El Gobierno de Navarra ha puesto en marcha la exposición pública del anteproyecto de Ley Foral que modifica la Ley Foral de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con un enfoque particular en las retribuciones de los miembros del Consejo de Transparencia. Este órgano, garante de la transparencia en la región, verá reforzada su independencia y capacidad de respuesta, según ha informado el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna. Cualquier ciudadano interesado puede aportar sus ideas y propuestas sobre los sueldos públicos de este Consejo y cualquier otro detalle de la norma.

De este modo, el Consejo de Transparencia quedaría integrado por la persona titular de la presencia y siete vocalías ocupadas por personal técnico, en representación del departamento del Ejecutivo foral competente en materia de transparencia, la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), el Consejo de Navarra, la Cámara de Comptos, el Defensor del Pueblo de Navarra, la Universidad Púbica de Navarra y el Parlamento de Navarra. 

Primera reunión del Consejo de Transparencia. Abril de 2018.

Respecto a la Presidencia del Consejo de Transparencia, se propone un mandato de seis años de duración, en lugar de los cuatro actuales, sin posibilidad de renovación ni continuar en funciones. El presidente o presidenta de este órgano no podrá pertenecer a ningún partido político en el momento de su nombramiento, según detalla el comunicado consultado por este digital. Actualmente presiden la institución Juan Luis Beltrán Aguirre.

En la Memoria de 2023 del Consejo se recoge que la Ley de Transparencia autonómica de 2018 no prevé dotar de recursos al Consejo de Transparencia ni tenía personal contratado. No obstante, se le fijó una cantidad de 15.000 euros para gastos de funcionamiento y 25.000 euros para asuntos informáticos. "El Consejo de Transparencia, seis años después de su creación, sigue funcionando sin personal propio", subraya el documento. También añade el documento que la pertenencia al Consejo "es una actividad gratuita y no retribuida. Desde su constitución, el Consejo tampoco ha aprobado indemnizaciones por asistencia a los plenos o por la redacción de ponencias".

«si se quiere que el Consejo siga realizando sus funciones con eficacia, es necesario dotarle, a tiempo parcial, de un personal especializado, cuando menos de un jurista, un informático y un administrativo, para la realización de las correspondientes tareas de tramitación, asesoramiento jurídico, asesoramiento informático, de soporte en materia de comunicación en los ámbitos especializados de evaluación de la publicidad activa y de revisión del derecho de acceso a la información pública, y en materia de publicidad del propio Consejo (por ejemplo, mantener actualizada de forma permanente la página web del Consejo).» Página 14 de la Memoria del Consejo de 2023.

Las personas integrantes del Consejo de Transparencia podrán percibir remuneraciones por la realización de ponencias para la resolución de reclamaciones. También se podrá fijar una retribución anual para la persona que presida el Consejo de Transparencia y para la que realice las funciones de secretaría. Taberna no ha dado detalles sobre el salario ni qué rango tendría el presidente: es decir, si cobraría, por ejemplo, como un consejero autonómico, que percibe 75.704 euros brutos anuales, un director general, con 67.510 euros o un gerente o presidente de una empresa pública autonómica. Según la web del Gobierno Foral, el director gerente del Instituto Navarro de Inversiones cobra 99.877 euros brutos anuales, una cantidad que supera lo que percibe el presidente del Gobierno de España. 

Además, el Consejo de Transparencia podrá obligar a las Administraciones Públicas a depurar responsabilidades internas en caso de infracciones. Se recoge también expresamente la posibilidad de que parlamentarios y parlamentarias o representantes de entes locales puedan presentar reclamaciones ante este organismo.

Más transparencia 

Entre las novedades planteadas en el anteproyecto, destaca también la extensión del ámbito de aplicación de la Ley Foral de Transparencia, que incorporará la figura de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, creada con posterioridad al texto legislativo vigente. 

Asimismo, asigna a este organismo la función de gestionar el Registro de Grupos de Interés de Navarra, entendidos éstos como los conjuntos de personas u organizaciones que pueden estar interesados en influir en las decisiones de los poderes públicos. Extiende además la aplicación de este registro a grupos vinculados a las tres instituciones recogidas en la Ley Orgánica 13/1982 de Reintegración y Amejoramiento del Fuero, que son el Gobierno de Navarra, la Presidenta de Navarra y Parlamento de Navarra. 

En lo que se refiere a publicidad activa, se introducirán medidas de mejora de la transparencia en la difusión de información pública, como la publicación de los y las empleadas públicas que cuentan con autorización de compatibilidad de su trabajo con otra actividad del sector privado.  En lo que respecta a las entidades locales, el Gobierno de Navarra aportará recursos y apoyo técnico para contribuir a que puedan cumplir sus obligaciones en materia de transparencia.  Por último, el Tribunal Administrativo de Navarra deberá publicar todas las resoluciones que resuelvan los recursos de alzada que tramite.

Navarra ha sido pionera en materia de transparencia, con hitos como la Ley Foral 11/2012 y la Ley Foral 5/2018. El anteproyecto de la nueva ley, que se estructura en un artículo único, una disposición transitoria y tres disposiciones finales, busca consolidar estos avances y seguir fortaleciendo la democracia a través de la transparencia y el acceso a la información pública.