¿Motivos personales o supuesta 'mordida'?: Dimite el presidente del TEAC tras cobrar casi 117.000 euros brutos en 2024
El Gobierno ha reaccionado con celeridad ante esta coyuntura y nombra a José Ignacio Ruiz Toledano
El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) se encuentra en el centro de la atención tras la sorpresiva dimisión de su presidente, José Antonio Marco Sanjuán. La renuncia, oficialmente atribuida a "motivos personales", coincide con la publicación de una información en el periódico El Debate que señala al ahora expresidente por el presunto cobro de "mordidas" a un empresario a cambio de anular multas previamente recurridas. Esta dimisión sacude los cimientos de una institución fundamental en la resolución de los litigios entre los ciudadanos y la Administración tributaria. Concretamente, según la información publicada, el ya expresidente del TEAC habría cobrado pagos superiores a los 100.000 euros por parte de empresarios a cambio de anularles las sanciones del fisco.
La salida de Marco, al frente del TEAC desde 2018, cierra una etapa de siete años en este organismo crucial para la resolución de conflictos tributarios. Su nombramiento en su momento fue visto como una apuesta por la continuidad y la experiencia dentro de la propia administración. Inspector de Hacienda del Estado y funcionario de carrera con más de tres décadas de servicio público, Marco había ocupado cargos de relevancia desde 1998 bajo el amparo de diferentes gobiernos, lo que subraya su perfil técnico y su capacidad para adaptarse a distintos entornos políticos. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza y licenciado en Derecho por la UNED. Pertenece a la cuarta promoción del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado (especializado en Inspección y Aduanas e Impuestos Especiales).
Entre sus puestos anteriores destacan su desempeño como delegado de la Agencia Tributaria en Palencia y Zamora, y la presidencia del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León desde 2005 hasta 2018, antes de asumir la máxima responsabilidad en el TEAC. Su larga trayectoria lo convertía en una figura con un profundo conocimiento del funcionamiento interno y las complejidades del sistema económico-administrativo español.
J.A. Marco Sanjuán.
Según el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado, el presidente del TEAC tiene la categoría de director general y es nombrado y separado por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta de la Ministra de Hacienda y Función Pública, la actual María Jesús Montero. El presidente fija mediante acuerdo la creación, composición y supresión de las Salas, el reparto de atribuciones entre éstas y el Pleno y la distribución de asuntos entre las Salas. Asimismo le corresponde la dirección de la organización y funcionamiento de los Tribunales Económico-Administrativos, y, en coordinación con la Secretaría de Estado de Hacienda y la Subsecretaría del Departamento, la programación de las dotaciones de medios personales y materiales de los Tribunales.
Marco cobró 116.896 euros brutos, incluidos 12 trienios de antigüedad por su codición de funcionario en 2024, según Transparencia. No obstante, el rango de director general percibe una retribución, entre sueldo, complemento de destino, complemento específico y pagas extraordinarias de unos 63.500 euros en 2023. La diferencia entre las dos cantidades se debe al complemento de productividad y en menor medida, a la antigüedad. En 2023, percibió 114. 256 euros, con 11 trienios y un año antes, 109.703 euros. La cifra exacta de los seis meses y medio de 2025 se dará a conocer durante los primeros meses de 2026.
El Gobierno ha reaccionado con celeridad ante esta coyuntura, nombrando a José Ignacio Ruiz Toledano como el nuevo presidente del TEAC, organismo directamente dependiente del Ministerio de Hacienda. Ruiz Toledano, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y también Inspector de Hacienda del Estado, aporta una sólida experiencia y un perfil técnico similar al de su predecesor. Desde julio de 2018, se desempeñaba como vocal de Imposición Directa de las Personas Físicas en el propio TEAC, lo que le confiere un conocimiento interno actualizado de la institución. Su dilatada carrera incluye importantes puestos en el Ministerio de Hacienda, en la Dirección General de Tributos y en la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Además, su experiencia se extiende a los propios Tribunales Económico-Administrativos, donde fue vocal coordinador de Tribunales Regionales en el TEAC desde 2000 hasta 2007, y posteriormente presidente del Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Madrid desde 2008 hasta julio de 2018, antes de su regreso al TEAC. Su currículum se completa con su participación como vocal del Consejo para la Defensa del Contribuyente, lo que le otorga una perspectiva amplia sobre los derechos y garantías de los ciudadanos frente a la administración.
Reclamaciones
Los Tribunales Económico-Administrativos son piezas clave en el sistema de reclamaciones contra actos tributarios. Su función principal es resolver las reclamaciones que interponen los contribuyentes contra las decisiones de la Agencia Tributaria y otras administraciones con competencias fiscales, ofreciendo una vía de revisión previa a la judicial. Cada año, el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) elabora una memoria detallada que ofrece una radiografía completa de su actividad y la de los Tribunales Regionales y Locales. Estos documentos no solo recogen datos estadísticos sobre las reclamaciones presentadas y las resoluciones dictadas, sino que también proporcionan información relevante sobre la estructura organizativa, los recursos humanos y los desafíos operativos de estos organismos, lo que permite comprender mejor su funcionamiento y la evolución del contencioso tributario en España.
Según la Memoria 2023 del Tribunal Económico-Administrativo Central, que compila los datos de todos los Tribunales Económico-Administrativos (TEAC, Regionales y Locales), el personal adscrito a estas instituciones ascendía a un total de 681 personas a 31 de diciembre de 2023. Este equipo humano es el motor que permite la tramitación y resolución de miles de reclamaciones anualmente. La distribución de este personal se encuadra principalmente en dos categorías de empleados públicos: el personal funcionario, que suma un subtotal de 665 personas, lo que representa una abrumadora mayoría del 97,65% del total, reflejando la naturaleza eminentemente pública y especializada de los tribunales. El restante personal laboral, con 16 personas, constituye un porcentaje del 2,35%. La Memoria desglosa aún más la composición del personal funcionario por el grupo de pertenencia (A1, A2, C1, C2), lo que indica la alta cualificación técnica requerida para la mayoría de los puestos, con una preponderancia de grupos A (técnicos superiores e intermedios) que son fundamentales para la labor jurídica y de análisis de expedientes.
En el apartado económico, si bien la Memoria no desglosa el presupuesto consolidado por cada centro de manera individual, sí señala la existencia de una partida presupuestaria específica dentro de los Presupuestos Generales del Estado destinada a los "Servicios de los TEAC y TEAR". Este detalle, aunque general, subraya la importancia de la asignación de recursos públicos para garantizar el funcionamiento y la independencia de estos tribunales, poniendo de manifiesto la relevancia de la eficiencia en el gasto público como un pilar fundamental en la gestión de estos tribunales y en el cumplimiento de sus objetivos de actividad, así como su compromiso con la sostenibilidad del sistema.
El ejercicio 2023 marcó un hito significativo en la actividad de los Tribunales Económico-Administrativos, evidenciando un notable incremento en su productividad y capacidad de gestión. Durante este periodo, se registró una impresionante entrada de 239.177 reclamaciones, convirtiéndose en la cifra más alta de los últimos cinco años. Este dato es crucial, ya que refleja un aumento en la conflictividad tributaria o, al menos, en la decisión de los contribuyentes de acudir a estas instancias. Sin embargo, lo más destacable es la capacidad de resolución demostrada por los Tribunales: se dictaron 259.596 resoluciones económico-administrativas, superando con creces el número de reclamaciones recibidas y demostrando un esfuerzo considerable por reducir el volumen de expedientes pendientes.
Analizando la tendencia a medio plazo, el promedio de reclamaciones presentadas en los Tribunales durante los últimos cinco años asciende a 210.458. Es interesante notar que el año 2019 fue el de menor entrada, con 180.916 reclamaciones, mientras que 2023 se consolida como el de mayor actividad, lo que sugiere un repunte post-pandemia en la litigiosidad fiscal.
En cuanto a las resoluciones, la tendencia ha sido de un importante incremento, con un promedio de 241.165 resoluciones anuales en el último quinquenio, alcanzando su valor máximo precisamente en 2023. Esta constante mejora en la capacidad resolutiva es un indicador clave del compromiso de los Tribunales con la reducción de la pendencia y la agilización de los procedimientos. Estos datos no solo reflejan un importante aumento de la productividad y el rendimiento de los Tribunales, sino que también subrayan el compromiso de estas instituciones con una sociedad que demanda cada vez más calidad y economía en la resolución del conflicto tributario, buscando ofrecer seguridad jurídica a los contribuyentes.
La Memoria 2023 también permite identificar las áreas geográficas y las materias tributarias que generan un mayor volumen de litigios, ofreciendo una visión granular de la litigiosidad fiscal en España. Se observa que el mayor número de reclamaciones se interpone de manera concentrada en los Tribunales Económico-Administrativos Regionales de Andalucía, Cataluña, Galicia, Madrid y Valencia. Estas cinco comunidades autónomas, que representan los principales motores económicos y demográficos del país, concentran una proporción muy significativa de la actividad, absorbiendo el 69,42% de la entrada de reclamaciones y el 68,97% de las resoluciones dictadas en 2023. Esta correspondencia directa con la situación del tejido social, industrial y económico de estas regiones es un factor clave en la gestión de la carga de trabajo de los tribunales.
En cuanto a la naturaleza de las reclamaciones, es notable que una gran parte de los litigios se concentran en unas pocas materias. Los Actos del Procedimiento Recaudatorio lideran la lista con un 36,55% del total de reclamaciones, lo que indica que una parte significativa de los conflictos surgen en la fase de cobro de deudas tributarias. Le siguen de cerca las reclamaciones relativas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que representan el 25,16% del total, reflejando la complejidad de este impuesto y su impacto directo en la mayoría de los ciudadanos. El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
La Memoria, no obstante, subraya una advertencia importante: la relevancia específica de la materia a la que se refiere la reclamación hace que cualquier análisis puramente estadístico deba acompañarse de una referencia cualitativa, dada la complejidad técnica y la trascendencia económica y jurídica asociadas a cierto tipo de reclamaciones, que, aunque sean menos numerosas, pueden requerir un esfuerzo significativo en su resolución.
