La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) ha lanzado una seria advertencia al Ministerio de Asuntos Exteriores: si no se adoptan medidas urgentes, muchas oficinas consulares podrían colapsar en los próximos años. Así lo expresa en su informe “Propuesta sobre financiación de la red consular”, que denuncia décadas de abandono presupuestario, instalaciones inseguras y un personal insuficiente para atender a más de tres millones de españoles en el extranjero.

La red consular, clave para la atención a españoles en el exterior y para la proyección internacional de España, sufre un deterioro “persistente y sistemático” desde hace más de dos décadas. El informe recoge que las plantillas apenas han variado desde el año 2000, a pesar de que el número de residentes españoles inscritos en consulados se ha triplicado (de 900.000 a más de tres millones). Hace tres años nos hicimos eco de las demandas de algunos trabajadores de consulados: un chófer, administrativos... personal laboral que lleva años sin que su sueldo público se actualice en destinos con una carestía de la vida evidente.

Vista parcial del consulado español en Múnich (Alemania).

Algunos consulados presentan tasas de temporalidad superiores al 50%, cuando el objetivo de la Administración General del Estado es del 8%. En 2023, un tercio de las plazas del Ministerio (467 de 1.373) estaban vacantes. En países como Reino Unido, EEUU o Alemania, los salarios del personal local están muy por debajo del mercado, lo que dificulta contratar y retener talento.

Uno de los problemas estructurales más graves que denuncia la ADE es el déficit retributivo que afecta tanto al personal funcionario como al contratado local (PLEX) en el exterior. La combinación de salarios bajos y condiciones precarias ha generado una enorme dificultad para cubrir plazas esenciales. En 2023, la Subdirección General de Asuntos Patrimoniales —clave en la gestión inmobiliaria de Exteriores— solo tenía ocupadas 19 de sus 47 plazas, lo que impide incluso planificar y ejecutar reformas urgentes. 

En muchos países con alto nivel de vida —como Reino Unido, Alemania, Francia, Estados Unidos, Australia o los países nórdicos—, los sueldos del personal contratado están muy por debajo del mercado local, lo que provoca una fuga constante de empleados cualificados, que no pueden permitirse trabajar para la administración española. Esto repercute directamente en la eficiencia del servicio consular y en la calidad de la atención a los ciudadanos. La ADE reclama una subida salarial inmediata para poder competir con el sector privado y con otras administraciones extranjeras asentadas en los mismos destinos.

En lo que se refiere a los recursos humanos, las plantillas fijas de las oficinas consulares se mantienen prácticamente inalteradas desde hace más de veinte años, a pesar de que en ese periodo se ha más que triplicado el número de españoles residentes en el extranjero inscritos en nuestras oficinas consulares, que ha pasado de algo más de novecientos mil a inicios del siglo XXI a los más de tres millones de la actualidad. Desde hace años, la falta de nuevas plazas fijas se intenta paliar recurriendo sistemáticamente a contrataciones temporales. En nuestros mayores consulados la tasa de temporalidad llega a superar en algunos casos el 50%, frente al objetivo del 8% para la Administración General del Estado (AGE) en su conjunto.

La situación de los inmuebles es alarmante. El caso más simbólico: el Consulado General de España en Mendoza (Argentina) fue cerrado por orden del Ministerio de Trabajo por el riesgo de colapso de sus muros. Pero no es un caso aislado. Un estudio interno de 2019 ya alertaba que 28 oficinas estaban al límite de su capacidad, 76 presentaban deficiencias estructurales y varias carecían de sistemas contra incendios.

Trámites que duran décadas

La precariedad afecta directamente a los ciudadanos. El Consulado en La Habana tardó más de diez años en tramitar 192.000 solicitudes de nacionalidad derivadas de la Ley de Memoria Histórica. Con la nueva Ley de Memoria Democrática, solo el Consulado en Buenos Aires recibirá unas 600.000 nuevas solicitudes, cuya tramitación podría prolongarse durante décadas si no se refuerzan los recursos.

La digitalización, aunque prometedora, no resolverá por sí sola el problema, según la ADE. Requiere formación, puede aumentar la demanda y no solventa la falta de seguridad o espacio físico en los edificios.

Propuesta: reinvertir los ingresos consulares y subir tasas

La ADE plantea una vía “lógica y menos gravosa para las arcas públicas”: afectar un porcentaje de los ingresos generados por la red consular (120 millones de euros en 2019) a su propio mantenimiento. Modelos similares existen en Italia, Reino Unido o EEUU, donde parte de las tasas consulares se destinan directamente a financiar los servicios que las generan. Otra opción sería un incremento de tasas. En comparación internacional, las tarifas españolas son bajas:

• Pasaportes: 30 euros en España frente a 96 euros en Francia, 116 euros en Italia o 185 dólares en EEUU.
• Salvoconductos: gratuitos en España, pero cuestan 100 libras en Reino Unido.
• Legalizaciones: 10 euros por firma en España, frente a 25 euros en Francia.
• Instrumentos notariales: 30 euros en España, hasta 220 euros en Portugal.

Solo con aumentar el precio del pasaporte de 30 a 75 euros (como en Portugal), se generarían más de 17 millones de euros extra al año. Con una tasa por los salvoconductos similar a la portuguesa, se sumarían otros 285.900 euros. Y por cada 100.000 nuevos visados turísticos, el Estado ingresaría nueve millones de euros adicionales.

La ADE propone también crear nuevas oficinas consulares donde la demanda lo justifique, y revisar la estructura y despliegue diplomático mediante un informe previsto por la Ley de Acción Exterior. En definitiva, reclama una decisión política inmediata para evitar el colapso y garantizar el servicio a una ciudadanía cada vez más numerosa fuera de España. “El deterioro de nuestra red consular y de los servicios que ofrece no es aceptable”, concluye el informe. De no actuar, el país se arriesga a comprometer no solo su imagen exterior, sino los derechos básicos de millones de españoles. Puedes consultar el informe en este enlace.