Los sueldos de los diputados manchegos cuestan a las arcas públicas algo más de 1,5 millones de euros. Desde 2013, ese gasto no existirá. El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha aprobó este viernes, con  los votos en contra del PSOE, la propuesta del PP de reformar el Estatuto de Autonomía para reducir a la mitad el número de diputados y eliminar las retribuciones fijas regulares que reciben. La presidenta regional, María Dolores de Cospedal, ha sacado adelante una iniciativa que, en un principio, la oposición tildó de cortina de humo y de demagógica.

Eso sí, quedarse sin salario no significa dejar de cobrar. Los tres años de legislatura que quedan permitirán ahorrar más de 4,5 millones de euros a las arcas autonómicas, pero a esa cantidad habrá que restar la retribución fijada por la asistencia a las comisiones y a los plenos.

Durante el debate de esta propuesta, en la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Región, el parlamentario del PP Carlos Velázquez ha calificado de "ejemplar" ambas iniciativas teniendo en cuenta, ha dicho, que los políticos tienen que ser "ejemplo de esfuerzo y sacrificio" y tener una "verdadera vocación de servicio público".

"No queremos que el único merito -de los diputados- sea estar apoltronado en un escaño", ha manifestado ante el plenario Velázquez, donde ha espetado que en el PP no quieren "vividores de la política". Algo a lo que ha respondido desde el PSOE el diputado José Molina, quien se ha preguntado si acaso el PP piensa que Cospedal es una "vividora" de la política.

Molina ha recordado cómo hace meses, cuando el PP acometió la reforma de la Ley Electoral para elevar el número de diputados, el Gobierno decía que "más diputados era más democracia". "Aquí no sobran diputados, sobran los que despiden a miles de empleados públicos como Cospedal" y "los prepotentes y arrogantes" que presentan "ejercicios como este de cercenar la democracia", ha agregado.

El parlamentario del PSOE ha incidido en que ni dejando el Parlamento en 20 diputados los 'populares' van a ganar las elecciones "si siguen cercenando los servicios sociales" y les ha sugerido, irónico, que acometan también una reforma de la Constitución "para que se vote cada 24 años en vez de cada cuatro".

Varios líderes populares de otras autonomías han echado balones fuera y han eludido responder a si aprobarían una medida similar en sus respectivos parlamentos. Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dejado vía libre a las Comunidades para que recorten por donde quieran ya que lo importante es cumplir con el objetivo del déficit público.