Durante años ha ocurrido que el Consejo de Estado ha sido el “refugio” de diferentes altos cargos políticos, una forma de seguir ingresando sueldos públicos de, al menos, más de 90.000 euros brutos anuales. En este digital ya lo hemos contado en varias ocasiones. Esta institución es el principal órgano consultivo del Estado y sus miembros son nombrados a través de un Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado por el presidente del Gobierno.

Hace poco más de un año fue designada como presidenta del mismo, Magdalena Valerio, exministra de Trabajo del PSOE. Y esa será su duración en el cargo, puesto que el Tribunal Supremo (TS) ha estimado un recurso de la fundación Hay Derecho y ha procedido a anular su nombramiento al no cumplir el requisito de ser una “jurista de reconocido prestigio”. Solo cumple el de tener experiencia en asuntos de Estado, pero no es suficiente con uno de ellos. Sin ir más lejos, este digital se hizo eco en julio de ‘El Dedómetro’, un informe que denunciaba la falta de transparencia y el amiguismo en las administraciones públicas de la Comunidad de Madrid y en la Comunitat Valenciana.

Concretamente, ha sido un período de tiempo de un año y unos 21 días, desde el 10 de noviembre de 2022, al frente del organismo en el que Valerio ha contado con la retribución correspondiente como en cualquier trabajo público. A pesar de ser un nombramiento “nulo”, no parece probable que estos ingresos vayan a ser devueltos por su protagonista. No obstante, la anulación de su nombramiento no se ha ejecutado todavía, es decir, el BOE no ha publicado su cese. El Ejecutivo podría prevaricar si no acata la sentencia. ¿Y si su nombramiento es nulo, tiene derecho a cobrar el 80% de su sueldo durante un máximo de dos años?

Más de 97.000 euros

El sueldo de la presidencia del Consejo de Estado aparece recogido en cada edición de los Presupuestos Generales del Estado. En 2022, éste estaba fijado en 86.900 euros. Son 12 nóminas de 7.241 euros. Así, durante ese año, Valerio solo estuvo en el poder casi dos meses, por lo que la parte proporcional de este tiempo fue, aproximadamente, de casi 14.500 euros (14.482 euros).

En 2023, la retribución ya es de 90.383 euros, un 2,5% más respecto a las que estaban vigentes en el año anterior. Al mes son 7.531 euros. La sentencia del TS ha sido publicada, pero no sabemos si seguirá en el cargo hasta final de año o cesará de inmediato. En todo caso, si el abandono de su puesto fuera pronto habrá ingresado 11 meses de este año, es decir, 82.851 euros. No tiene derecho a pagas extraordinarias ni retribución por antigüedad. Si comparamos, el presidente del Gobierno cobra 90.010 euros en 12 pagas este año.

De esta forma, hasta la anulación de su nombramiento, ha acumulado 97.333 euros, según los cálculos realizados por este digital. Si cobra este año completo, serían 104.865 euros, además de los trienios de antigüedad.

Por otra parte, puede acogerse a la indemnización por cese en el cargo que establece el Consejo de Estado. En el Portal de Transparencia del organismo se recoge que el presidente saliente “tendrá derecho a percibir, a partir del mes siguiente al de su cese, y durante un plazo igual al que hubiera desempeñado el cargo, sin que puedan percibirse más de veinticuatro mensualidades, una pensión indemnizatoria mensual igual a la doceava parte del ochenta por ciento del total de retribuciones asignadas al cargo en el Presupuesto en vigor”. Es decir, tiene derecho a percibir 6.024 euros al mes. Además, este ingreso es incompatible con cualquier retribución con cargo a los Presupuestos de las Administraciones Públicas. Ya ocurrió con María Teresa Fernández de la Vega.

Funcionaria y 24 años en política

Magdalena Valerio Cordero nació en Torremocha (Cáceres) en 1959. Es licenciada en Derecho. Ha ejercido como profesora de Derecho Laboral y Seguridad Social, para después entrar en el Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social y de la Escala de Gestión de Empleo del INEM como funcionaria. Lleva 24 años cobrando sueldos públicos en política, desde que en 1999 fuera elegida concejal en el Ayuntamiento de Guadalajara, en el que estuvo durante dos períodos. En su trayectoria, ha sido consejera en el Gobierno de Castilla-La Mancha en diferentes áreas, delegada provincial, diputada regional y también en el Congreso de los Diputados en tres legislaturas.

De 2018 a 2020, fue ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el Gobierno de Pedro Sánchez. Tal y como publicamos en este digital, en 2019 contaba con un sueldo de 71.412 euros en 12 pagas, además de los trienios de antigüedad que percibía como funcionaria del Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social. Con ello, llegaba a unos 6.000 euros mensuales.

El Supremo dice que Valerio tiene una “notoria y sobresaliente trayectoria” y cuenta con una “profunda experiencia en asuntos de Estado” pero eso “no sirve para tenerla por jurista de reconocido prestigio. Su currículum vitae muestra una carrera funcionarial meritoria, pero de ella no se puede deducir la pública estima en la comunidad jurídica que implica el prestigio reconocido”. La norma requiere que la persona sea elegida “entre juristas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado”.