La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) ha entregado este martes la memoria correspondiente al año 2024 en el Parlament, constatando un incremento sin precedentes en su actividad desde su creación en 2009, según un comunicado de la Oficina consultado por este digital. El organismo ha experimentado un aumento significativo en la mayoría de sus áreas de actuación, marcando un año récord en la recepción de denuncias y la tramitación de expedientes. Su director, Miguel Ángel Gimeno Jubero, tenía un sueldo público asignado de 161.701 euros brutos en 2024. El director adjunto percibió 137.392 euros y el director funcional, 125.987 euros. En 2021 ya nos hicimos eco de las retribuciones de los altos cargos. 

Durante 2024, la OAC recibió un total de 1.291 denuncias, lo que supone un aumento del 56% respecto al año anterior y un espectacular 371% por encima de la media anual registrada entre 2010 y 2023 (274 denuncias), tal y como detalla el informe. Este elevado volumen de comunicaciones dio lugar a la tramitación de 1.217 expedientes de evaluación previa de verosimilitud, lo que representa un incremento del 56% en comparación con el ejercicio anterior y un 339% superior a la media del período 2011-2023.

El informe revela que los ayuntamientos fueron las entidades más señaladas en las denuncias, con un total de 522 casos. Les siguen las entidades o empresas privadas (500) y la Generalitat de Catalunya (154). Un dato relevante es que la mayoría de las denuncias y comunicaciones se realizaron de forma anónima a través del buzón específico de la OAC, alcanzando las 890, lo que subraya la importancia de este canal para garantizar la seguridad de quienes deciden informar sobre posibles irregularidades.

Investigaciones y recomendaciones

En el ámbito de las investigaciones, la OAC cerró 79 actuaciones durante 2024, además de llevar a cabo 6 actuaciones de colaboración institucional con la Fiscalía y los Mossos d'Esquadra. El informe también señala que cuatro investigaciones fueron interrumpidas al constatarse la existencia de procedimientos judiciales en curso sobre los mismos hechos. A fecha de 31 de diciembre de 2024, la OAC mantenía 235 actuaciones pendientes de resolución.

De las investigaciones finalizadas, 31 fueron archivadas, mientras que las 48 restantes derivaron en la emisión de 34 informes razonados y 7 recomendaciones dirigidas a las entidades investigadas. Asimismo, se enviaron 12 comunicaciones a autoridades competentes para que iniciaran los procedimientos pertinentes y 4 comunicaciones al Ministerio Fiscal. El 38% de las actuaciones de investigación concluyeron con la elaboración de un informe razonado.

El año 2024 también se destaca por el elevado número de medidas adoptadas por las diferentes entidades y autoridades competentes a raíz de las investigaciones de la OAC, alcanzando un total de 111.

Protección 

Un punto de especial relevancia en la memoria de 2024 es el significativo incremento en la protección de los alertadores de corrupción. Según el comunicado consultado por este digital, la Unidad de Protección de la OAC recibió 41 peticiones de protección durante el año, lo que supone un aumento considerable respecto a las 30 recibidas en 2023. En el transcurso de 2024, la Unidad tramitó 29 resoluciones, otorgando la condición de persona informante protegida a 16 solicitantes. En 3 casos se denegó la protección tras el correspondiente trámite de audiencia, y otras resoluciones estuvieron relacionadas con el derecho de acceso a expedientes o el archivo provisional de solicitudes.

La Unidad de Protección también desarrolló una intensa labor de información y asesoramiento, llevando a cabo un total de 74 reuniones con personas solicitantes para ofrecerles la orientación necesaria tanto en la fase inicial de la presentación de la denuncia como ante posibles represalias.

Además, se adoptaron diversas medidas de protección, incluyendo la declaración formal de que el solicitante cumple con los requisitos legales establecidos en el artículo 35 de la Ley 2/2023, la emisión de dos informes para que el alertador pueda hacer valer sus derechos ante las autoridades pertinentes, y la realización de 36 requerimientos a las entidades afectadas para que informen sobre cualquier acto que pueda repercutir directa o indirectamente en la persona protegida.

Este notable aumento en las solicitudes y concesiones de protección pone de manifiesto la creciente conciencia sobre la importancia de denunciar la corrupción y la labor fundamental de la Oficina Antifraude para garantizar la seguridad y los derechos de quienes dan este paso.

Finalmente, la OAC también ha intensificado su actividad en la supervisión de los canales internos de información en las organizaciones, iniciando 12 actuaciones en este ámbito durante 2024. Además, la Oficina respondió a un total de 109 consultas relacionadas con estos sistemas, lo que evidencia un creciente interés por parte de diversas entidades en fortalecer sus mecanismos internos de prevención y detección de irregularidades.