Cobrar por tener un cargo y no tener carga de trabajo. Cobrar por no reunirse una vez al mes en una sesión de dos, tres o cuatro horas para justificar el sueldo público. Nada. La parálisis legislativa en España ha cristalizado en una situación de excepcionalidad presupuestaria que afecta directamente a los bolsillos de los contribuyentes. A día de hoy, 3 de marzo de 2026, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) continúan prorrogados ante la incapacidad de las fuerzas políticas para articular una mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados. 

Sin embargo, esta inactividad no ha impedido que los miembros de la Mesa y los portavoces de la Comisión de Presupuestos sigan percibiendo puntualmente sus complementos salariales por unas tareas que, en la práctica, no se ejercen desde finales de 2023. Se trata de 18 parlamentarios: un presidente, dos vicepresidentes, dos secretarios, nueve portavoces y cuatro portavoces adjuntos. Los vocales no perciben remuneración alguna.

La última vez que esta comisión estratégica se reunió de forma oficial fue el 4 de diciembre de 2023. Desde entonces, el órgano encargado de debatir las cuentas públicas del país ha permanecido en un estado de hibernación técnica, sin que se hayan convocado sesiones de trabajo ni ponencias para los nuevos ejercicios. A pesar de este vacío de actividad de más de 800 días, la estructura de mandos de la comisión se mantiene intacta en el organigrama de la Cámara Baja, lo que garantiza a sus integrantes el cobro de los gastos de representación asociados a sus cargos de responsabilidad. Fuentes de la Comisión de Presupuestos han confirmado a este digital que la información publicada en la página web de la Cámara Baja es correcta, solo ha habido una sesión en los últimos 27 meses. Si analizamos el Senado, la situación es similar, con una reunión más. La primera de la presente legislatua se celebró el 5 de diciembre de 2023 y la segunda, el 8 de octubre de 2024. Los diputados del Congreso seguirán cobrando 3.200 euros brutos al mes, pese a incumplir el reglamento de la Cámara, según una PNL del PSOE

Los beneficios económicos de pertenecer a la cúpula de la comisión son significativos y se suman a la asignación constitucional básica que recibe cada diputado. El presidente de la Comisión de Presupuestos, Carlos Martín, de Sumar encabeza la lista de retribuciones adicionales con un extra mensual de 1.712 euros en concepto de gastos de representación. Por su parte, los vicepresidentes y los portavoces de los distintos grupos parlamentarios perciben un complemento de 1.252 euros cada mes, independientemente de si la comisión tramita leyes o permanece con las puertas cerradas. La escala de sobresueldos también alcanza a los secretarios y a los portavoces adjuntos, quienes ingresan mensualmente 834 euros adicionales por sus funciones de coordinación. Esta estructura retributiva, diseñada para compensar la carga de trabajo extra que supone la tramitación de las cuentas del Estado, se ha convertido en una renta fija para los parlamentarios implicados. 

En caso de cobrar una paga extra completa esos complementos se duplican un junio y diciembre, es decir, el presidente cobraría 3.425 euros; los vicepresidentes y portavoces, unos 2.504 euros y los secretarios y portavoces adjuntos, alrededor de 1.670 euros.

Cada señoría, además, cobra la asignación constitucional básica de 3.667 euros al mes, 14 pagas anuales y la indemnización, exenta de tributación, de 1.032 euros para los diputados electos por Madrid, y de 2.161 euros para el resto de parlamentarios. También son 14 pagas anuales.

Para los miembros de la Comisión de Presupuestos del Senado, cuya última reunión se celebró hace casi 17 meses, los complementos salariales son parecidos a los de la Cámara Baja: la presidenta, María del Carmen Silva Rego, del PSOE, percibe un plus salarial de 1.738 euros mensuales; los dos vicepresidentes y los siete portavoces, 1.271 euros cada uno; los dos secretarios y los dos portavoces adjuntos o 'viceportavoces', 847 euros cada uno. En total, 14 senadores.

El impacto de la prórroga 

La continuidad de los PGE prorrogados supone que España opera con una arquitectura financiera diseñada para un contexto económico ya superado, lo que limita la capacidad de respuesta ante crisis como la actual escalada bélica en Irán. El hecho de que la Comisión de Presupuestos no se reúna implica que no hay control parlamentario detallado sobre las modificaciones de crédito que el Gobierno realiza para adaptar las cuentas antiguas a las necesidades presentes. Esta falta de debate legislativo contrasta con la estabilidad salarial de quienes deberían estar liderando la negociación de las nuevas partidas.

Mientras los ciudadanos enfrentan la volatilidad de los precios de la energía y el impacto de la inflación, la "comisión fantasma" del Congreso sigue siendo uno de los destinos más codiciados por los diputados debido a la cuantía de sus pluses. La falta de un mecanismo que vincule el cobro de estos complementos a la actividad real de las comisiones permite que situaciones como esta se prolonguen durante años. Sin una convocatoria a la vista para debatir los presupuestos de 2026, los miembros de la Mesa y las portavocías de presupuestos encaran un tercer año de inactividad parlamentaria manteniendo intactos sus privilegios económicos. Sin ir más lejos, en diciembre Carlos Mazón fue nombrado portavoz del PP en la Comisión de Reglamento de las Cortes Valencianas. Se trata de un órgano colegiado que casi no celebra reuniones anuales, es decir, no hay carga de trabajo alguna. Cobra un complemento salarial de unos 634 euros al mes. Son 8.879 euros anuales.

Los 18

Carlos Martín Urriza (Sumar) ejerce como presidente desde el 4 de diciembre de 2023. Junto a él, la dirección la completan la vicepresidenta primera Caridad Rives (PSOE) y el vicepresidente segundo Juan Bravo (PP), acompañados por los secretarios Patricia Blanquer (PSOE) y Miguel Ángel Paniagua (PP), todos ellos perceptores de los pluses mensuales por gastos de representación.

El cuerpo de portavoces de la comisión refleja la fragmentación del arco parlamentario, con figuras de peso que también mantienen sus complementos salariales intactos. Entre ellos destacan Montse Mínguez (PSOE), José Vicente Marí Bosó (PP) y Txema Guijarro (Sumar), además de los representantes de las fuerzas soberanistas y regionales como Mertxe Aizpurua (EH Bildu), Josep Maria Cruset (Junts), Teresa Jordà (ERC), Idoia Sagastizabal (PNV) y Cristina Valido (Coalición Canaria). Pablo Sáez Alonso-Muñumer, por parte de Vox, completa este listado de cargos.

En la escala de adjuntos, la situación presenta movimientos recientes que contrastan con la inactividad general de la comisión. Mientras que Juan José Aizcorbe (Vox) y Eloi Badia (Sumar) ocupan sus puestos desde el inicio de la legislatura, destaca el reciente nombramiento de Evarist Aznar (PP), quien se incorporó como portavoz adjunto el pasado 10 de febrero de 2026. Junto a ellos, Marta Trenzano (PSOE).