Varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Transparency International España y la World Compliance Association, han levantado la voz para denunciar lo que califican como un "grave desmantelamiento" de la Agència Valenciana Antifrau (AVAF). En un comunicado emitido este miércoles, estas entidades expresan su profunda preocupación por una serie de reformas y cambios estructurales que, a su juicio, han comprometido la misión y operatividad de la agencia, especialmente la reciente eliminación de su Consejo de Participación Ciudadana. Su actual director, Eduardo Beut, cobra un sueldo público de de 65.679 euros; por trienios ingresa 7.204 euros; y un complemento personal de alto cargo de 24.809 euros, que su predecesor, Joan Llinares, no percibía. En total, casi 97.700 euros. anuales. 

Desde 2019, las organizaciones firmantes habían desempeñado un papel fundamental en este Consejo, un órgano creado al amparo del Reglamento de la AVAF y en desarrollo de la Ley 11/2016 de la Generalitat. Este espacio no solo servía como un vital canal de comunicación y rendición de cuentas entre la agencia y la sociedad civil, sino que también era crucial para asesorar en decisiones estratégicas en la lucha contra la corrupción en la Comunitat Valenciana.

"Estas decisiones no solo suponen un golpe a los principios básicos de transparencia y gobierno abierto bajo los que el Consejo fue creado, sino que también desmantelan de manera definitiva el carácter independiente de la AVAF como institución para combatir la corrupción en la Comunitat Valenciana", reza el comunicado.

"Renuncia definitiva" 

Las organizaciones apuntan a una cronología de cambios que, según ellas, han debilitado progresivamente la institución. Señalan que desde julio de 2024 se han implementado reformas estructurales que han afectado gravemente a la AVAF. El nuevo Código de Conducta, aprobado el pasado 20 de mayo de 2025, es señalado como un "punto de inflexión" por contradecir los estándares internacionales de transparencia e integridad, rebajando significativamente los niveles previos.

La situación se ha agravado con la entrada en vigor de la Ley 5/2025 el pasado 1 de junio, la cual ha culminado con la eliminación directa del Consejo de Participación Ciudadana. Para las organizaciones, esta supresión representa la eliminación de un espacio esencial para la participación de la sociedad civil y "el último órgano de contrapeso y control institucional que aún quedaba en pie" en la Agència.

"La eliminación del Consejo de Participación no es un mero ajuste técnico, es una declaración política: la renuncia definitiva a los mecanismos de control ciudadano y el desmantelamiento de las autoridades independientes que luchan contra la corrupción", afirman contundentemente en su escrito.

Advertencia a la UE

Las organizaciones firmantes han venido denunciando "todos los despropósitos normativos" durante el último año y medio. Ahora, hacen un "llamado a la ciudadanía para que tome conciencia de la gravedad de esta situación y exija que las instituciones públicas actúen con integridad y compromiso hacia el interés común". Consideran que se está asistiendo a un "claro atentado contra una institución que forma parte de los controles y garantías de la democracia". Por ello, instan a la sociedad a posicionarse firmemente contra este "retroceso" y a demandar la "restauración de una agencia verdaderamente autónoma, independiente y efectiva".

Las organizaciones, entre las que se encuentran también Fundación Hay Derecho, Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda-GESTHA, Observatori Ciutadà contra la corrupció, Acción Cívica, Plataforma Ciutadana Castelló per la Justícia i Contra la Corrupción, Consuelo Vidal Hernandis y Fundación por la Justicia, han dejado claro que no van a guardar silencio. Advierten que esta decisión legislativa no solo afecta a la Comunitat Valenciana, sino que tiene implicaciones para España como Estado Miembro de la Unión Europea. "Seguiremos denunciando cada retroceso, cada paso atrás, cada intento de ocultar la rendición de cuentas y de dejar de perseguir la corrupción en el marco de las exigencias de la UE", concluyen.