El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha dictado una resolución estimatoria en la que obliga a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno a revelar el uso de transportes oficiales por parte de los familiares directos del Presidente. La decisión, firmada el 19 de enero de 2026 por el presidente del organismo, José Luis Rodríguez Álvarez, surge tras el silencio administrativo mantenido por el Ejecutivo ante una solicitud de información pública presentada en octubre de 2025. Rodríguez Álvarez, cobró 128.700 euros en 2024 incluidos 10 trienios y 132.589 euros en 2025 y el presidente del Gobierno, 93.145 euros en 2024. El dato del año pasado todavía no se ha publicado.

El origen del conflicto se remonta al 7 de octubre de 2025, cuando una ciudadana solicitó formalmente el listado de medios oficiales utilizados por las hijas y padres del presidente del Gobierno desde el año 2020 hasta la actualidad. La petición requería especificar si los familiares viajaron solos o acompañados por el Presidente o su esposa, el motivo de los desplazamientos y la relación de acompañantes, excluyendo al equipo de seguridad. Las reclamaciones por falta de transparencia se disparan un 40 % en un año ante la creciente opacidad de las administraciones públicas.

La resolución número 2794/2025 destaca que la Administración no ofreció respuesta alguna a la solicitud inicial ni presentó alegaciones cuando el Consejo le trasladó la reclamación en noviembre de 2025. El CTBG considera que este silencio dificulta su labor y recuerda que el acceso a la información es un derecho de rango constitucional que no puede quedar sin eficacia por la inactividad del organismo requerido.

Transparencia en transportes

En sus fundamentos jurídicos, el Consejo subraya que cualquier limitación al acceso a la información debe ser "justificada y proporcionada", basándose en un test de daño y de interés público. Al no haber acreditado la Secretaría General ninguna causa de inadmisión o límite legal —como la seguridad nacional o la protección de datos—, el organismo regulador ha determinado que la información debe ser entregada íntegramente de acuerdo con criterios ya establecidos en resoluciones anteriores.

Finalmente, el fallo insta a la Secretaría General de la Presidencia a remitir al reclamante toda la documentación solicitada en un plazo máximo de 10 días hábiles. Además, el Ejecutivo deberá enviar al Consejo una copia de la información facilitada para verificar el cumplimiento de la resolución. Contra esta decisión, que pone fin a la vía administrativa, el Gobierno aún dispone de la opción de interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en un plazo de dos meses. ¿Y quién se 'esconde' detrás de la Secretaría General? Actu

Judit Alexandra González Pedraz, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, es la actual Secretaria General de la Presidencia del Gobierno. Su perfil destaca por una amplia trayectoria en la función pública, perteneciendo al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde el año 2006. Además de su formación jurídica, cuenta con el título de Experta en Igualdad y ha completado el Curso de Defensa Nacional, méritos que se suman a su reconocimiento con la Cruz Distinguida de 1ª Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort. 

Su experiencia profesional previa al actual nombramiento en 2023 incluye la dirección del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia. Anteriormente, desempeñó roles de alta responsabilidad como Secretaria General de la Escuela de Organización Industrial y subdirectora general en el Ministerio de Justicia. También ha ocupado puestos clave en la Agencia Española de Protección de Datos y en la Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda. Según el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado, cobró 125.763 euros brutos en 2025, incluidos seis trienios de antigüedad por su condición de funcionaria. Tiene rango de subsecretario.

En cuanto a sus funciones actuales, González Pedraz es la responsable máxima de la organización y seguridad de las actividades del Presidente del Gobierno, tanto en territorio nacional como en sus desplazamientos internacionales. Su labor es fundamental en la coordinación de los dispositivos logísticos para los viajes al extranjero de las autoridades del Gobierno español y en la supervisión del Sistema Operativo Sanitario de la Presidencia. Estas competencias la sitúan en el centro de la gestión operativa y de protección del jefe del Ejecutivo.

Asimismo, la Secretaría General ejerce el apoyo y asesoramiento técnico a los distintos órganos de la Presidencia, gestionando áreas críticas como la administración económica, el personal y los medios informáticos. También coordina las actividades de protocolo en la relación del Presidente con los restantes poderes del Estado. En última instancia, asume cualquier otra función que le sea encomendada por la Dirección del Gabinete, consolidándose como una figura técnica transversal para el funcionamiento diario de la Moncloa.