfrentando descensos sustanciales".

La puntuación de España en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024 de Transparencia Internacional ha disminuido a 56/100, lo que supone una caída de cuatro puntos en comparación con el año anterior (IPC 2023). Con esta nueva calificación, España ocupa el puesto 46 de 180 en el ranking global del IPC, compartiendo posición con Chipre, República Checa y Granada. Según el comunicado publicado este martes, nuestro país se encuentra un puesto por encima de Fiji (55/100), dos puestos por encima de Omán (55/100) y dos puestos por debajo de Portugal (57/100), a pesar de su descenso de 4 puntos este año. En comparación con el IPC 2023, España ha retrocedido diez posiciones. En cuanto a los países de la Unión Europea, España pasa del puesto 14/27 al 16/27, siendo superada por Letonia (59/100) y Eslovenia (60/100), y compartiendo puntuación con Chipre y República Checa.

En términos de los indicadores utilizados, la disminución de España se debe principalmente a su caída en los parámetros evaluados por IMD World Competitiveness Yearbook, PRS International Country Risk Guide y Varieties of Democracy Project.

Aunque no se han registrado retrocesos significativos en la legislación anticorrupción, tampoco ha habido avances notables. La disminución de cuatro puntos en el IPC de España se explica por una combinación de factores que reflejan tanto un estancamiento a nivel nacional como un desmantelamiento de algunas administraciones en Comunidades Autónomas.

Siete datos destacados del Informe de Transparencia Internacional 

• España cae 10 puestos: España baja al puesto 46 de 180 en el ranking global, perdiendo cuatro puntos respecto al año pasado.
• Retraso en la transposición de Directivas europeas: Hay 87 directivas pendientes, 30 de ellas fuera de plazo, lo que afecta la normativa anticorrupción.
• Ausencia de una estrategia nacional: La Ley de Protección de los Informantes sigue sin desarrollo, y no se ha creado un canal externo de denuncias.
• Debilitamiento de agencias antifraude: Algunas han sido eliminadas, como en Baleares, y otras han visto reducida su capacidad de actuación, como la Agencia Valenciana Antifrau de la Comunitat Valenciana.
• El sistema judicial, en crisis: España es el cuarto país con menos jueces por habitante en la UE, lo que retrasa macrocausas de corrupción.
• Falta de transparencia en partidos políticos: El índice de Cumplimiento de Información Obligatoria no supera el 55%.
• Impacto en la lucha climática: La corrupción pone en peligro la financiación de políticas medioambientales clave.

España ha sufrido un nuevo revés en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, cayendo 10 puestos hasta el 46º a nivel global. Estas son las principales razones:

• Parálisis legislativa y falta de reformas estructurales. Sin avances en la regulación del lobby ni en la estrategia anticorrupción, las políticas se han estancado.
• Transparencia institucional deficiente. La reforma de la Ley de Transparencia sigue sin concretarse y el Consejo de Transparencia carece de recursos.
• Desmantelamiento de organismos clave. Varias agencias antifraude han desaparecido o han sido debilitadas, dejando un mapa desigual en la lucha contra la corrupción.
• Justicia sin medios suficientes. La falta de jueces y los retrasos en macrocausas afectan la credibilidad del sistema judicial.
• Falta de compromiso político. Sin voluntad real para adoptar cambios profundos, la tendencia a la baja parece difícil de revertir.

180 países

El IPC clasifica 180 países y territorios según las percepciones sobre el nivel de corrupción en el sector público, en una escala de cero a 100, en la cual cero equivale a mucha corrupción y 100, a muy baja corrupción. 

● Casi 6.800 millones de personas viven en países con una puntuación del IPC inferior a 50. Esto equivale al 85 % de la población mundial de 8000 millones. 

● Por séptimo año consecutivo, Dinamarca obtuvo la puntuación más elevada en el índice (90) e inmediatamente le siguen Finlandia (88) y Singapur (84). 

● Los países con las puntuaciones más bajas atraviesan, en su mayoría, situaciones de fragilidad y conflicto, como Sudán del Sur (8), Somalia (9), Venezuela (10), Siria (12), Libia (13), Eritrea (13), Yemen (13) y Guinea Ecuatorial (13). 

● Más de una cuarta parte de los países comprendidos en la muestra (47) obtuvieron hasta el momento su puntuación más baja en el índice, entre ellos, Austria (67), Bangladés (23), Brasil (34), Cuba (41), Francia (67), Alemania (75), Haití (16), Hungría (41), Irán (23), México (26), Rusia (22), Sudán del Sur (8), Suiza (81), los Estados Unidos (65) y Venezuela (10). En los últimos cinco años, siete países han mejorado significativamente su puntuación en el índice. 

● Estos países son Costa de Marfil (45), la República Dominicana (36), Kosovo (44), Kuwait (46), Maldivas (38), Moldavia (43) y Zambia (39). Por el contrario, en el mismo periodo, 13 países han registrado un descenso importante en su puntuación. 

● Los países que más descendieron son Austria (67), Bielorrusia (33), Bélgica (69), El Salvador (30), Francia (67), Kirguistán (25), el Líbano (22), Myanmar (16), Nicaragua (14), Rusia (22), Sri Lanka (32), el Reino Unido (71) y Venezuela (10).

Desde su creación en 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción se ha convertido en el principal indicador mundial de corrupción en el sector público. El índice asigna una puntuación a 180 países y territorios de todo el mundo en función de las percepciones de corrupción en el sector público, utilizando datos de 13 fuentes externas, incluidos el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas de consultoría y evaluación de riesgo, grupos de expertos y otros. Las puntuaciones reflejan las perspectivas de expertos y empresarios.

El proceso para calcular el IPC se revisa periódicamente para asegurar la mayor solidez y coherencia posible. La revisión más reciente fue llevada a cabo por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea en 2017.