¿Qué motivos tiene un diputado que dispone de casi 700.000 euros en cuentas corrientes y financieras por su actividad fuera de la política para meterse en charcos que dinamiten su reputación? La Cámara Baja analiza la aplicación de una sanción disciplinaria severa contra el parlamentario de Vox, José María Sánchez, que podría acarrear su suspensión durante varios meses tras los incidentes protagonizados en la última sesión plenaria. En agosto cumplirá tres años como diputado por Alicante y su perfil de juez en excedencia ha saltado por los aires. 

El órgano de gobierno del Congreso de los Diputados estudia actualmente diversos precedentes y vías reglamentarias para castigar la conducta del diputado, quien accedió sin autorización al estrado de la Presidencia la semana pasasa para increpar a una letrada y enfrentarse al vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, mientras este ejercía las funciones de máxima autoridad de la sala. Aunque inicialmente se barajó una suspensión de un mes bajo el artículo 106, la Mesa evalúa ahora sanciones más graves contempladas en el artículo 99, que permitirían extender la expulsión hasta medio año. Vox reconoce que sus 10 dirigentes cobraron más de 662.000 euros brutos en 2024, aunque no dice quiénes

Gómez de Celis y Sánchez García, en el momento del rifirrafe.

La actuación de Sánchez ha generado un rechazo mayoritario en el arco parlamentario, cristalizado en una declaración de condena suscrita por diez formaciones políticas, con las únicas excepciones de PP, Vox y UPN. Desde el grupo socialista se urge a una respuesta ejemplarizante, comparando la gravedad de lo sucedido con episodios históricos de quiebra del orden constitucional. Por su parte, la dirección de Vox ha evitado desautorizar a su representante, atribuyendo la responsabilidad de la situación a la gestión de la propia Presidencia del Congreso. Pese a la trascendencia del enfrentamiento, el diputado no ha mostrado arrepentimiento ni ha ofrecido disculpas públicas por su comportamiento.

Este altercado no constituye un hecho aislado en la trayectoria del parlamentario, quien cuenta con antecedentes de desobediencia y faltas de respeto en sede parlamentaria, como el incidente de 2021 cuando insultó a una diputada y se resistió a abandonar el hemiciclo. Según el relato de la Presidencia, la expulsión del pasado martes se produjo tras tres advertencias consecutivas por intentar boicotear el debate a gritos y por la actitud intimidatoria mostrada hacia el personal técnico de la Mesa. El afectado justifica su irrupción en la zona de autoridades como una protesta ante los supuestos insultos proferidos por un diputado de ERC durante el transcurso de la sesión.

Juez y catedrático

De acuerdo con la declaración de bienes y rentas presentada ante el Congreso de los Diputados el 3 de agosto de 2023, José María Sánchez García, diputado por la circunscripción de Alicante, percibió en el ejercicio anterior una retribución de 58.590 euros por su cargo en la Cámara, además de la indemnización correspondiente. Sus ingresos se completaron con 6.402 euros por trienios como catedrático de la Universidad de Sevilla, 2.280 euros de la Universidad CEU-San Pablo y 2.961 euros por el ejercicio de la abogacía. Asimismo, declaró 5.669 euros procedentes de dividendos y una explotación hotelera, junto a 173 euros por rendimientos de depósitos, habiendo abonado una cuota líquida de IRPF de 8.033 euros. Carbonell, el senador cirujano de plazas de toros, jubilado, que cobra 7.223 euros brutos y 2.193 euros libres de impuestos al mes

En el apartado de bienes inmuebles, el declarante es titular o cotitular de trece propiedades de naturaleza urbana y una rústica. En Madrid, posee el 100% de un piso y el 50% de otras seis fincas (dos pisos, un estudio, dos locales comerciales y dos plazas de aparcamiento), además de una tercera plaza de garaje al 50%. Su patrimonio inmobiliario se extiende a un estudio en Alicante (100%), un piso y una casa en La Coruña (50% y 100% respectivamente) y una finca rústica en Huelva (100%). Adicionalmente, declara una participación valorada en 78.384 euros en la Sociedad de estudios jurídicos José María Sánchez y abogados asociados, S.L., y un saldo total en cuentas corrientes y financieras de 694.413 euros.

Respecto a otros activos y obligaciones, Sánchez García dispone de cuatro vehículos adquiridos entre 1994 y 2018: un Lincoln Mark VIII, un Toyota Avensis SW, un Fiat Punto y un Subaru Impreza. En el capítulo de pasivos, el diputado mantiene un préstamo hipotecario con Bankinter concedido en 2019 por un importe inicial de 150.000 euros, del cual resta un saldo pendiente de 119.139 euros. Finalmente, la declaración refleja una deuda adicional de 78.384 euros con su propia sociedad de estudios jurídicos.

Según su registro de intereses, ha renunciado, con fecha de diciembre de 2023 a las actividades de: Catedrático de universidad, en situación de servicios especiales, percibiendo el correspondiente complemento por antigüedad; y a magistrado, en situación de servicios especiales, percibiendo el correspondiente complemento por antigüedad.

Por otro lado, la Cámara le ha autorizado a seguir ejerciendo sus funciones como: vocal de la Junta de Patronato del Real Colegio de España en Bolonia, Italia, no retribuido. Vocal del Patronato de la Fundación Tomás Moro, Madrid, no retribuido. Ejercicio de la abogacía. Conferenciante, ponente en seminarios y congresos, etc. Participación en medios de comunicación social. Docencia universitaria a partir de septiembre de 2023 en las Universidades Pontificia de Salamanca y Francisco de Vitoria, Madrid. Además, reconoce abonar su cuola colegial del Colegio de Abogados de Barcelona y la cuota anual de la Asociación para El Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia (AEDOS).

¿Suspendido de sueldo?

La normativa vigente establece un escalafón de medidas disciplinarias que podrían derivar en una suspensión prolongada para el diputado Sánchez García. Según el artículo 106 del Reglamento, los comportamientos que generen un "desorden grave" facultan a la Presidencia para decretar la expulsión inmediata y una suspensión de funciones de hasta un mes. No obstante, este castigo puede agravarse si la Mesa, basándose en el artículo 101, propone al Pleno ampliar dicha sanción temporal por razones de especial gravedad o reiteración.

A pesar de la contundencia de la medida, el marco legal garantiza que este procedimiento sea motivado y no suponga la privación definitiva de la condición de parlamentario. El Reglamento diferencia claramente entre la corrección instantánea de abandonar el hemiciclo y las sanciones de mayor calado que dependen de una decisión formal del órgano rector de la Cámara o de la votación del conjunto de los diputados.

En el plano político, el incidente ha provocado una respuesta conjunta de diez formaciones parlamentarias, que han redactado una declaración de condena institucional. Pese al amplio consenso, el texto no pudo ser leído de forma oficial en la sesión debido a la falta de unanimidad, tras el rechazo explícito del Partido Popular, Vox y UPN a que el documento formara parte del orden del día. Por lo tanto, no parece que, hoy por hoy, vaya a perder el sueldo público que percibe.

Según el régimen retributivo de sus señorías, Sánchez García percibe la asignación constitucional básica de 3.367 euros brutos al mes. Como portavoz de comisión (lo es en dos) percibe una complemento salarial de 1.252 euros. En total, son 14 pagas anuales de 4.619 euros. Además, al ser diputado por Alicante, tiene derecho a ingresar ina indemnización extenta de tributación de 2.163 euros. También son 14 pagas anuales. Con paga extra completa, en junio y diciembre, Sánchez García cobra 9.238 euros brutos y 4.325 euros libres de impuestos.