Hay ministerios del Gobierno de España que siguen pasando olímpicamente de las recomendaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Concretamente, tres. Pasa un año y después otro y los compromisos adquiridos se quedan en papel mojado. El Consejo ha publicado este miércoles su informe de evaluación 2025 del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de la Administración General del Estado (AGE) a través de su Portal de la Transparencia. El Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO) global alcanzado por el Portal se sitúa en el 86,9%, lo que supone un incremento del cumplimiento del 1,5% respecto a la evaluación realizada en 2024. El actual presidente del Consejo, José Luis Rodríguez Álvarez, cobró 132.589 euros brutos en 2025, incluidos 10 trienios de antigüedad por su condición de funcionario de carrera.

Una vez constatado por el Consejo en la evaluación de 2024 que el Portal había alcanzado un nivel de cumplimiento elevado y estable en la mayoría de las obligaciones que establece la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG), en 2025 la evaluación se ha focalizado en aquellas obligaciones que presentaban un mayor grado de incumplimiento y, por tanto, necesitaban un mayor progreso. El Consejo de Transparencia obliga a Presidencia a revelar los viajes de los familiares de Pedro Sánchez desde 2020

La evaluación se ha centrado, por tanto, en examinar si se publican correctamente tres obligaciones: los instrumentos de planificación (planes y programas); la información de relevancia jurídica como directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas (en la medida en que supongan una interpretación del derecho o tengan efectos jurídicos); y la información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos prestados.

Los resultados de la evaluación realizada por el Consejo evidencian que se han atendido algunas de las recomendaciones formuladas en 2024 y ha habido cierta mejora en la publicación de los contenidos en estas obligaciones. Se observa sin embargo una gran disparidad de cumplimiento en estas obligaciones según los ministerios: algunos no publican ningún documento relacionado con las materias concernidas (y tampoco reflejan que no haya existido actividad que deba ser publicada). En conclusión, se valora el esfuerzo que se está llevando a cabo para mejorar los contenidos publicados en el Portal, aunque resulta necesario continuar esa labor para seguir mejorando el nivel de cumplimiento de las obligaciones.

Desde 2021

En 2021, el Consejo de Transparencia empezó a evaluar el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado para determinar el grado de cumplimiento de la publicación de las obligaciones establecidas en los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG). Desde ese año el Portal ha obtenido las siguientes puntuaciones en el índice de cumplimiento de la información obligatoria (ICIO): 2021, 72,9%; 2022, 75%; 2023, 81%; y 2024, 85,6%.

Como puede verse en todos los años ha habido una mejoría con respecto al año precedente. Dentro del Plan de Evaluación 2025 de este Consejo, se ha tomado la decisión, por primera vez desde que se evalúa el Portal, de analizar únicamente aquellas obligaciones cuyo cumplimiento se había comprobado que presentaban resultados más negativos y, por lo tanto, eran más susceptibles de mejora con respecto al año anterior. Esta decisión se ha tomado al constatar que el resto de obligaciones habían adquirido un nivel de cumplimiento elevado y estable, y que, en esta ocasión, resultaba más necesario centrar los esfuerzos en aquellas obligaciones en las que podía haber un mayor margen de progreso.

Existen tres ministerios, Trabajo, Asuntos Exteriores y Política Territorial, que no publican ningún documento que cumpla con los criterios de contenido, vigencia y accesibilidad. Sus titulares son Yolanda Díaz, también vicepresidenta segunda, quien cobró 90.177 euros el año pasado; José Manuel Albares, con 89.819 euros incluidos ocho trienios; y Ángel Víctor Torres, con 92.527 euros y 11 trienios. Estos ministerios, más Presidencia del Gobierno, tienen más de la mitad de sus registros publicados sin cumplir los criterios antes mencionados. Y otros diez ministerios no cumplen en el 10% de los registros publicados con los criterios considerados. Las reclamaciones por falta de transparencia se disparan un 40 % en un año ante la creciente opacidad de las administraciones públicas

Puede apreciarse, por lo tanto, una importante disparidad entre ministerios, con respecto al número total registros publicados que cumplen los criterios de contenido, vigencia y accesibilidad, con oscilaciones entre el 94,7% y el 0%.

Conclusiones y recomendaciones

El Consejo, como hemos mencionado, pone en valor el esfuerzo realizado para depurar los contenidos publicados en el Portal. Esta depuración era una de las recomendaciones que se indicó expresamente en la evaluación de 2024. Pero hay varios 'peros'. El informe del Consejo de Transparencia destaca una mejora significativa en la depuración de contenidos del Portal, donde los registros válidos han pasado del 23,47% en 2025 al 41,61% en el último año. Pese a este incremento del 77%, el organismo advierte que la cifra sigue siendo inaceptable al situarse por debajo del 50%. Los principales obstáculos detectados son la persistencia de enlaces rotos (15,32%), contenidos que ya no están vigentes (17,17%) y la publicación de información ajena a las obligaciones legales (16,27%), deficiencias que impiden un acceso real y efectivo a la información pública.

El Consejo subraya que la transparencia no depende de la cantidad de datos, sino de su calidad y relevancia para la rendición de cuentas, por lo que recomienda encarecidamente limpiar los registros defectuosos y valorar la creación de un repositorio histórico. Además, se ha constatado una gran disparidad entre departamentos; mientras algunos han avanzado en la estructura de la información, otros como Transportes o Agricultura no actualizan ciertos registros desde 2017 o 2018. El informe critica el bajo volumen de planes y programas publicados (solo 121), una cifra que se considera insuficiente dadas las dimensiones del sector público estatal.

Finalmente, el documento señala la ausencia de información "adicional" crucial, como los indicadores de cumplimiento, el seguimiento de planes o los datos sobre quejas y sugerencias en los servicios públicos. El Consejo insta a los ministerios a realizar un esfuerzo por incorporar estos contenidos que, aunque a veces figuran en otras webs institucionales, deben nutrir el Portal según la ley. Asimismo, se insiste en la necesidad de que, cuando un ministerio no tenga información que publicar en una categoría específica, lo indique expresamente para evitar confusiones sobre la falta de actividad o de actualización.

¿Cómo realiza la evaluación el Consejo?

El artículo 9 de la Ley de Transparencia establece que el cumplimiento por parte de la Administración General del Estado de las obligaciones de publicidad activa será objeto de control por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Por ello, el Consejo evalúa cada año el Portal de la Transparencia, realizando recomendaciones específicas de mejora para subsanar las deficiencias encontradas.

La evaluación se realiza con recursos propios y utilizando la metodología MESTA, desarrollada por el Consejo y por la extinta Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios (AEVAL). El Consejo emite un informe individual en el que recoge recomendaciones concretas que permite al Portal mejorar su índice de cumplimiento. Este informe, junto a las alegaciones efectuadas por los responsables del Portal están en la página web del Consejo.