En el proyecto de Presupuestos de 2017 de la Generalitat de Cataluña, se previó una partida de 5,8 millones de euros para la celebración del referéndum de independencia del 1 de octubre. De esa cantidad, cinco millones eran para “procesos electorales y consultas populares”. El resto, 800.000 euros se destinarían a “procesos de participación ciudadana”. Con ese dinero se pueden repartir más de 1.900 becas universitarias de 3.000 euros. Hace ahora algo más de un año, en noviembre de 2016 El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, afirmó “Todo el mundo sabe lo que queremos hacer”.

La partida de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia fue de 34,2 millones en 2015. El proyecto de presupuestos de 2017 contemplaba un incremento 64 millones.

El equipo de Carles Puigdemont también tenían claro que había que dotar de más recursos a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC). En 2015 fueron 244 millones. Para 2017 el gasto se duplicaba hasta los 903 millones. Es evidente que estos objetivos se truncaron el 1 de octubre y es la Administración General del Estado la que, desde entonces, están analizando el nivel de ejecución de todos estos programas y políticas públicas.

Por otro lado, el entramado societario del autogobierno catalán confirma que los contribuyentes iban a pagar el mantenimiento de 203 entidades públicas de la Generalitat, según la Ley de Presupuestos de la Generalitat de 2017. Estamos hablando de entidades autónomas comerciales, de derecho público, sociedades mercantiles, consorcios o fundaciones. Hace seis años, el número era de 268. En 2012 se redujo a 254 y en 2014, a 209. Si eres vecino de Cataluña, piensa en cualquier edificio con el sello de la Generalitat. 

Un ejemplo. ¿Te has dado cuenta de la cantidad de ‘agencias’ que tiene el Govern?: Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo; Agencia Catalana del Agua; Agencia Catalana de la Juventud, Agencia Catalana de Turismo; Agencia Catalana del Consumo; Agencia Catalana del Patrimonio Cultural. La lista no es infinita pero te puedes aburrir: De residuos, de vivienda, de competitividad, de asuntos universitarios…Según el diario Expansión, la Generalitat de Cataluña tiene participación en casi 500 empresas públicas.

El coste de las 'embajadas'

El coste de las oficinas exteriores de la Generalitat de Cataluña, más conocidas como ‘embajadas catalanas’, ha supuesto un desembolso para los contribuyentes de casi 6,2 millones de euros. La cifra más aproximada la dio este lunes el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, en la comisión del Senado que estudia la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Son 6.163.000 euros por nueve oficinas.

Hace unos días, supimos que se despidió a un total de 33 empleados de estos entes ante la incapacidad para poder recolocarlos. Aunque es cierto que Oriol Junqueras sí pudo recolocar a parte de su equipo antes de que cesara como vicepresidente. Los números que maneja Bermúdez de Castro indican que la oficina exterior de la Generalitat en Estados Unidos habían supuesto 1,1 millones de euros y la de Ginebra, en Suiza, 760.000 euros. De esta manera, el Gobierno refuta la tesis del mundo independentista de que tenían un bajo coste. A esas dos cifras ha añadido el coste de Portugal (450.000 euros), Francia (895.000 euros), Alemania (500.000 euros), Italia (738.000), Austria (700.000), Dinamarca (520.000 euros) y Polonia (500.000 euros).

El secretario de Estado ha asegurado que en aplicación del artículo 155 de la Constitución no se ha cerrado ninguna delegación turística, comercial o cultural de Cataluña, sino las cuatro circunscritas a la actividad política. Las primeras que fueron clausuradas por el Gobierno fueron las de Viena, Ginebra, Roma y Lisboa.

"Se circunscribían al ámbito diplomático, a hablar mal de España", ha dicho Bermúdez de Castro, que ha insistido en que el Gobierno respeta el trabajo cultural o comercial que realizan las comunidades autónomas. También ha explicado, según una nota de Europa Press, que se ha intentado que la Generalitat recoloque a 33 trabajadores de estas delegaciones despedidos y que así se le ha reclamado al número dos de la Consejería de Relaciones Exteriores de la Generalitat, Aleix Villatoro, al frente del departamento tras la destitución del titular, Raül Romeva.

Según Bermúdez de Castro, "era un drama echarlos en Navidades" y de ahí la reclamación a Villatoro de que encontrara otro destino para estas personas. Pero según el secretario de Estado, este responsable no ha hecho nada, "no ha buscado nada" porque es algo "que no hacía ruido". "Esto hay que decirlo", ha subrayado. También ha explicado Bermúdez de Castro que el Gobierno trabaja por agilizar las subvenciones que concede la Generalitat, algunas de las cuales ha dicho que llevaban meses de retraso.

Ha señalado que se respeta la lista de entidades con la que trabajaba la administración catalana, pero que en el caso de los medios de comunicación sí se ha hecho una excepción, las subvenciones concedidas a páginas web

Bermúdez de Castro ha asegurado que no se trata de los periódicos escritos, ni de las radios o televisiones sino de nuevas webs. "Lo estamos revisando. No había mejor negocio en Cataluña que montar una web, apoyar el 'procés' y llevarte una subvención", ha dicho. Ha asegurado que no se van a suprimir estas ayudas y que se repartirá el dinero, pero de forma "objetiva.

Sueldos Públicos no recibe subvenciones públicas ni publicidad institucional. El día que lo haga informaremos de ello.

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