¿Perciben dinero público pero son una calamidad en materia de transparencia? El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha analizado el grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa en una muestra aleatoria de entidades privadas que reciben subvenciones, es decir, ha evaluado si publican en sus páginas web la información que establece exige la Ley de Transparencia. Aunque hay notables diferencias según la entidad, el índice medio de cumplimiento del conjunto de entidades analizadas es de solo el 34,4% y en promedio publican únicamente 4 de cada 10 informaciones obligatorias. Recuerda que el presidente del Consejo

 José Luis Rodríguez Álvarez, cobró más de 128.700 euros brutos en 2024, incluidos nueve trienios de antigüedad. En mayo dimos cuenta de las dificultades del Consejo para que se cumplan sus resoluciones. 

La selección de las entidades se ha efectuado mediante muestreo aleatorio entre entidades perceptoras de subvenciones o ayudas públicas por cuantía superior a 500.000 euros en el periodo de un año, a partir de la información contenida en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. De las 84 entidades analizadas, 22 ya habían sido evaluadas en 2024 por el Consejo, y 62 entidades han sido analizadas por primera vez en 2025. Entre los sujetos evaluados figuran empresas, fundaciones, asociaciones, federaciones deportivas y ONG.

Captura de pantalla de la página web de la Coordinadora.

El grado medio de cumplimiento alcanzado por el conjunto de las entidades es claramente insuficiente, un 34,4%, si bien existe una gran disparidad según la entidad, con algunas que logran niveles muy altos o incluso pleno cumplimiento, y otras que presentan aún enormes carencias. Solo 18 de las entidades evaluadas tienen un nivel de cumplimiento igual o mayor al 50%. Para obtener el dato del Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO), el Consejo evalúa si las entidades publican o no las informaciones a las que están obligadas y si lo hacen adecuadamente (con suficiente grado de actualización, accesibilidad, en formatos reutilizables, etc.).

El bajo ICIO obtenido por el conjunto de las entidades privadas analizadas en 2025 se explica, por una parte, por la falta de publicación de informaciones obligatorias: las entidades evaluadas no publican el 61,3% de ellas, es decir solo publican 4 de cada 10 contenidos obligatorios.

Las informaciones obligatorias que menos publican las entidades analizadas son el organigrama, la descripción de la estructura organizativa y el perfil y trayectoria profesional de sus máximos responsables, así como las informaciones relativas a contratos y convenios suscritos con administraciones públicas y las retribuciones de los máximos responsables.

Aunque es posible que la no publicación de alguno de estos últimos contenidos se deba a que no se ha producido actividad en ellos (por ejemplo, no se han firmado convenios ni contratos con administraciones públicas), las entidades no especifican esta circunstancia en el portal web, de forma que la ciudadanía no puede saber la causa de la omisión de la información.

Por otra parte, el Consejo ha constatado que muchas de estas entidades no incluyen referencias que permitan conocer a la ciudadanía el grado de actualización de la información publicada.

Por tipo de entidades, dentro de la muestra analizada, en general el nivel de cumplimiento es mucho mayor entre ONG y federaciones deportivas, y mucho menor en las empresas privadas.

El cumplimiento promedio alcanzado por las entidades evaluadas por segunda vez es mayor, y entre las que han aplicado el 60% o más de las indicaciones que les formuló el Consejo en su primera evaluación, el incremento medio del ICIO es de 30,5 puntos porcentuales. Dos entidades han aplicado todas las indicaciones formuladas por el Consejo y alcanzan pleno cumplimiento: la Coordinadora de ONG para el Desarrollo y Médicos del Mundo. En cambio, un 36,4% no ha aplicado ninguna de las indicaciones que les hizo la institución.

Según los datos consultados en la página web, la Coordinadora presupuestó unos ingresos por cuotas de asociadas y afiliadas de 302.100 euros en 2025. La partida de sueldos y salarios fue de más de 512.000 euros y .7.024 euros para "sueldos y salarios Proyecto Presidencia UE". En cambio, Médicos del Mundo explica de manera directa y fácil en su página web que el "equipo directivo está compuesto por la Coordinación General, seis direcciones de departamento y cuatro direcciones de área". A final de 2024, la plantilla rozaba las 1.400 personas, los voluntarios eran 1.726 y los asociados 1026.

El Consejo recuerda que las empresas y entidades privadas que reciben fondos públicos deben cumplir rigurosamente con las obligaciones de transparencia que les impone la ley. El trabajo de evaluación que realiza el Consejo y las recomendaciones específicas que formula a los sujetos obligados contribuye a mejorar el cumplimiento e impulsar el nivel de transparencia de muchos de ellos, sin embargo la vigente ley no prevé un régimen sancionador ni atribuye a los órganos garantes potestades coercitivas para garantizar la plena observancia de los mandatos legales.

Los informes de evaluación de cada entidad y el informe agregado con las principales conclusiones y el listado completo de entidades analizadas con el grado de cumplimiento alcanzado pueden consultarse en este enlace. 

Con un 100% de cumplimiento se sitúan la Coordinadora de Ong para el Desarrollo y Médicos del Mundo. En la siguiente tabla se muestran las entidades que han alcanzado un Índice de Cumplimiento igual o superior al 70%.

Índices de Cumplimiento y evolución respecto de 2024 (en su caso), de las entidades que han alcanzado un ICIO igual o superior al 70%

El número en entidades evaluadas que cuenta con un ICIO superior al 70% en 2025, 10 entidades, se ha reducido con respecto a 2024, en el que hubo 16 entidades que superaron ese umbral.

En el bloque de Información Económica, los contenidos que se publican en menor medida son las informaciones relativas a contratos mayores y menores adjudicados por administraciones públicas, convenios suscritos con administraciones públicas y retribuciones de los máximos responsables. Es posible que en la mayoría de los casos la causa de la falta de publicación de algunas informaciones –especialmente del bloque económico– sea la inexistencia de información que publicar por no haber habido actividad en ese ámbito concreto. 

¿Qué entidades privadas tienen obligaciones de publicidad activa según la Ley de transparencia?

La Ley de Transparencia establece obligaciones de publicidad activa para los órganos y organismos del sector público, pero también para las entidades privadas que reciben un determinado volumen de ayudas o subvenciones públicas. En concreto, para las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

¿Cómo realiza la evaluación el Consejo?

La evaluación se realiza con recursos propios y utilizando la metodología MESTA, desarrollada por el Consejo y por la extinta Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios (AEVAL). El Consejo emite un informe individual para cada una de las entidades evaluadas, en el que recoge recomendaciones concretas que permitan a las entidades mejorar su índice de cumplimiento. Además, elabora un informe agregado con los principales datos y conclusiones extraídos. Todos estos informes, así como los informes de contestación a las observaciones efectuadas por las entidades que han formulado alegaciones a los informes provisionales de evaluación, pueden consultarse en la página web del Consejo.

En 2025, el Consejo ha evaluado el cumplimiento en transparencia activa de un total de 392 entidades de distintos grupos de sujetos obligados: entidades del sector público institucional estatal, corporaciones de derecho público y entidades privadas perceptoras de subvenciones. Esto supone una cifra récord en el número de entidades evaluadas por la institución en un ejercicio.