Castilla-La Mancha ha dado un paso definitivo en la consolidación de su arquitectura de integridad pública. Desde este miércoles, se encuentra plenamente operativo el nuevo Canal Externo de Información, una herramienta estratégica impulsada por el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno para gestionar las denuncias contra la corrupción. No confundas con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a nivel estatal, cuyo presidente es José Luis Rodríguez Álvarez y percibió un sueldo público de 132.589 euros brutos en 2025, incluidos 10 trienios de antigüedad.  Ya te adelantamos que su homólogo de castellano manchego no cobra tanto. Hace unos días te contamos que el presidente de la nueva Agencia Independiente de Integridad Pública tendrá rango de secretario de Estado y podrá cobrar más de 130.000 euros brutos anuales.

Este mecanismo está diseñado para canalizar denuncias sobre infracciones normativas y hechos relacionados con la lucha contra la corrupción, reforzando la vigilancia tanto en el sector público como en el privado de la región. El presidente del Consejo de Castilla-La Mancha, Fernando Muñoz, ha destacado la celeridad en la activación del canal, subrayando que el reglamento habilitante fue tramitado con urgencia tras su debate en las Cortes regionales el pasado mes de noviembre de 2025.

Imagen de este miércoles del Consejo.

La puesta en marcha de este canal responde a la Disposición Adicional Segunda de la Ley 4/2024 de Integridad Pública, que encomienda al Consejo las funciones que la ley estatal atribuye a la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Con esta activación, el organismo asume competencias críticas, como la tramitación de procedimientos sancionadores y la emisión de informes preceptivos sobre proyectos legislativos que afecten a su ámbito. Muñoz, quien lidera el Consejo desde 2023, ha valorado este avance, señalando que la región vuelve a cumplir con los estándares más exigentes en materia de buen gobierno.

Presidencia

El funcionamiento de este nuevo canal está respaldado por las amplias atribuciones que ostenta la presidencia del Consejo Regional. Muñoz tiene entre sus tareas principales la representación legal del órgano y la capacidad de dictar las resoluciones necesarias para el ejercicio de sus funciones. Además, la presidencia está facultada para requerir de oficio, ya sea por iniciativa propia o tras una denuncia, la subsanación de cualquier incumplimiento detectado en los sujetos obligados. Este rol incluye velar por la observancia de las obligaciones legales e instar, cuando sea necesario, la incoación de expedientes disciplinarios o sancionadores. En abril del año pasado te contamos que Navarra reforma una ley para que el presidente del Consejo de Transparencia cobre un sueldo público durante un máximo de seis años y no pertenezca a un partido político.

Más allá de la labor inspectora, el presidente ejerce una función tractora de la ética pública en la región, promoviendo directrices y normas de buenas prácticas. Muñoz también tiene la potestad de proponer a la Mesa de las Cortes la firma de convenios de colaboración con organismos análogos, tanto estatales como autonómicos, y la ejecución de acciones ante los Tribunales de Justicia. Esta estructura garantiza que el Consejo no solo sea un receptor de quejas, sino un actor proactivo en la defensa de la transparencia, custodiando incluso las declaraciones responsables de los altos cargos.

Fernando Muñoz Jiménez, un perfil con una sólida formación jurídica y una dilatada experiencia en la administración pública. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha en 1996, Muñoz cuenta con una especialización avanzada en Gobierno Abierto e Integridad Pública. Su trayectoria incluye cargos públicos electos como diputado autonómico. Concretamente asumió la Vicepresidencia Primera de la Diputación de Toledo entre 2015 y 2023. También fue asesor en la Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha. Esta experiencia se complementa con una formación continua en el ámbito de la transparencia, incluyendo un máster en la Universidad Complutense y formación específica sobre la Ley 2/2023 de protección del informante.

Su experiencia también se extiende al ámbito académico y de difusión, participando activamente en foros internacionales. Muñoz ha sido ponente en las ediciones IX y X del Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto (2024 y 2025), donde ha analizado las actuaciones de los órganos garantes en España. Bajo su mandato, el Consejo actúa con plena capacidad y autonomía, sin sujeción a instrucciones externas, asegurando que la lucha contra la corrupción en la región se gestione con el máximo rigor técnico y jurídico.

Hechos notificables

El sistema está abierto a cualquier persona física que, en el ejercicio de su actividad laboral o profesional en el sector público o privado, haya obtenido información sobre irregularidades. Esto incluye a empleados, directivos y colaboradores externos. Un aspecto fundamental de este nuevo marco es que el informante no adquiere la condición de "interesado", sino que se le reconoce el estatus de colaborador con la Administración. El canal permite notificar acciones que constituyan infracciones del Derecho de la Unión Europea, así como hechos que puedan ser constitutivos de infracción penal o administrativa grave o muy grave.

Para facilitar este proceso, se han habilitado múltiples vías de contacto coordinadas por el Consejo. Los interesados pueden utilizar un formulario electrónico en la sede del organismo, enviar su denuncia por correo postal a la Bajada del Calvario en Toledo, o utilizar el buzón de correo específico. También se permiten las comunicaciones verbales por teléfono y las reuniones presenciales bajo solicitud. En todos los casos, el Consejo garantiza medidas de protección estrictas para salvaguardar la identidad y la integridad del informante, fomentando una cultura de la información segura y transparente.

Sobre las retribuciones de los altos cargos nos tenemos que conformar con los datos de 2023. No se han publicado los de 2024 ni 2025. Muñoz percibió una remuneración anual de 79.754 euros hace tres años. Por su parte, las figuras de la adjunta 1ª y la adjunta 2ª del Consejo cuentan con unas retribuciones idénticas de 75.062 euros anuales cada una. Son Elena Carrasco y María Jesús Villaverde. El resto de cargos del Consejo aparecen en el organigrabma, pero sin referencia alguna a su salario. Se trata de la secretaria general y jefa de Servicio de Asuntos Generales; jefa de Servicio de Supervisión de Denuncias y Publicidad Activa; dos administrativas, y dentro del Gabinete del presidente, un jefe de Gabinete y una administrativa.

El Consejo Regional tiene una cuenta de X con 25 seguidores que no publica desde noviembre de 2025. @CRT_clm