El 11 de marzo siempre será una fecha marcada en el calendario y el recuerdo para todos los españoles. Y así son ya 20 años del atentado terrorista, el peor ocurrido en toda Europa, y que tuvo lugar en la ciudad de Madrid. En hechos así, no puede faltar la respuesta del Estado que, en mayor parte, se resuelve en la prestación de ayudas, indemnizaciones, cobertura de gastos e incluso apoyo psicológico para los afectados, como ya hemos comentado anteriormente en este digital. Con todo lo que conlleva, para mayor atención, existe en el Gobierno una Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, dependiente del Ministerio del Interior. Esta fue creada en el año 2006 con la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero.

La actual titular del departamento es Montserrat Torija desde finales de enero de 2020, y ocupa el cargo a pesar del cambio de legislatura hace unos meses. Como bien dice la denominación del mismo, su rango es de directora general, el cuarto escalón de los altos cargos del Ejecutivo. Su última retribución ha sido de 104.628 euros brutos con nueve trienios por su condición de funcionaria en 2023.

Acebes, durante su famosa rueda de prensa del 11M de 2004.

Una cifra superior a lo que dicen los Presupuestos Generales del Estado para este tipo de cargos. Un sueldo base de 15.237 euros, un complemento de destino de 16.047 euros y un complemento específico de 27.763 euros. En total, serían 59.047. También hay que añadir las dos pagas extraordinarias, en junio y diciembre, de 2.209 euros cada una. Así, 63.465 euros. Sin embargo, lo que más aumenta el sueldo es el complemento de productividad que les designa el propio ministro, así como los trienios de antigüedad como funcionario.

Para ella, son más de cuatro años cobrando un sueldo público del Ministerio. En 2022, percibió un sueldo de 101.454 euros y en 2021, 97.724 euros, con nueve trienios ambos. Y en 2020, desde el 29 de enero, hasta final de año, cobró 88.659 euros con nueve trienios. En este tiempo en el cargo, ha llegado a ingresar 392.465 euros.

Montserrat Torija Noguerales es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. Es funcionaria de carrera. Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Con anterioridad a su nombramiento trabajó en los Ministerios de Trabajo y Economía Social, Presidencia del Gobierno y en el Ministerio de Hacienda.

Desde 2006

Los hechos del 11M en Madrid se produjeron cuando José María Aznar era presidente del Gobierno de España. En 2004 tenía un sueldo público asignado de 84.960 euros. Eran 7.080 euros al mes. Por su parte, Ángel Acebes, entonces ministro del Interior, percibía 74.959 euros, según el BOE. Son 12 pagas anuales de 6.246 euros, unos 208 euros diarios. La historia ya la conoces: ninguno de los dos terminó el año en el cargo. El PP perdió las elecciones generales y a mitad de abril Zapatero llegó a La Moncloa.

Cabe recordar que hasta nueve años después no entraría en vigor la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno a nivel estatal ni tampoco existían los Portales de Transparencia. Además, Aznar y Acebes eran diputados en el Congreso y tenían derecho a percibir la indemnización exenta de tributación para gastos de manutención y alojamiento.

Actualmente, el ministro del Interior es Fernando Grande-Marlaska, quien ha percibido 93.268 euros, incluidos 11 trienios, en el año 2023. Otros cargos como el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, cobró 132.348 euros.

2006 fue el año en el que se decidió crear esta dirección general, dos años después del 11-M. Desgraciadamente, España volvería a sufrir las garras del terrorismo internacional en agosto de 2017 en Barcelona. Entre sus competencias está la asistencia a afectados, recibir solicitudes de cualquier procedimiento que se inicie o colaboración con otros entes, entre otras. A su cargo, está la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo y la de Ayudas a Víctimas del Terrorismo.

El Gobierno también destina diferentes partidas en los Presupuestos Generales del Estado, por ejemplo, en los de 2023, que están prorrogados desde el pasado 1 de enero, Interior previó destinar 335.000 euros a la Fundación Víctimas del Terrorismo para el desarrollo de sus actividades y 1,7 millones a la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo. Para “familias e instituciones sin fines de lucro”, una partida de algo más de 16 millones. También otro millón previsto en concepto de subvención a “asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro cuyo objetivo sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo”. Para indemnizaciones, ayudas y subvenciones, siempre según la Ley de 2011, hubo una partida destinada de casi 13,6 millones.