¿Sabías que un alto cargo político, de libre designación, no puede ejercer una segunda actividad? La Administración General del Estado lo regula por ley, así como también lo hacen la mayoría de las comunidades autónomas, a pesar de que, al inicio de la actual legislatura, por ejemplo, la Junta de Extremadura haya intentado reducir la transparencia en este sentido con la eliminación de la comparecencia de los altos cargos en la Asamblea con carácter previo a su nombramiento. La Generalitat Valenciana también valora más flexibilidad en estos casos. Al contrario, Castilla-La Mancha ha endurecido esta normativa, incluso sobre las ‘puertas giratorias’.

No ocurre lo mismo con cargos electos, como concejales, diputados o senadores, que sí pueden solicitar permiso para poder ejercer su profesión y compatibilizar a tiempo parcial la responsabilidad con el contribuyente. Así el político de turno evitar cerrar su despacho de abogados, sigue dando clases, conferencias o escribe libros.

Jaume Porsell.

De todas formas, parece que esto no impide que aún nos encontremos con situaciones confusas. El último caso es el de Jaume Porsell, director general de Coordinación y Transparencia en el Govern balear y que está acusado de explotar un alojamiento turístico sin licencia. Además de esta presunta ilegalidad, no es compatible que sea administrador de esta empresa con su cargo público.

Por el momento, mientras todo se sigue investigando, continúa en su puesto adherido a la Consejería de Economía, Hacienda e Innovación y con una retribución bruta anual de 67.043 euros. Cabe recordar que no es un cargo electo, sino que llegan al puesto por libre designación. La presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha anunciado que cesará “si ha facturado un solo euro” del polémico agroturismo. Precisamente, ella estuvo en la inauguración del complejo.

Si nos remitimos a otros casos de este tipo más recientes, probablemente la toma de medidas ‘caiga en saco roto’. En el pasado mes de marzo, el PSOE de Extremadura exigió la destitución de José María Sánchez-Cordero como director general de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia por incompatibilidad. Según la formación socialista, figuraba en el Registro Mercantil como administrador de la empresa Solares, Ingeniería y Gestión del Suelo S.A. De hecho, según ha comprobado este digital, en su perfil de LinkedIn mantiene que trabaja en la actualidad como abogado en esta entidad. El Ejecutivo autonómico, de PP y Vox, le blindó, lo que le permite seguir en su puesto y percibir un sueldo de 70.103 euros anuales, fijado para “altos cargos y asimilados”, según el Portal de Transparencia regional.

Una ‘casi’ sanción

Para José Manuel Martínez Malia, director general de Pesca y Acuicultura de la Junta de Andalucía, la situación fue algo diferente. En su caso, la oficina Antifraude autonómica confirmó los supuestos de incompatibilidad entre el cargo que ejerce y unas ayudas de la Unión Europea recibidas por empresas de las que él era apoderado. Por el puesto en el que estaba, debía haberse abstenido en la concesión de estas subvenciones, según el ente.

A pesar de reconocer su incumplimiento y haber sido de calificado de “grave” lo ocurrido por el órgano, la sanción solo consistió en la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de unas irregularidades sin “perjuicio económico” y por lo que no se apreciaba el cese. De esta forma, Martínez Malia continúa en su cargo, al que le corresponde una remuneración de 60.394 euros al año. El PSOE-A ha recurrido esta decisión recientemente.

Puertas giratorias, también incompatibles

En relación con la Junta de Andalucía, su presidente, Juanma Moreno, ha anunciado que reformará la ley de incompatibilidades de la comunidad autónoma. Todo se debe al problema que ha surgido por el fichaje del exviceconsejero de Salud, Miguel Ángel Guzmán, por una aseguradora privada y que finalmente no se ha permitido. Según ha explicado el máximo mandatario, se podrían reducir los tiempos de la incompatibilidad o igualar la ley autonómica a la estatal, que establece dos años, pero con cesantías.

Otra cosa distinta son las llamadas  ‘puertas giratorias’: cuando un cargo público abandona su puesto e inmediatamente ficha por una empresa privada, con la posibilidad de obtener beneficio de su tarea en el sector público. Actualmente, los ministros que cesan deben 'esperar' dos años para incorporarse a la empresa privada si está relacionado con su puesto público. Hace poco, el exministro Alberto Garzón tuvo que renunciar a su incorporación a la consultora de asuntos públicos Acento por el revuelo que se creó en el panorama político.