Parece que Mariano Rajoy nos ha escuchado. Si el domingo escribíamos un artículo recordando al presidente del Gobierno que no olvidara de la Ley de Transparencia, pocas horas después el texto inicia su andadura legislativa. La Mesa del Congreso de los Diputados ha admitido a trámite este martes el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y ha abierto el plazo de presentación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios.

Esta norma, que se debatirá en la Comisión Constitucional, es uno de los proyectos estrella del Gobierno ya que incluye duras sanciones contra los malos gestores que despilfarren dinero público.

De hecho, este proyecto de ley va acompañado de una reforma penal que incluye que los gestores públicos que falseen las cuentas, oculten datos o los divulguen siendo falsos, generando con ello un perjuicio económico para la Administración, puedan ser condenados a penas de cárcel de entre uno y cuatro años, además de ser inhabilitados entre tres y diez años.

Con todo, ni los coletivos sociales, ni el resto de partidos políticos confían demasiado en un texto que adolece de multitud de carencias. La primera, que sigue sin reconocerse el derecho a la información con un derecho básico de la persona.