Cataluña ya tiene nuevo director de la Oficina Antifrau que cobrará casi 12.000 euros brutos al mes
Olinda Anía Lafuente se mantiene como directora adjunta
El Pleno del Parlamento de Cataluña ha ratificado el inicio de una nueva etapa institucional con la elección de Josep Tomàs Salàs Darrocha como nuevo director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC). Releva a Miguel Ángel Gimeno quien era el director de la institución desde septiembre de 2016. La designación se ha consolidado tras obtener 68 votos a favor, 51 en contra y 15 abstenciones, logrando así la mayoría absoluta necesaria en segunda vuelta tras no alcanzarse el consenso de tres quintas partes inicialmente requerido.
Salàs, cuya candidatura fue propuesta formalmente por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, llega al cargo después de superar con éxito el examen de idoneidad ante la Comisión de Asuntos Institucionales el pasado 11 de diciembre. Este nombramiento supone el relevo en la cúpula de un organismo que actúa con plena independencia del poder ejecutivo, sometiéndose únicamente al ordenamiento jurídico y al mandato parlamentario para velar por la transparencia y el uso lícito de los recursos públicos en el territorio catalán durante los próximos seis años de mandato no renovable.
Tomàs, Gimeno y Anía, en la tribuna de invitados del Parlament.
La trayectoria profesional de Tomàs Salàs destaca por una profunda especialización jurídica y una vocación docente que refuerza su perfil técnico para liderar la lucha contra la corrupción. Antes de este nombramiento, Salàs ejercía como magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 22 de Barcelona, una posición que le ha otorgado una visión privilegiada sobre los delitos contra la administración y el orden socioeconómico. Su carrera judicial es extensa, habiendo desempeñado funciones de magistrado en Manresa y Vic, además de una etapa clave en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde entre los años 2011 y 2016 ocupó el cargo de letrado adscrito a la Presidencia.
Esta faceta en la alta gestión judicial se suma a su experiencia previa como Letrado de la Administración de Justicia entre 2008 y 2010 y a una década de ejercicio como abogado colegiado en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB). Su formación es igualmente robusta: es Doctor en Derecho y posee licenciaturas en Derecho, Ciencias Políticas y de la Administración, y Criminología, lo que le permite abordar la prevención del fraude desde una perspectiva multidisciplinar que integra el análisis político, legal y sociológico.
Competencias y estructura directiva
Las funciones que Salàs asume desde la dirección de la OAC son de una relevancia crítica para la salud democrática de la Generalitat, ya que ostenta la representación institucional y legal de la entidad ante todas las instancias. Entre sus responsabilidades directas se encuentra la coordinación, supervisión y evaluación constante de las investigaciones y actuaciones preventivas llevadas a cabo por la Oficina. Además, tiene la potestad de aprobar el anteproyecto de presupuesto de la institución, así como de seleccionar, nombrar y contratar al personal que conforma este cuerpo técnico independiente. El nuevo director hereda un marco retributivo actualizado para el ejercicio 2025, con un salario público de 166.556 euros brutos anuales en 14 pagas, lo que supone una asignación mensual de 11.897 euros y el doble, en junio y diciembre. Esta remuneración busca garantizar la máxima independencia y blindar al cargo frente a posibles conflictos de interés, asegurando que el director pueda actuar con total objetividad y sin interferencias externas de ninguna autoridad política o económica.
Para garantizar la continuidad y la estabilidad en la gestión operativa de la Oficina, Salàs contará con Olinda Anía Lafuente en el cargo de directora adjunta, cuya trayectoria es una pieza fundamental del engranaje administrativo catalán. Anía, nacida en Manlleu y licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, atesora una experiencia de más de tres décadas en la gestión pública, con una especialización académica de alto nivel que incluye un Máster en Relaciones Laborales y formación experta en Ética, Administración y Control del Sector Público. Su carrera ha estado estrechamente ligada al Departamento de Salud y al Instituto Catalán de la Salud, donde ocupó cargos de responsabilidad presupuestaria y administrativa, llegando a ser subdirectora del Instituto de Estudios de la Salud. En los últimos años, su labor se ha centrado específicamente en la modernización de la administración y la transparencia, liderando áreas de buen gobierno y políticas de integridad en el Departamento de la Presidencia y en la Secretaría de Transparencia del Departamento de Acción Exterior.
La directora adjunta desempeña un papel de soporte estratégico indispensable, asumiendo la sustitución del director en casos de ausencia o incapacidad temporal y ejerciendo aquellas funciones legales que le sean delegadas expresamente. En escenarios de cese del director por causas distintas a la finalización natural de su mandato, la directora adjunta asume internamente las riendas de la Oficina para evitar cualquier vacío de poder en la supervisión del fraude. Por esta labor de alta responsabilidad y competencia técnica probada, Olinda Anía percibió en 2025 un sueldo público de 141.723 euros anuales, distribuidos en pagas de 10.123 euros. La estructura de la OAC se consolida así con un binomio de perfiles que combinan la experiencia judicial de Salàs con la veteranía en la gestión administrativa y ética de Anía, orientando sus esfuerzos hacia la detección proactiva de irregularidades y el fomento de una cultura de integridad pública que trascienda la mera fiscalización punitiva.
Este nuevo periodo que se abre con el mandato de Tomàs Salàs deberá enfrentar retos crecientes en el ámbito de la ciberseguridad y la protección de los canales de denuncia anónimos, herramientas que la Oficina Antifraude ha ido perfeccionando en los últimos años. La capacidad de Salàs para integrar su bagaje científico, respaldado por la publicación de más de 50 artículos académicos, con la realidad operativa de la administración será clave para que la OAC no solo sea un órgano de reacción ante la denuncia, sino un motor de reforma institucional. El compromiso de la dirección es, por tanto, elevar los estándares de probidad exigidos a los servidores públicos, manteniendo la objetividad como eje vertebrador de cada expediente de investigación iniciado por la institución bajo su mando.
