Hasta 30 personas informantes de irregularidades y corrupción mantienen protección para evitar represalias y acoso

La Agencia Valenciana Antifrau registró 845 denuncias en 2025, el número más elevado en sus ocho años de existencia

La AVAF ha ejecutado un Plan de Choque orientado a la minoración de plazos y la optimización de la carga operativa


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La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana (AVAF) ha presentado esta semana su Memoria de Actividad 2025, un ejercicio en el que se ha reforzado el sistema de control antifraude de la Comunitat Valenciana: la entrada en vigor de la Ley 5/2025, que ha consolidado a la AVAF como la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) de la Comunitat Valenciana. Su actual director, Eduardo Beut, cobra un sueldo público de de 65.679 euros; por trienios ingresa 7.204 euros; y un complemento personal de alto cargo de 24.809 euros, que su predecesor, Joan Llinares, no percibía. En total, casi 97.700 euros. anuales.


Récord de denuncias. Durante 2025, la AVAF registró el número más elevado de denuncias de toda la historia de la Agencia: 845 casos; un incremento del 49,8% respecto al año 2024. Esta cifra representa, por sí sola, la cuarta parte de todas las denuncias recibidas por la Agencia en sus ocho años de existencia.


Memoria antifrau 2025


Plan de Choque. Para afrontar este volumen de denuncias y hacer frente, además, a los expedientes sin resolver acumulados, la AVAF ha ejecutado un Plan de Choque orientado a la minoración de plazos y la optimización de la carga operativa, asegurando un análisis técnico-jurídico riguroso. El Plan de Choque ha frenado el aumento de denuncias por resolver de años anteriores, ha reducido las denuncias pendientes en un 40%, ha elevado los casos totales resueltos definitivamente hasta el 81,4% y ha reducido el tiempo de análisis de nuevas denuncias de 16 meses a solo uno. Lo último en estafas: suplantar la identidad de la Agencia Valenciana Antifraude a través de WhatsApp


Perfil de las investigaciones y anonimato. La Administración local concentra el 56% de las denuncias. La materia más denunciada sigue siendo la gestión de recursos humanos con 264 casos. No obstante, se observa un incremento en la categoría particulares y sector privado según la Ley 2/2023 como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 5/2025, de 30 de mayo: las denuncias de este grupo suman el 18% de los casos (139), casi una quinta parte del total.

El anonimato se confirma como el instrumento principal de presentación de denuncias, representando el 72% de las denuncias (566 casos). Además, a través del Buzón de Denuncias, que garantiza de manera reforzada el cifrado y la confidencialidad, se canalizaron 712 de las comunicaciones recibidas.


Protección del informante. Desde su creación, la Agencia ha reconocido el estatuto de protección a 37 personas (36 físicas y 1 jurídica), de las cuales 30 lo mantienen vigente a finales de 2025. La AVAF, en 2025, ha intervenido en casos graves de acoso institucional, logrando el cese de represalias en sectores como el público instrumental y el universitario. Además, se ha reforzado el Estatuto de Protección del Informante, asumiendo la defensa de la indemnidad laboral de los denunciantes frente a posibles represalias. Ya sabemos quién nos ‘protegerá’ por más de 100.000 euros brutos anuales cuando informemos de casos de corrupción


Prevención y proyección exterior. El cambio de paradigma, en el ámbito preventivo, comporta la nueva capacidad de realizar consultas preventivas (Art. 5 bis), que permite a funcionarios y autoridades consultar expedientes en tramitación, antes de que recaiga resolución definitiva, para ayudar a desactivar irregularidades antes de que cristalicen en ilícitos administrativos o penales.


La AVAF ha reforzado en 2025 su presencia en foros estratégicos globales para convertir la integridad en un vector de transformación. Entre estas acciones destacan: 1) el desarrollo de métricas de integridad mediante el proyecto LOCRIiS con la OCDE; 2) la estandarización de la lucha contra la corrupción a través de la Declaración de La Haya 2025 (EPAC/EACN), y 3) la armonización de la protección del informante en la red NEIWA.


Registro de Responsables del Sistema Interno de Información (RSII). El Registro de Responsables del Sistema Interno de Información (RSII) tiene 752 inscripciones del sector privado y 485 del sector público.


Formación y cultura de integridad pública. 3.190 personas, funcionarios y estudiantes universitarios en su mayoría, han participado en actividades 55 actividades de la Agencia, durante 212 horas lectivas. El 90% de toda la formación de la AVAF desde su creación se ha concentrado en los últimos cinco años (2021-2025), consolidando su papel como factor de cambio cultural en las administraciones valencianas. ¡Ojo! Multa de hasta un millón de euros por revelar el nombre de las personas que denuncian la corrupción


Integridad y eficiencia democrática. La Agencia Valenciana Antifraude convertida también en Autoridad Independiente de Protección al Informante, ha reforzado durante 2025 los fundamentos técnicos y profesionales de su función de control y prevención del fraude en la Comunitat Valenciana.


Durante 2025, la intervención de la Agencia ha revertido situaciones graves de acoso institucional. Se destacan dos expedientes por su complejidad y la tipología de las represalias:


Caso 1: Hostigamiento en el Sector Público Instrumental 

• Perfil: Trabajador de empresa pública y delegado de personal. 

• Origen: Denuncia por irregularidades contables y en contratación pública. 

• Represalias verificadas: La empresa activó mecanismos de hostigamiento sistemático descritos en art. 36.3.a) y art. 36.3.b) de la Ley 2/2023: aislamiento laboral, descrédito profesional, modificaciones unilaterales de horario para dañar la conciliación familiar y vacío de funciones.

• Intervención: La Agencia concedió el estatuto de protección tras verificar el nexo causal. Se ha realizado un seguimiento activo mediante requerimientos directos a la empresa pública para el cese inmediato de las conductas lesivas, deteniéndose las represalias. 


Caso 2: Malas prácticas en el ámbito universitario 

• Perfil: funcionario universitario y profesor asociado. 

• Origen: Alerta interna sobre malas prácticas y presunta corrupción en la contratación universitaria. 

• Represalias verificadas: La universidad ejecutó medidas administrativas de alto impacto: cese en el puesto de jefe de servicio, no renovación del contrato de profesor asociado y, finalmente, la amortización de su plaza base obtenida por concurso. 

• Intervención y defensa: La Agencia otorgó la protección al considerar el cese y posterior amortización de la plaza como una represalia directa. Es relevante destacar que la universidad impugnó la decisión de la Agencia mediante recurso, que fue desestimado por la AVAF. La resolución se fundamentó en la primacía de la protección del informante y ratificó que la intervención de la Agencia no vulnera la autonomía universitaria ni el derecho de defensa de la entidad, limitándose a garantizar la protección del servidor público que denuncia.