La iniciativa ciudadana +Democracia ha presentado esta semana un exhaustivo paquete de 40 medidas destinadas a combatir la corrupción y fomentar una regeneración democrática profunda en España. La organización, que lleva más de una década haciendo propuestas para mejorar el sistema político e institucional del país , subraya la urgencia de estas reformas ante la creciente desafección ciudadana y el descrédito institucional provocado por los recientes escándalos de corrupción.

Según +Democracia, la parálisis en el avance normativo para apuntalar la calidad de la democracia es un caldo de cultivo para la desconfianza hacia la política. La organización critica que, a pesar de los anuncios de medidas contundentes que llenan titulares, muchas no se implementan, llevando al desencanto ciudadano y a una crisis de credibilidad.

Luis Bárcenas, famoso por gestionar la contabilidad B del PP.

Entre las medidas más destacadas, +Democracia propone una serie de acciones concretas enfocadas en la transparencia y el control de la corrupción:

Creación de una Agencia Antifraude centralizada: Se propone agrupar las competencias de los siete organismos actuales dedicados a prevenir la corrupción, además del Tribunal de Cuentas, en un único gran órgano independiente y bien dotado de medios. Esta agencia operaría como paraguas de entidades como la Oficina de Conflicto de Intereses, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y la Autoridad Independiente de Protección del Denunciante.

Dotación de recursos a la Autoridad Independiente de Protección del Informante: Se exige una dotación significativa de medios y personal para garantizar que esta autoridad, recientemente nombrada, pueda luchar eficazmente contra la corrupción.

Aprobación urgente de la Ley de Gobierno Abierto: Esta ley establecería el derecho de acceso a la información como fundamental, reduciendo la opacidad y limitando las excepciones. Además, dotaría al Consejo de Transparencia de un régimen específico de infracciones y mayor independencia.

Control riguroso de las declaraciones de bienes de cargos públicos: Se encomendaría a la Agencia Tributaria y a la Oficina de Conflicto de Intereses la comprobación de las declaraciones de bienes de todos los cargos públicos y la verificación de las variaciones al finalizar los mandatos.

Prohibición de indultos por corrupción: Una medida directa para reforzar la rendición de cuentas.

Transparencia total en la financiación de partidos: Se propone una reforma de la Ley de Partidos para obligar a la publicación con máxima transparencia de su financiación y remuneración de cargos, incluyendo donaciones voluntarias y sobresueldos. También se plantea la exclusión de financiación pública por diez años a partidos que incurran en financiación irregular.

Fortalecimiento de partidos e instituciones

El informe de +Democracia, que actualiza propuestas de 2015 y 2024 , destaca la "enorme debilidad" de los partidos políticos españoles en relación a su calidad democrática, con el PSOE y el PP situándose por debajo de la media. La organización propone, entre otras cosas, revisar las conclusiones de la comisión de estudio del Congreso sobre partidos políticos para implementar mejoras en su democratización interna y control de integridad.

Además de las medidas específicas contra la corrupción, las propuestas de +Democracia abarcan áreas como el Parlamento, la Justicia, la Contratación Pública y el Tribunal de Cuentas. Se incluye la reforma de las comisiones de investigación en las Cortes Generales para dar mayor capacidad a los grupos minoritarios , la protección de la autonomía de diputados y senadores , y la regulación de la actividad de los grupos de interés.

En el ámbito de la Justicia, se busca profundizar en la independencia de la Fiscalía General del Estado y reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para buscar el máximo consenso y asegurar nombramientos objetivos.

Antes de enumerarlas (40 medidas), queremos dejar constancia de que, más allá de aspectos éticos, la lucha contra la corrupción es un enorme negocio para España. Según los informes de organismos especializados e instancias como la OCDE, con una inversión de entre 50 y 100 millones de euros, que requeriría la puesta en marcha de las medidas que aquí se plantean, se generaría un retorno de más de 1.000 millones de euros. 

Sobre los partidos políticos

1. Revisar las conclusiones de la comisión de estudio del Congreso de los Diputados en la XIII legislatura sobre partidos políticos para implementar sus principales conclusiones para la mejora de la calidad democrática y la financiación de los partidos políticos.

 2. Reformar la ley de partidos para mejorar su democratización en términos de organización y funcionamiento interno, incrementar el control de integridad de manera eficaz, reforzar la transparencia, exigir mayor rendición de cuentas e implementar medidas más exigentes para controlar su financiación.

3. Introducir en la ley de partidos la obligación de publicar con la máxima transparencia lo relativo a su financiación y remuneración de sus cargos públicos y orgánicos, incluyendo las donaciones voluntarias de sus representantes electos y cargos de gobierno, así como los sobresueldos de cualquiera de sus miembros y los criterios a los que obedecen.

4. Incorporar la obligación de crear órganos de control ético y órganos de garantías de los derechos de los afiliados en los partidos políticos, autónomos y con garantías de independencia de las direcciones ejecutivas.

5. Instaurar en todos los partidos -como establece la ley 2/2023 de lucha contra la corrupción- un canal interno anónimo de denuncias. Esta vía debe ser reforzada designando como responsable del mismo a un/a oficial de cumplimiento protegido frente a cualquier represalia o presión, de forma que cualquier militante, simpatizante o cargo público pueda denunciar anónimamente con todas las garantías los casos que pueda conocer de corrupción o abuso de poder – incluidos los comportamientos machistas-. 

Sobre las instituciones del Estado

6. Crear una agencia antifraude, que sea nombrada y rinda cuentas ante el parlamento, con capacidad de operar, investigar y sancionar de manera independiente. En la actualidad existen siete organismos, además del Tribunal de Cuentas, dedicados a prevenir la corrupción y esta proliferación de organismos, lejos de aumentar la eficiencia del sistema, puede debilitarlo, por lo que se recomienda agruparlo en un gran órgano independiente y bien dotado de medios. Esta nueva Oficina Antifraude debería operar como paraguas de todas las competencias ahora distribuidas entre dichos organismos: la oficina de conflicto de intereses, el Consejo de Transparencia y buen gobierno, Oirescon, la Oficina Nacional de Auditoría-Seneca, la Dirección general de Gobernanza, inspección de servicios y la Autoridad Independiente de protección del denunciante.

7. Dotar de medios y personal a la Autoridad Independiente de protección del Informante recientemente nombrada. Una dotación significativa que demuestre el compromiso del gobierno con una autoridad realmente independiente y con capacidad operativa suficiente para luchar contra la corrupción de manera eficaz.

 8. Crear oficinas antifraude y de lucha contra la corrupción en las comunidades autónomas, con competencias y medios suficientes. Restaurar las capacidades de las oficinas antifraude de Valencia y Baleares, laminadas por las últimas actuaciones de sus gobiernos autonómicos.

 9. Mejorar diversas disposiciones legales en el ámbito sancionador, incluyendo la figura del delito por enriquecimiento ilícito ya incorporada al código penal, para que sea aplicable de forma más efectiva.

10. Aprobar urgentemente la ley de gobierno abierto, estableciendo el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, reduciendo las opciones de opacidad, limitando las excepciones, estableciendo la transparencia desde el diseño de las políticas públicas. Para los casos de limitaciones por seguridad del estado, estas deberán ser temporales. Se dotará al Consejo de transparencia de un régimen específico de infracciones, multas coercitivas y sanciones frente a los incumplimientos de la ley así como de mayor independencia.

11. Adaptar la Ley de Secretos Oficiales al marco constitucional y a la Ley de Gobierno Abierto.

12. Encomendar a la Agencia Tributaria y la Oficina de Conflicto de Intereses la comprobación de las declaraciones de bienes de todos los cargos públicos y la verificación de las variaciones al terminar los mandatos.

13. Implementar un plan de acción para reforzar la Oficina de Recuperación de Activos (ORDA) de cara a recobrar el capital público perdido por casos de corrupción.

14. Aplicar rigurosamente la regulación sobre la responsabilidad patrimonial de los condenados por corrupción y la de quienes dolosamente generan daños patrimoniales a la Administración que obliguen a devolver lo sustraído/perdido incluso respondiendo con bienes personales.

15. Incrementar los medios del Servicio de Prevención contra el Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) para el mejor cumplimiento de sus funciones.

16. Prohibir los indultos por corrupción.

17. Restaurar y dotar con los medios suficientes la Oficina de Evaluación de Políticas Públicas e Impacto Legislativo, pero haciéndola dependiente del legislativo, diferenciándola así de la función de rendición de cuentas que debe hacer el ejecutivo.

18. Lanzar campañas de información a empleados públicos, a las empresas que contratan con la administración y al público en general para sensibilizar sobre la intolerancia con toda forma de corrupción y comunicar las opciones para denunciar anónimamente los casos de corrupción y las opciones de protección de los denunciantes. 

Contratación Pública

19. Hacer cumplir la ley de contratos de manera que las empresas que participen en prácticas corruptas en la contratación pública, o cuyos directivos lo hagan con financiación de la empresa, no puedan volver a contratar con la administración durante un tiempo suficientemente desincentivador.

20. Valorar las ofertas de licitación pública a través de órganos de la administración independientes con personal técnico especializado y con acreditación de sus conocimientos y su integridad, con las competencias que establece el marco europeo ProcurCompEU, modificando la Ley 9/2017

21. Evitar que las ofertas económicas sean el único factor determinante (con el recurso fraudulento a las bajas temerarias) para la adjudicación, y garantizar que las especificaciones técnicas sean sólidamente establecidas por expertos e incorporen cláusulas de compra responsable.

22. Controlar la contratación desde la fase previa de planificación, controlando la información privilegiada, y también la fase post-adjudicación, sancionando las modificaciones y cambios fraudulentos y declarar la nulidad de los contratos públicos, concesiones o licencia obtenidos mediante un acto afectado por la corrupción.

23. Combatir la corrupción y sancionar duramente a las empresas que generan tales prácticas mediante el un sistema de alertas rojas automatizado en la contratación pública y apertura de investigaciones cuando se produzcan las alertas.

24. Publicar los informes de los servicios internos de los Ministerios en la plataforma de contratación del Estado.

25. Encomendar a la Agencia Tributaria la revisión de la declaración de IRPF y patrimonio de los principales directivos de las grandes empresas que contratan con la administración pública.

26. Reforzar la imparcialidad y profesionalidad de las empresas públicas, orientándose por planes estratégicos a medio plazo y con directivos y consejeros de probada solvencia profesional.

27. Incrementar las penas por delito de prevaricación, recuperando el delito de malversación en sus términos más objetivos. 

Tribunal de Cuentas

28. Reformar la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas para articular mejores instrumentos de control, así como más medios para su desarrollo y fórmulas de colaboración por parte de la AEAT, el INSS y la Oficina de Conflictos de Intereses, y dotarle de más medios y recursos para la reducción drástica de los tiempos de los informes sobre la financiación de los partidos para poder tomar medidas en tiempo y forma.

29. Establecer un sistema de sanciones más severo sobre los comportamientos inadecuados de gestión presupuestaria de los partidos políticos, así como el uso de fuentes de financiación no establecidas. Transparencia total en las donaciones a los partidos políticos y sus empresas y fundaciones.

30. Exclusión durante diez años de la obtención de financiación pública a los partidos políticos que incurran en actividades de financiación irregular.

31. Elaborar por parte del tribunal de cuentas, al año de terminar cada campaña electoral, un informe mediante un equipo de expertos que investigue y detalle los costes electorales de campaña de cada uno de los partidos políticos y lo contraste con las cuentas presentadas por cada partido. Cortes Generales Reformar los reglamentos del Congreso y del Senado, cuestión largamente pospuesta y hoy ya urgente, que debiera:

32. Reformar las comisiones de investigación incrementando la capacidad de los grupos parlamentarios minoritarios para impulsar comisiones de investigación a propuesta de 1/4 del parlamento (ver Alemania o Portugal) y regular sus plazos de constitución para acortar tiempos, así como eliminar el voto ponderado e introducir voto secreto.

33. Proteger la autonomía de diputados y diputadas, senadores y senadoras frente a las direcciones de sus partidos y frente a la influencia del poder ejecutivo en la labor legislativa. Además, es necesario reforzar el papel del presidente o presidenta de ambas cámaras como valedores de la autonomía parlamentaria frente a otros poderes e instituciones del Estado.

34. Incorporar en los reglamentos del Congreso y del Senado (en línea con las propuestas planteadas por el Grupo Parlamentario Vasco y el PP) la obligación del Ejecutivo, tras la apertura de cada periodo de sesiones, de remitir a las cámaras el informe detallado sobre el grado de cumplimiento de Proposiciones no de Ley, Mociones y Resoluciones aprobadas y/o rechazadas en el periodo de sesiones anterior.

35. Regular la actividad de los grupos de interés, dando traslado de la legislación europea en materia de transparencia, registro, código de conducta, huella legislativa y transparencia de las agendas de los miembros de la Cortes Generales.

36. Sancionar efectivamente los incumplimientos del Código ético de las Cámaras Justicia.

37. Profundizar en la independencia de la Fiscalía General del Estado, estableciendo mandatos diferentes del ejecutivo y el carácter irremovible del fiscal general del Estado.

38. Reimplantar el Procedimiento de instrucción a manos de la fiscalía y del juez de garantías, como ha sido tradición en nuestro sistema judicial.

39. Diseñar un sistema de evaluación del rendimiento y de la rendición de cuentas por parte de los jueces, tal como hacen otros países de nuestro entorno.

40. Proceder a una reforma del sistema de elección del CGPJ que no altere las mayorías actuales y busque el máximo consenso parlamentario posible, pues ése será la medida de su éxito y de la estabilidad futura de tan alta institución. Para evitar una situación como la vivida, +Democracia elevó al Consejo y a los grupos políticos la propuesta de establecer un límite de mandato improrrogable y un sistema de concurso como alternativa a la ausencia de acuerdos futuros en la renovación de órgano de gobierno de los jueces. Al mismo tiempo, creemos necesario establecer un sistema objetivo de ascensos y nombramientos de la cúpula del poder judicial dependientes del CGPJ, asegurando así nombramientos motivados y fundados en criterios objetivos previamente definidos.

+Democracia es una organización política ciudadana, que quiere influir en las instituciones, partidos, medios de comunicación y opinión pública trabajando en red para mejorar la calidad de nuestra democracia e incrementar la participación política ciudadana.