Vox sigue con su particular ‘batalla’ contra cualquier gasto público identitario o que suene a soberanista o independentista. Hace tres semanas conocimos las retribuciones de los empleados de la Delegación o ‘embajada’ catalana en Estados Unidos entre 2017 y 2021 y solo unos días después dimos cuenta de lo que había cobrado el delegado de esta ‘oficina’ durante seis años, sin contar la indemnización por equiparación del poder adquisitivo y calidad de vida del destino.

Este martes, el Boletín Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) publicó varias respuestas del Govern de la Generalitat a una batería de preguntas formuladas por la formación ultraconservadora. Por un lado, el coste del alojamiento de la consellera de Acción Exterior y Gobierno Abierto, Victòria Alsina, y su equipo en el viaje a Londres, Nueva York y Roma, entre otros destinos. La respuesta del Ejecutivo que dirige Pere Aragonés se limita a mencionar un enlace donde se pueden consultar con detalle todos los gastos, pero no elabora una respuesta concreta. Es el Portal ‘Dades Obertes Catalunya’ (analisi.transparenciacatalunya.cat).

La consellera Alsina.

El Govern también facilitó las cifras del presupuesto de gestión de la Delegación en Túnez. En 2022, 300.000 euros. Por otro lado, organizar la presentación de un diccionario catalán-amazic y de gramática amaziga, costó 1.256 euros de dinero público.

Vox también preguntó sobre el motivo de la apertura de una Delegación del Govern en Andorra, pero la respuesta zanjó el asunto: No está abierta, no hay partida presupuestaria asignada y no hay empleados en nómina.

Por el contrario, la Delegación del Govern en los Estados Unidos sí tuvo un coste, aunque esta pregunta fue formulada por el Grupo Parlamentario Ciutadans: Tiene dos oficinas, Nueva York y Washington, pero un mismo presupuesto. En 2019, casi 735.000 euros; en 2020, cerca de 627.000; en 2021, unos 596.000 euros; y para este ejercicio, 636.000 euros.

Supresión de la Conselleria

El origen. La particular ‘cruzada’ de Vox contra este Departamento de la Generalitat de Cataluña se remonta unas semanas atrás. Pero visto en perspectiva, se atisba toda una estrategia de oposición y derribo: primero, solicitar la supresión de toda un departamento y, seguidamente, pedir explicaciones sobre gastos, dietas, viajes, sueldos de empleados, presupuestos y contratos públicos.

En este sentido, hace algo más de dos meses, el 23 de mayo, el BOPC publicó una propuesta de resolución “para la supresión de la Consejería de Acción Exterior y de las Delegaciones del Gobierno de la Generalidad en el exterior”. Se debate este jueves en el Parlament. El texto estaba firmada el 10 de mayo por el portavoz de Vox en la cámara autonómica, Joan Garriga Doménech, el portavoz adjunto, Antonio Gallego Burgos y Alberto Tarradas Paneque. El primero cobró 67.659 euros brutos y 13.644 euros de indemnización libres de impuestos en 2021 por nueve meses y medio en el cargo. El segundo ingresó 56.883 euros e idéntica cantidad de indemnización que Garriga. El tercero percibió 43.644 euros y otros 19.044 euros por distancia, según datos de la propia página web del Parlament.

Exposición de motivos

Al contrario de lo que intenta hacer valer y proyectar el Gobierno de la Generalidad, Cataluña no es Estado, y por ende no puede presentarse a esta Comunidad Autónoma como un sujeto de derecho internacional, ni comprometer la unidad y coherencia de la política exterior articulada por el Gobierno de la Nación.

Es incontrovertido que, a lo largo de las últimas décadas, la Generalidad de Cataluña ha asumido competencias exclusivas del Estado en materia de política exterior, con el objeto de llevar a efectos sus delirios separatistas y mancillar la imagen de España. La acción exterior debe ser única y común en toda España, ejercida en exclusividad por el Gobierno de la nación, sin la participación de las Comunidades Autónomas.

Se debe reivindicar la exclusividad del Estado en lo que se refiere a relaciones internacionales y suprimir toda representación política exterior de regiones o municipios, por atentar a la integridad territorial de España, a su imagen en el exterior, y suponer un innecesario gasto político. La Consejería de Acción Exterior y Gobierno Abierto de la Generalidad de Cataluña, así como sus Delegaciones en el exterior suponen una inexplicable carga económica para los españoles.

Es urgente reducir el gasto político, eliminando duplicidades y entes innecesarios, comenzando por las «agencias de colocación» de las Comunidades Autónomas, especialmente aquellas que, como las Delegaciones de Cataluña en el Exterior, atentan flagrantemente a la integridad territorial de España y a su proyección internacional.

Por todo lo anterior y dado que en un contexto de crisis económica como el actual, la Consejería de Acción Exterior de la Generalidad prevé abrir este año seis nuevas delegaciones en el exterior, que se sumarán a las 14 ya existentes, urge que el Parlamento de Cataluña inste al gobierno de la Generalidad a cerrar todas ellas, al objeto de destinar el considerable ahorro que ello supondrá a políticas de carácter social. Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:  

Primero. Suprimir con carácter inmediato la Consejería de Acción Exterior y Gobierno Abierto de la Generalidad de Cataluña.

Segundo. Impulsar los cambios necesarios para cerrar de forma permanente el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT) -ya pedían su cierre en 2020- y el Consell de la Catalunya Exterior.

Tercero. Proceder al cierre inmediato de todas las Delegaciones del Gobierno de la Generalidad de Cataluña en el exterior, así como a no aperturar ninguna otra.

Cuarto. Destinar los recursos presupuestados para políticas de acción exterior a fortalecer las políticas sociales. 

Según el Portal de Transparencia de la Generalitat de Cataluña, la retribución de la actual consellera en cuestión, Victòria Alsina*, es de 117.827 euros en 2022. El número de cargos políticos de este departamento es de 39: 14 altos cargos; 14 ‘otros directivos’, que son los delegados de las ‘embajadas’ (Italia, Túnez, Suiza, Senegal, Unión Europea (delegado y adjunto), México y América Central, Francia, Sudeste de Europa, Alemania, Países Nórdicos y Países Bálticos, Estados Unidos, Europa Central y Portugal) y 11 eventuales. En total, una masa salarial de 3,3 millones de euros para este ejercicio, sin contar las cotizaciones de la Seguridad Social. En estos cálculos no se ha tenido en cuenta la plantilla de funcionarios de carrera y personal laboral contratado de la propia conselleria.

Por ejemplo, los secretarios generales perciben 93.905 euros; los directores generales y los delegados del Govern, 90.008 euros; y dentro del grupo de eventuales: asesores, adjuntos y personal de oficina de Gabinetes, con salarios que oscilan entre los 59.143 y los 72.021 euros para este año.

*Alsina nació en Barcelona en 1983. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra. Tiene estudios superiores en la Universidad Autónoma de Barcelona y en ESADE, donde estudió un máster en Dirección Pública. Entre 2018 y 2019 fue la propia delegada del Govern en Estados Unidos y Canadá. Accedió a la plaza por concurso público.