Otro alto cargo de La Moncloa investigado por el caso Begoña Gómez: cobró 125.700 euros brutos, incluidos seis trienios, en 2024
Ocupa el puesto desde marzo de 2023 y tiene rango de subsecretario
La Moncloa sigue en el punto de mira. El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha intensificado el cerco judicial sobre la cúpula de la Presidencia del Gobierno, centrándose en el rastreo exhaustivo de comunicaciones de los altos cargos relacionados con el caso Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La investigación, dirigida por el juez Juan Carlos Peinado, apunta a determinar si el software que desarrollaron empresas privadas para la cátedra dirigida por Gómez, fue objeto de apropiación indebida. Como en otras ocasiones este proceso judicial sirve a este digital para revisar los sueldos públicos de los supuestos investigados, antes imputados.
El foco judicial se ha centrado en Judit Alexandra González Pedraz, actual secretaria general de la Presidencia del Gobierno. El juez Peinado ha ordenado a cuatro grandes empresas del sector tecnológico y consultoría —Minsait, Indra, Telefónica y Deloitte— que remitan "todos los correos, wasaps o cualquiera otras comunicaciones escritas" que hayan mantenido con González Pedraz. Esta orden busca trazar un mapa completo de las interacciones de la alta funcionaria con el sector privado investigado en la causa.
J. A. González Pedraz (La Moncloa).
La investigación también ha implicado a otros actores externos, como la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), a la que el juez pide las comunicaciones cruzadas con la asesora de Gómez, Cristina Álvarez*. La conexión se establece al recordar que González Pedraz estuvo presente en la firma del convenio de colaboración entre Fademur y la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid liderada por la pareja del presidente. El juez también ha lanzado un serio apercibimiento de "incurrir en delito de desobediencia" a un trabajador de Google que, hasta la fecha, no ha remitido correos relevantes que declaró tener en su buzón.
Rango de subsecretario
La figura de González Pedraz cobra especial relevancia no solo por su posición central en el organigrama de Moncloa, sino por la alta remuneración que percibe. Como secretaria general de la Presidencia del Gobierno, ostenta rango de subsecretario y su sueldo bruto en 2024 ascendió a 125.763 euros, una cifra que incluye seis trienios de antigüedad. Nombrada a finales de marzo de 2023, su retribución en ese ejercicio fue de 94.349 euros, con cinco trienios.
Según el documento del Ministerio de Hacienda sobre la actualización de cuantías retributivas con efecto desde el 1 de enero de 2024, un subsecretario cobra un sueldo de 15.619 euros; un complemento de destino de 20.435 euros; y un complemento específico de 35.074 euros.
Además, ingresan dos pagas extraordinarias de 841 euros.
No obstante, los Presupuestos Generales del Estado publicados en el BOE siempre añaden en este apartado que a la cifra de la extra se le suma la parte proporcional de una mensualidad de uno de los complementos, por lo que cada extra supera los 2.600 euros. Resumiendo, un subsecretario cobra unos 77.000 euros. Y hay que añadir el complemento de productividad y los trienios de antigüedad, solo en caso de ser funcionario. Teniendo en cuenta eso podremos comprender cómo, finalmente este puesto acaba siendo remunerado con más de 125.000 euros con frecuencia.
Su cargo está definido por el Real Decreto 662/2022 y conlleva una serie de funciones esenciales para el funcionamiento de la Jefatura del Ejecutivo. Entre sus responsabilidades figuran la organización y la seguridad de las actividades del presidente del Gobierno, la coordinación del apoyo y protocolo, el asesoramiento técnico a los órganos de Presidencia, y la asistencia en materia de administración económica, personal y conservación. También coordina programas logísticos para los viajes al extranjero de autoridades y supervisa el Sistema Operativo Sanitario de la Presidencia.
Judit Alexandra González Pedraz es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado (desde 2006). Antes de su actual nombramiento en 2023, fue directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno y ha ocupado diversos puestos de responsabilidad en el Ministerio de Justicia (subdirectora general de Relaciones con la Administración de Justicia), el Ministerio de Industria y la Agencia Española de Protección de Datos. Está condecorada con la Cruz Distinguida de 1ª Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, un reconocimiento a su trayectoria profesional.
El predecesor de González Pedraz, Francisco Martín Aguirre, actualmente delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, también está siendo investigado en este caso. Martín Aguirre, que también tiene rango de subsecretario, percibió 28.208 euros en 2023 por el periodo trabajado entre el 1 de enero y el 29 de marzo. Ya como delegado del Gobierno en Madrid, su sueldo en 2024 ascendió a 109.274 euros, mientras que en 2023 ingresó 82.015 euros (por su tarea entre el 29 de marzo y el 31 de diciembre).
Aguirre nació en Madrid en 1981. Es Ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid. Su currículum profesional lo vincula tanto al ámbito público como privado, habiendo sido jefe de actuación en el proyecto de reconstrucción civil de la provincia de Badghis (Afganistán) en 2012 y, antes de unirse a Moncloa, director de Administración y Finanzas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desde 2017. En la Presidencia, ocupó el cargo de director del Departamento de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental antes de ser secretario general hasta 2023.
*En febrero de este año se hizo público que Cristina Álvarez había cobrado 300.839 euros brutos desde agosto de 2018 hasta enero de 2025 como asesora de Gómez, según informó el responsable de la administración y de la coordinación del personal en Moncloa al juez que investiga a Gómez por presuntos delitos de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo. Percibía un sueldo público de entre 47.800 y 52.200 euros anuales.
