Cobrar del erario mientras se estudia para acabar cobrando, también del erario y para siempre, si se obtiene una plaza en la Administración Pública. El camino hacia las altas esferas del sistema legal ha sido, históricamente, una carrera de obstáculos donde el talento no siempre es el único requisito para llegar a la meta. Preparar una oposición para juez, fiscal o letrado exige una entrega absoluta, años de silencio entre códigos y una resistencia psicológica que pocos pueden mantener sin un respaldo financiero sólido detrás. Hablamos de meses, incluso años de academias, apuntes, manuales, fotocopias, profesores particulares, 'cantar' las lecciones, dinero, más dinero y muchas renuncias y sacrificios por tener un futuro, en teoría, 'asegurado'. En muchos casos, el sueño de vestir la toga se ha desvanecido no por falta de capacidad, sino por la imposibilidad de sostener una vida de dedicación exclusiva al estudio, una barrera invisible que ha moldeado el perfil de quienes administran la justicia.

Esta situación ha generado una anomalía estructural en el territorio catalán, que arrastra una falta histórica de jueces y fiscales arraigados en el país. El resultado es una administración de justicia que a menudo se percibe distante de la realidad social, institucional y lingüística de la ciudadanía a la que sirve. Romper este ciclo requería algo más que buenas intenciones; exigía una política pública que permitiera a los graduados con mejor expediente, pero menos recursos, competir en igualdad de condiciones. Si recuerdas, las becas SERÉ del Gobierno de España también sirven para ayudar económicamente a aquellos opositores a la carrera judicial. 

Con el objetivo de revertir esta tendencia, el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña ha publicado hoy la resolución definitiva que adjudica 50 becas estratégicas, lo que supone una inversión total de 2,84 millones de euros. Estas ayudas, tramitadas a través del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (CEJFE), están diseñadas para que los beneficiarios puedan centrarse únicamente en sus libros. Cada uno de los seleccionados percibirá una ayuda de casi 1.200 euros brutos mensuales (1.184) durante un periodo de cuatro años, abarcando desde 2026 hasta 2029, asegurando así un colchón económico durante el exigente proceso de estudio. El actual conseller de Justicia y Calidad Democrática es Ramón Espadaler y tiene un sueldo público asignado de 125.001 euros anuales. Son 14 pagas de más de 8.900 euros.

La convocatoria no ha sido una simple ayuda económica, sino una apuesta por un perfil profesional específico. De las 50 plazas otorgadas, 40 están destinadas específicamente a la preparación de las carreras judicial y fiscal, mientras que las 10 restantes se dirigen al cuerpo de letrados de la Administración de justicia. Para llegar a esta lista definitiva de beneficiarios y suplentes —que ya se puede consultar en la web del LGAI—, el proceso ha evaluado rigurosamente el mérito académico, la situación socioeconómica y el conocimiento de la lengua catalana, requisitos indispensables para fomentar una justicia más cercana y profesionalizada desde el inicio. Hace unas semanas te contamos que la Generalitat de Cataluña busca 200 becarios a 10 euros brutos la hora y sueldo más alto si las prácticas se realizan en otros países

Este hito culmina un camino iniciado en abril de 2025, cuando se aprobaron las bases reguladoras de un programa que busca, en última instancia, que el uso del catalán en el ámbito judicial deje de ser anecdótico. Al incentivar estas vocaciones desde Cataluña y reducir las barreras económicas para los graduados residentes, el Departamento espera que este conocimiento de la realidad social y jurídica revierta directamente en un sistema judicial más sólido, con profesionales formados bajo una clara mirada de servicio público y compromiso con el territorio.

La resolución definitiva, con el detalle completo de las personas beneficiarias y suplentes, se puede consultar en la web del LGAI.