Desde lo público, a lo privado, ya sean personas físicas o jurídicas.
Desde el año 2009 los movimientos
de open government (gobierno abierto) han irrumpido en las agendas políticas de
Europa y Estados Unidos, y con ellos las políticas de fomento de la reutilización
de la información en manos de las administraciones públicas. Las políticas de open
government constituyen estrategias de hondo calado, que se simplifican en
tres pilares fundamentales en la actuación de nuestros poderes públicos: la transparencia
en la gestión pública, el fomento de la participación y la colaboración
de la ciudadanía en el diseño y ejecución de las políticas públicas. En este
contexto, la apertura de datos, más conocida en entornos profesionales como open
data, trabaja para que las administraciones públicas pongan a
disposición de la sociedad la información pública que tienen en su poder, con
el objetivo de que cualquier persona, empresa u organización pueda a partir de
la misma crear nuevas informaciones y servicios, constituyéndose, al fin y al
cabo, en una piedra angular sobre la que se sustenta el open government.
Como
definición, la reutilización de la información del sector público
consiste en el uso por parte de personas físicas o jurídicas de
información generada por organismos del sector público, con fines comerciales o
no. El concepto de reutilización surge cuando la Comisión Europea elabora
en 1998 el Libro Verde sobre la Información del Sector
Público en la Sociedad de la Información. Este documento, consensuado tras un amplio proceso de consultas,
llamaba la atención sobre la necesidad de mejorar las sinergias entre el sector
público y el privado en el mercado de
la información. Apenas cinco años más tarde, sus iniciativas inspiraron la Directiva 2003/98/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre reutilización de la información del
sector público donde ser recogía la importancia de este tipo de políticas
públicas.
Al fin y al cabo, la reutilización de la
información del sector público facilita la creación de productos y soluciones de gran valor añadido, adaptados a las
necesidades específicas y cotidianas de empresas,
administraciones y ciudadanos. Tales servicios constituyen, a su
vez, el caldo de cultivo de negocios innovadores, altamente beneficiosos en
términos tanto económicos como de empleo.
En España, la Ley 37/2007 de
16 de noviembre de Reutilización de la información del sector público
traspuso a nuestro ordenamiento la Directiva 2003/98/CE de 17
de noviembre. La aprobación de esta ley supuso un importante instrumento
para el avance en la reutilización, al establecer un marco regulatorio
general para esta actividad aplicable a todas las administraciones públicas
españolas, independientemente del ámbito territorial de las mismas.
La Ley aspira
a “armonizar la explotación comercial de la información del
sector público y la publicación de
todos los documentos de libre disposición que obran en su poder, al
considerar que son un instrumento esencial para el desarrollo del
derecho al conocimiento, que
constituye un principio básico de la democracia”. No obstante, la Ley
detalla una
serie de supuestos en los que la reutilización no se permite. Ello tiene su doble
rasero, ya que al igual que juega a favor de la privacidad de muchos datos
personales o confidenciales, es a la vez la excusa perfecta para que en
determinadas ocasiones nuestros gobernantes aleguen la no publicación de
determinados datos en base a este generoso precepto legal.
Proyecto Aporta
En 2009 nació el Proyecto Aporta,
promovido por los Ministerios de Política Territorial y Administración Pública
y de Industria, Turismo y Comercio. El Proyecto Aporta ha sido un dinamizador
importante en el impulso que la reutilización está experimentando en los
últimos años en nuestro país, según ha señalado entre otros la OCDE.
Constituye un magnífico
ejemplo de buenas prácticas tomado como referencia por otros estados
vecinos de la UE, que han estudiado el ejemplo español de cara a definir
sus propias políticas en la materia.
Desgraciadamente, sólo diez comunidades autónomas han aplicado políticas
públicas de open data: País Vasco, Cataluña, Galicia, Castilla –La
Mancha, Extremadura, Andalucía, Navarra, Castilla y León, Islas Baleares y
Asturias. Por otro lado, a nivel local percibimos que existe una falta de
interés generalizado, ya que de los 8.116 municipios españoles tan sólo seis
han decidido implementar políticas que aboguen por la apertura de datos
“stricto sensu” (Barcelona, Badalona, Zaragoza, Lleida, Gijón y Córdoba).
Para
todos aquellos que quieran conocer más a fondo este interesante mundo del open
data, desde sueldospublicos.com os invitamos a asistir el próximo 26 de
junio al Nuevo Encuentro anual de iniciativas Open Data en España organizado
por el Gobierno de España y que se desarrollará en Madrid con
el objetivo de analizar los últimos
avances en materia de apertura y reutilización de datos públicos que se han
producido en los últimos meses dentro y fuera de nuestras fronteras. El evento
está abierto tanto a profesionales como a la ciudadanía en general.
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