El pacto entre el PSOE y el PP en O Carballiño (Ourense), sellado al inicio del actual mandato municipal, no ha dejado de generar controversia a medida que se conocen sus consecuencias más directas. Aunque inicialmente el socialista Francisco José Fumega Piñeiro revalidó la alcaldía gracias al respaldo del Partido Popular, su decisión de mantener esta alianza le costó la expulsión del PSOE en febrero de 2025. Desde entonces, Fumega gobierna como alcalde independiente, sin respaldo oficial del partido con el que fue elegido. En virtud del acuerdo, el PSOE dirigiría los tres primeros años del mandato y el PP asumiría la alcaldía en el último, previsiblemente bajo el mando del popular José Rafael Castro-Gil Seijas. 

La sección de transparencia de la página web municipal que hace referencia al currículum de cada concejal, incluido el del alcalde, está vacía en el momento de redactar este artículo. De igual modo, sin contenido están las secciones de: agenda, retribuciones, indemnizaciones, regalos, declaraciones de bienes y gastos de alcaldía, entre otros. No es el único, en febrero de de este año informamos sobre la misma circunstancia, pero con un municipio de 83.000 habitantes. Tenía el Portal de Transparencia vacío. La sección 1.6 Institucional altos cargos sigue vacía cinco meses después con carpetas, como la de retribuciones, indemnizaciones y gastos con cero documentos.

Francisco José Fumega Piñeiro.

Aunque este acuerdo no se formalizó como una coalición pública, en la práctica ha supuesto una alianza que ha dado estabilidad al gobierno local y ha facilitado la aprobación de decisiones con fuerte impacto político, económico y social. Los ejemplos más flagrantes son una subida significativa de los sueldos públicos, la adjudicación del contrato del ciclo del agua a una empresa sin experiencia previa —con un valor de más de 55 millones de euros y una duración de dos décadas—, y una posible duplicidad en la gestión de fondos europeos que podría poner en riesgo cinco millones de euros del PERTE.

Uno de los efectos visibles de esta gobernabilidad pactada fue el incremento de las retribuciones del equipo de gobierno. Fumega renovó su dedicación exclusiva al cargo con un salario bruto anual de 43.767 euros, según Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA), con datos de 2023. Esta cifra representa una subida de cerca del 10%, con respecto a los 39.800 euros que percibía en el anterior mandato desde 2019.

Además del alcalde, otros miembros del ejecutivo local también vieron incrementadas sus retribuciones, alcanzando en conjunto una cifra global de más de 94.000 euros brutos anuales en sueldos públicos. La medida se justificó formalmente por el equipo de gobierno como una actualización necesaria, aunque ha sido duramente criticada por partidos de la oposición. En el momento de su aprobación, todos los partidos de la oposición —PP, Espazo Común y BN— mostraron su rechazo a la subida salarial, calificándola de innecesaria y fuera de lugar. El Partido Popular, en concreto, votó en contra de la propuesta en aquel pleno, argumentando que los incrementos no se ajustaban al contexto económico del municipio. Sin embargo, poco después, con la firma del pacto de gobierno entre PSOE y PP, los 'populares' asumieron esa subida como parte del acuerdo de gobernabilidad, pese a haberla criticado públicamente semanas antes.

Polémica adjudicación del agua

Una de las decisiones más controvertidas del mandato municipal ha sido la adjudicación del contrato del ciclo integral del agua por un periodo de 20 años y un valor estimado superior a los 55 millones de euros para un municipio de unos 14.000 habitantes. La UTE Copasa-Geseco-Espina, que fue la mejor puntuada técnicamente, se perfila como adjudicataria, pese a no contar con experiencia previa en la gestión integral del agua y a presentar una de las ofertas menos rentables para el ayuntamiento.

Según los informes técnicos del expediente (valoración del sobre B y análisis económico del sobre C), la propuesta de Copasa podría suponer una pérdida de hasta 14 millones de euros para las arcas municipales, frente a otras ofertas más ventajosas de empresas como Aqualia, Viaqua, Gestagua o Sacyr.

Uno de los aspectos más cuestionados es que el canon ofrecido por Copasa fue solo del 6%, mientras que otras licitadoras ofrecieron hasta un 22% o incluso un 32% (en el caso de Acciona), lo que habría significado más ingresos directos para el Concello. A pesar de esto, la puntuación técnica —basada en criterios subjetivos— favoreció a Copasa gracias a un sistema de corrección que reescaló automáticamente su nota de 35,64 a 45 puntos, lo que desvirtuó las diferencias reales entre propuestas. Este sistema, aunque previsto en los pliegos, ha sido muy criticado por dar excesivo peso a aspectos subjetivos en detrimento de la rentabilidad. A esto se suma que Copasa no tiene experiencia directa en la gestión del ciclo del agua. Su paso por Lalín, donde sí tuvo responsabilidades similares, fue altamente conflictivo y objeto de múltiples críticas vecinales y administrativas.

A nivel político, ha sorprendido la poca implicación de los diferentes partidos representados en el ayuntamiento frente a las dudosas prácticas que se han dado a lo largo de todo el proceso concursal de uno de los contratos más importantes y cuantiosos a nivel municipal. Tan solo el grupo municipal Espazo Común, en febrero de 2025, denunció públicamente un posible conflicto de intereses en la mesa de contratación del concurso del agua, lo que obligó a dimitir a uno de los técnicos cualificados. Esta dimisión dejó a la mesa sin perfiles técnicos independientes, debilitando su capacidad de valorar con criterio propio las propuestas y aumentando la dependencia de los informes elaborados por la consultora Tirse, también cuestionada. Ya en enero, Espazo Común había presentado un recurso de reposición alertando sobre la falta de transparencia del proceso, y señalando que algunos miembros de la mesa eran perfiles políticos sin formación específica.

Además, el grupo registró en el Concello una documentación que, según sus propias palabras, probaba la existencia de una “trama” en torno al contrato, insinuando que el resultado estaba predeterminado y que la empresa adjudicataria estaba ya decidida desde el inicio. En su momento, llegaron a afirmar que el proceso tenía “nombre y apellidos”. Sin embargo, el desenlace del concurso ha desmentido esas sospechas: el contrato no fue adjudicado inicialmente a quien ellos apuntaban, sino a una UTE distinta, lo que deja en entredicho la solidez de sus acusaciones. ¿Recuerdas los detalles de otra 'trama', la de los cargos de Ada Colau y todas sus conexiones personales y profesionales?

El PERTE del agua, en riesgo por duplicidad de fondos

A la polémica del contrato se suma un posible problema con los fondos europeos del PERTE del ciclo del agua. O Carballiño forma parte de un proyecto conjunto con otros cinco concellos gallegos para optar a cinco millones de euros en ayudas europeas, pero según reveló Servimedia, una posible duplicidad en la gestión o en las solicitudes podría dejar al municipio fuera del reparto.

De confirmarse esta irregularidad, O Carballiño no solo perdería una inversión estratégica, sino que vería aún más cuestionada su gestión técnica y política en un área crítica como es el abastecimiento y saneamiento de agua.

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