Estudiar, opositar y trabajar para el Estado u otro ente público siempre ha sido garantía de estabilidad económica, salarios revalorizados y un ascensor social para prosperar en la vida. Con sacrificio, constancia, ayuda familiar y un método de estudio válido el hijo de un zapatero, por ejemplo, puede llegar a ser registrador de la propiedad o inspector de Hacienda. La igualdad de oportunidades es un principio básico en aquellas sociedades que presumen de ser desarrolladas, gozan de un amplio Estado del Bienestar y su población disfruta de derechos y libertades. 

Ahora bien, aunque es un deseo al que todo ciudadano aspira y que es un concepto que la mayoría de los partidos políticos repiten como un mantra en sus programas electorales, la realidad es que esa igualdad de oportunidades fomentada por las Administraciones Públicas no llega a todos. En ocasiones es por falta de presupuesto, que limita las inversiones en una zona determinada o en un colectivo vulnerable. En otras es por prioridades a la hora de implementar las políticas públicas del gobierno de turno que se traducen en desequilibrios entre territorios y ahondan en la desigualdad de rentas.

Imagen promocional de las Becas SERÉ.

La semana pasada te contamos que la Generalitat de Cataluña había ofertado 110 becas en áreas de cultura por 1.250 euros brutos mensuales con un horario de ocho a tres de la tarde y a principios de mes nos hicimos eco de las becas de Redeia (red Eléctrica), que ofrecía 1.000 euros al mes en una empresa donde su presidenta cobra 546.000 euros anuales. Ahora te contamos que también existen becas por estudiar para opositar, no solo para hacer prácticas en una empresa. Por ejemplo, en junio del año pasado, la Generalitat Valenciana abrió el plazo para solicitar una beca de 700 euros al mes, con un máximo de 12 meses, para jóvenes opositores de menos de 35 años que preparaban el examen para trabajar en la Administración Autonómica. Se mejoraron las condiciones respecto de la propuesta inicial de 2022 (500 euros y máximo 30 años).

Hace unos días, el Gobierno de Pedro Sánchez sacaba pecho e informaba de que la tercera convocatoria de las Becas SERÉ, para preparar las oposiciones a las Carreras Judicial y Fiscal, al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y al Cuerpo de Abogados del Estado, había sido un éxito. Las solicitudes han aumentado en un 30% con respecto al año anterior, pasando de 1.189 a 1.552.

El objetivo de estas becas es impulsar la igualdad de oportunidades en el acceso a los cuerpos más altos de la Administración de Justicia, garantizando que los estudiantes de Derecho puedan preparar las oposiciones sin que la renta familiar condicione su decisión. Además, contribuyen a hacer efectivos los derechos y principios que consagra la Constitución Española, democratizando el acceso al empleo público bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad. Por este motivo, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que dirige Félix Bolaños, ha reforzado en 2024 este programa de becas incrementando el número de becas y su cuantía, según un comunicado consultado por este digital. Pero hemos comprobado que, entre ministerios, como el de Hacienda, existe una disparidad en la concesión de becas, ya sea por número y por la cuantía.

El presupuesto de las Becas SERÉ 2024 ha aumentado un 52,7% en relación con el año pasado, hasta alcanzar los ocho millones de euros, y casi un 400% con respecto al primer año. Esto permite aumentar el número de becas a 1.000 (un 26% más que en 2023) y mejorar a su vez la dotación hasta los 8.000 euros al año (un 21% más que el año pasado). Estas becas, impulsadas por primera vez en democracia en el año 2022 y cuya tercera convocatoria se publicó el 31 de mayo, tienen el objetivo de impulsar la igualdad de oportunidades en el acceso a los cuerpos más altos de la Administración de Justicia, ya que los estudiantes con vocación podrán optar a preparar estas oposiciones sin que la renta familiar condiciones su decisión.

En este sentido, Bolaños ha señalado que, tras el impacto positivo de las convocatorias anteriores, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha reforzado este programa de becas desde una doble perspectiva: por un lado, incrementando su presupuesto, y, por otro, poniendo en marcha una campaña de información y difusión que las dota de una identidad y de una imagen gráfica que las hace reconocibles y facilita su institucionalización como política pública permanente. Un incremento importante con respecto a la primera convocatoria (2022), que contó con una dotación presupuestaria de 1,6 millones de euros, y a la segunda (2023), de 5,2 millones de euros.

Instituto de Estudios Fiscales 

El Instituto de Estudios Fiscales (IEF), adscrito al Ministerio de Hacienda, ha abierto el periodo de inscripción para sus becas destinadas a la preparación de pruebas selectivas de ingreso en cuerpos del Ministerio. El plazo para presentar solicitudes finaliza el 5 de julio de 2024. Estas becas tienen como objetivo contribuir al principio de igualdad de oportunidades y eliminar barreras socioeconómicas en el acceso a la función pública. Están destinadas a personas con rentas bajas o muy bajas que hayan decidido preparar una de las oposiciones de turno libre para los cuerpos adscritos al Ministerio de Hacienda.

Entre los cuerpos para los que se preparan estas oposiciones se incluyen el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, el Cuerpo Superior de Gestión Catastral, entre otros, el Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública el Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública y Cuerpo de Profesores Químicos de Laboratorio de Aduanas. En septiembre del año pasado nos hicimos eco del malestar de los inspectores de Hacienda ante las intenciones de la titular del departamento, María Jesús Montero, de ofertar plazas sin oposición con sueldos públicos de más de 50.000 euros brutos anuales.

Y la pregunta del millón es ¿cuántas familias de rentas bajas o muy bajas tienen a un hijo que, después de haber hecho el esfuerzo de que curse estudios universitarios con éxito, siga sin aportar un sueldo a casa, demorando su incorporación al mundo laboral y su emancipación porque va a preparar una oposición?

Para este año 2024, el IEF ha convocado un total de 30 becas y dos plazas son para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Las becas se conceden por un período máximo de 12 meses, prorrogable hasta en dos ocasiones sucesivas, a partir del día siguiente a la publicación de la resolución de concesión. Los beneficiarios recibirán una ayuda de 7.000 euros brutos anuales, que se abonará en un único pago con carácter anticipado. Con las dos prórrogas el becado podría ingresar serían 21.000 euros.

Entre los requisitos para solicitar estas becas se incluyen tener nacionalidad española, estar en posesión del título de licenciado, ingeniero, arquitecto o grado al término del plazo de presentación de solicitudes, y no superar los umbrales de renta familiar establecidos.

Además, los beneficiarios deberán comprometerse, mediante declaración responsable, a presentar en plazo y forma la instancia para participar en alguno de los procesos selectivos para el ingreso en los cuerpos a los que se refiere la resolución, y a preparar la fase de oposición bajo la dirección de un centro especializado, o de uno o varios preparadores, en el supuesto de que le sea concedida la beca. Es decir, que esos 7.000 euros anuales sí o sí se destinarán a contratar los servicios de una academia de oposiciones o de preparadores. No es una ayuda para el alquiler de un piso o para llenar la nevera.

¿Cuánto cuesta opositar?

Los costes dependen de varios factores como el tipo de oposición, el tiempo de dedicación, modalidad de preparación (por libre, en academia o con preparador) y los materiales didácticos necesarios (libros y apuntes). Según el portal especializado Oposita Test, por regla general, una oposición el grupo A1 cuesta más de preparar que las de C2 ya que se requiere más tiempo de estudio, el precio de los temarios se dispara y la academia o el preparador tienen tarifas más elevadas por sus servicios. Por ejemplo, no es lo mismo el temario para preparar una oposición para auxiliar administrativo del Estado que para una plaza de juez. El primero ronda los 65 o 75 euros mientras que por el segundo se abonan de 600 a 700 euros. Además, una academia de oposiciones puede costar cerca de 120 euros mensuales y por un preparador de oposiciones (esos a los que vas a su casa a ‘cantar’ los temas) debes preparar unos 150, 200 e incluso 300 euros al mes.

Las tasas de examen también hay que incluirlas en el listado de gastos: 20 o 30 euros por prueba, aunque hay descuentos para colectivos vulnerables. Y no te olvides de comprar paquetes de folios, libretas, bolígrafos… aunque las nuevas tecnologías han cambiado mucho las formas de estudio.

Anuncio de 40.121 plazas

Además, esta semana, el Gobierno anunció una gran oferta pública de empleo, según datos de los sindicatos, de hasta 40.121 plazas. La cifra casi dobla la cantidad de 2018, cuando Sánchez llegó a La Moncloa y supera a la del año pasado de 39.574. El objetivo es compensar el recorte de empleo público durante la Gran Recesión (2008-2013) cuando se desplomó la oferta y no se cubrían miles de plazas por jubilación. En esta ocasión, el Ejecutivo va a centrarse en empleo público para los servicios de atención a la ciudadanía, como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social, las oficinas, muy saturadas, de la Dirección General de Tráfico.

Según UGT, casi la mitad de las plazas, 20.840, serán para la Administración General del Estado de turno libre y otras 10.600, al menos, son para promoción interna. A esto hay que sumar casi 8.700 para las Fuerzas Armadas y Cuerpos y Seguridad del Estado). “Son cifras aproximadas”, recalcan. Sin embargo, el principal sindicato de funcionarios, CSIF, rechaza la oferta del Gobierno ya que no soluciona el “déficit de plantillas”. En suma, la oferta presentada “reduce el número de empleo neto respecto al ejercicio anterior, lo que impedirá afrontar las deficiencias estructurales en esta administración y se produce una nueva pérdida de efectivos en el colectivo de personal laboral”. En un comunicado, el sindicato recuerda que los procesos de oferta de empleo público llevan un retraso desde 2019, con casi 50.000 plazas sin cubrir. Así, CSIF reclama coger el toro por los cuernos ante la jubilación del 60% de la plantilla en los próximos diez años y eliminar la tasa de reposición. Para este sindicato, la Administración Pública del Estado ha perdido 40.000 empleados en los últimos años, casi la misma cifra anunciada la semana pasada.

Y un anuncio de oferta pública de empleo no se traduce en nuevos puestos de trabajo de la noche a la mañana, tampoco en los próximos meses, con la consecuente bajada inmediata del paro y el aumento de los cotizantes a la Seguridad Social. Según el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), las ofertas de empleo público deben ser ejecutadas en un plazo máximo de tres años desde su aprobación. Es decir, al ciudadano que haya leído esta noticia y esté interesado en opositar y presentarse a una de las plazas anunciadas le espera un largo proceso administrativo, de sacrificio y de estudio. Si aprueba y pasa todas las fases podría incorporarse al mundo laboral ¿en 2027?