Concepción Campos Acuña ha sido nombrada nueva presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, aportando una dilatada trayectoria relacionada con la transparencia, la integridad pública y el buen gobierno tras su comparecencia del 25 de marzo en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso. Doctora en Derecho cum laude y Máster en Derecho de las Instituciones y Administraciones Públicas por la Universidad de Santiago de Compostela, Campos es una directiva pública profesional y secretaria de Administración Local, categoría superior, con más de 20 años de experiencia, habiendo desempeñado su último destino en el Ayuntamiento de Vigo. Su nombramiento se publicó en el BOE el pasado 2 de abril.

En la actualidad se encontraba en situación de excedencia como consultora y profesora asociada de Derecho Administrativo de la Universidad Rovira i Virgili, además de haber sido representante técnica en la Red de entidades locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la FEMP, donde coordinó la revisión del Código de Buen Gobierno Local de 2015 y la Ordenanza Tipo de Transparencia, Información Pública y Reutilización. Su perfil se completa como doctora honoris causa por la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios del Futuro de México y académica de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, contando con una prolífica actividad investigadora tras coordinar la cátedra de Buen Gobierno Local de la Universidad de Vigo y participar en programas de máster nacionales e internacionales.

Durante su comparecencia parlamentaria para refrendar su nombramiento, Campos avanzó las líneas estratégicas de su mandato al frente de una institución que calificó como “clave para el Estado de derecho”, señalando que, tras diez años de la Ley de Transparencia, es necesario corregir “carencias e ineficiencias” para avanzar, consolidar y reforzar el sistema. Una de sus prioridades será ampliar el catálogo de obligaciones de publicidad activa, donde el balance actual es “agridulce”, buscando transformar la cultura administrativa hacia una transparencia como verdadero valor institucional orientado al dato y la reutilización de información. Analizan la transparencia de 84 entidades que reciben subvenciones públicas de más de medio millón de euros y este es el resultado

En este sentido, insistió en la necesidad de reformar la ley para reforzar la posición de árbitro del Consejo, dotándolo de un régimen sancionador efectivo y de mecanismos coercitivos eficaces que garanticen la ejecutividad real de sus resoluciones, reclamando a su vez una mayor dotación de recursos técnicos, humanos y presupuestarios bajo la premisa de que “si se quiere hacer más, hace falta un Consejo fuerte”. Su plan maestro incluye intensificar la cooperación institucional con órganos autonómicos y otras entidades en red, además de promover el uso responsable de la tecnología y la inteligencia artificial, donde el Consejo será garante de la transparencia algorítmica para evitar opacidad, sesgos y discriminación.

Una autoridad independiente y profesionalizada

La Presidencia del Consejo, cuyas funciones regula el artículo 38 de la Ley 19/2013 y el artículo 13 de su Estatuto, conlleva amplias responsabilidades en la gobernanza y toma de decisiones, ejerciéndose con plena independencia, total objetividad y sin sujeción a mandato imperativo ni instrucciones de autoridad alguna. Campos ejercerá el cargo con dedicación exclusiva y plena sujeción al régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del Estado, sucediendo a José Luis Rodríguez Álvarez, quien asumió la titularidad en octubre de 2020. Confirmado: Al Consejo de Transparencia no le hacen ni puñetero caso, aunque su presidente cobra 128.000 euros brutos anuales

Durante el mandato de Rodríguez Álvarez se realizaron cambios profundos en la estructura y funcionamiento de la institución para mejorar la tutela del derecho a la información, logrando que entre 2021 y 2023 el presupuesto se incrementara en un 48,4% hasta los 3,38 millones de euros. Aunque la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado frenó esta senda en 2024 y 2025, la mejora económica previa permitió ampliar la plantilla en un 50%, pasando de 20 a 30 puestos efectivos, y se aprobó un nuevo Estatuto en 2024 que reconoció expresamente su naturaleza de Autoridad Administrativa Independiente con una estructura orgánica acorde a sus funciones.

En el plano estructural y operativo, la etapa saliente destaca por la reforma legal de 2023 que permitió recurrir las decisiones del Consejo directamente ante la Audiencia Nacional, eliminando la instancia previa ante los juzgados centrales de lo contencioso y reduciendo los tiempos para alcanzar sentencias definitivas, además de conseguir cabecera propia en el Boletín Oficial del Estado para insertar sus publicaciones. Se ha alcanzado la plena digitalización e implantación de la gestión electrónica integral de todos los procedimientos, lo que ha permitido simplificar trámites, reducir cargas administrativas y ofrecer la posibilidad de interactuar telemáticamente con el Consejo de manera sencilla e intuitiva. 

Este proceso de modernización y actualización se completó con la renovación de la identidad corporativa del organismo y con el desarrollo de una nueva página web institucional que presenta un diseño y una estructura más clara, mejorando la accesibilidad y facilidad de uso. En ejercicio de la función de tutela, se han resuelto más de 11.200 reclamaciones, con un 70% de las admitidas falladas en sentido favorable, construyendo una extensa doctrina interpretativa en materias como personal eventual, productividades, contratos, subvenciones, viajes, publicidad institucional, huella normativa o gasto farmacéutico.

Balance de gestión y control de publicidad activa

A pesar de que en 2025 las reclamaciones crecieron un 40,2% respecto al ejercicio anterior, el esfuerzo realizado permitió situar el tiempo medio de tramitación a finales de ese año ligeramente por encima de los tres meses previstos en la ley, alcanzando además la cifra récord de 393 entidades evaluadas en sus obligaciones de publicidad activa. La gestión de Rodríguez Álvarez también se caracterizó por reforzar la cooperación nacional e internacional, promoviendo la creación de la Conferencia de Órganos Garantes de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública (COTAI) en España e integrándose en la Red Europea para la Transparencia y el Acceso a la Información (ENTRI) en 2025, de cuyo comité ejecutivo forma parte el Consejo. En el ámbito del fomento de la cultura de la transparencia, se ampliaron las actividades de formación mediante cursos propios y participando en los organizados por diversos organismos, intensificando la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y potenciando la comunicación ciudadana a través de la web y redes sociales de manera directa y transparente.

Al finalizar su mandato, Rodríguez Álvarez declaró haber vivido cinco años de trabajo intenso al frente de un organismo joven que se consolida como pieza esencial del sistema de garantías democrático, reconociendo que, aunque no logró todos los objetivos por las limitaciones presupuestarias que frenaron la atribución de medios materiales y personales, se marcha con la satisfacción de haber fortalecido la capacidad institucional del Consejo. "Durante estos años hemos actuado con total independencia para garantizar el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, promoviendo la transparencia en un contexto difícil donde aún se aprecian resistencias culturales en las administraciones", subrayó el presidente saliente. Destacó asimismo que la doctrina interpretativa generada está siendo mayoritariamente avalada por el Tribunal Supremo, lo cual considera el mejor reconocimiento posible a su labor de equilibrio entre el derecho de acceso y los demás intereses en conflicto con los que interactúa el organismo.

Según el Portal de Transparencia del Consejo, "las retribuciones anuales brutas del presidente/a del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno AAI para el ejercicio 2025 fueron fijadas por Resolución de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos de 4 de diciembre de 2025.

Este importe comprende la totalidad de las retribuciones a percibir por el desempeño del cargo, excepto la antigüedad que pudiera corresponderle de acuerdo con la normativa vigente.

Rodríguez Álvarez ingresó 132.589 euros brutos incluidos 10 trienios el año pasado. El salario del puesto fueron 125.696 euros. Son 14 pagas de casi 9.000 euros, sin contar la antigüedad. La web no ha actualizado los datos de 2026. Es posible que hasta 2027 no se dé a conocer la retribución del presente ejercicio. La actual presidenta Campos 'hereda' esa retribución, sin contar los trienios de antigüedad correspondientes. Si conserva el puesto durante el mandato completo de cinco años, hasta marzo de 2031 sus ingresos rondarán, como mínimo, los 628.000 euros, sin contar los incrementos salariales anuales para compensar la inflación ni su antigüedad.

Fuente: CTBG.

Agradecimientos y desafíos futuros

Rodríguez Álvarez expresó su gratitud profunda al equipo directivo y a la treintena de servidores públicos comprometidos con la transparencia que integran el Consejo, calificándolos como los verdaderos artífices de los logros conseguidos durante este periodo de crecimiento institucional. En un comunicado publicado antes de Semana Santa, también extendió su reconocimiento a los colegas de los demás órganos garantes por la óptima colaboración mantenida, así como a todas las personas e instituciones que, desde la sociedad civil o el ámbito privado, ayudaron en la tarea de impulsar la transparencia pública en España. "Construyendo sobre lo mucho edificado en las etapas anteriores, hemos potenciado la función de evaluación y reforzado significativamente la de tutela, respondiendo a un número creciente de reclamaciones con una doctrina orientada a lograr la máxima eficacia del derecho de acceso", concluyó en su balance de despedida, reafirmando el papel del Consejo como una autoridad administrativa plenamente independiente.

De cara al horizonte cercano, el presidente saliente confía en que se produzcan avances relevantes con la culminación de la reforma de la LTAIBG para corregir sus carencias estructurales y con el pleno reconocimiento del derecho de acceso a la información pública como derecho fundamental. Rodríguez Álvarez insistió en que para el éxito del organismo es imprescindible que se le atribuyan potestades coercitivas para asegurar el cumplimiento efectivo de sus resoluciones, dotándolo de los medios apropiados para desempeñar sus funciones sin las dificultades actuales derivadas de la falta de recursos. Con un mensaje final de apoyo a la nueva dirección, cerró su intervención deseando "mucho éxito a Concepción Campos Acuña" en la tarea de liderar los nuevos desafíos de la transparencia algorítmica y la consolidación de la institución como garante de la integridad pública en el Estado español.