Una indemnización de 320.000 euros y un informe de 18 páginas
Antoni Sala Pericas cesó como gerente de la empresa Aigües Ter Llobregat (ATLL) -empresa encargada del transporte de agua hasta el área metropolitana de Barcelona- en agosto de 2004 y percibió por ello una indemnización de 320.000 euros. Resulta que el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya contrató a principios de ese año a dos altos cargos del anterior equipo de CiU que había despedido de manera improcedente con una indemnización conjunta de 539.911 euros.
Los protagonistas de esta historia son el mencionado Sala y Jaume Erruz, gerente de la Agencia Catalana del Agua (ACA), organismo del que depende ATLL. La destitución de este último fue en 2002, con una compensación de 219.911 euros. Ninguno de ellos, según informó El País en agosto de 2004, había restituido parte del dinero percibido aunque la legislación no les obligaba a ello. Los dos perdieron su antigüedad en la Administración a efectos de indemnizaciones futuras y el Gobierno tripartito de entonces tildó el despido como un “atentado moral”.
Sala fue contratado de nuevo en abril en el puesto de gerente de ATLL. La empresa pública firmó el acta de conciliación de su despido un año antes y admitió la improcedencia de su destitución y le indemnizó con 320.000 euros. Era el equivalente a 42 mensualidades.
Con este contexto, esta semana ha vuelto a la palestra el propio Antoni Sala. El ingeniero de caminos ha firmado un informe favorable a la actual ATLL, que gestiona la empresa madrileña Acciona y que perjudica al otro concursante de la sociedad privatizada, en este caso Aguas de Barcelona (AGBAR). En el documento, de 18 páginas, Sala argumenta que la planta potabilizadora de Sant Joan d´Espí tiene que cambiar de manos. Actualmente es AGBAR la que lo gestiona, pero parece ser que es Acciona la que encarga la redacción del texto. Por el camino, Sala asesora gratuitamente a la Plataforma Aigüa és Vida (agua es vida).