Pendientes de un alto cargo de Transparencia en Murcia con un sueldo público de 60.000 euros brutos anuales sin el requisito de "reconocido prestigio"
Natalia Sánchez López fue propuesta por el partido ultraconservador y respaldada por el PP
La Fundación Hay Derecho ha anunciado que a finales de abril presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia el escrito de conclusiones en su recurso contencioso-administrativo contra el nombramiento de Natalia Sánchez López como Comisionada de Transparencia. La Fundación sostiene que Sánchez, exasesora de Vox, no cumple con el requisito legal de "reconocido prestigio" para el cargo.
El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia admitió a trámite el recurso en diciembre y ha fijado el 22 de abril como fecha límite para la presentación de conclusiones por ambas partes. La Fundación Hay Derecho argumenta que la ley exige una formación académica y un prestigio reconocido para garantizar la independencia del cargo, requisitos que consideran no se han justificado en este caso.
Natalia Sánchez López.
En una entrevista en la Opinión de Murcia en septiembre de 2024, el periodista le preguntaba a Sánchez López sobre su próximo salario y señalaba que "este comisionado ha sido tildado como un «chiringuito», ya que va a estar dirigido por una persona con un sueldo público de 80.000 euros anuales. La interesada respondía que "el sueldo es inferior, alrededor de 60.000 euros, creo. Pero le puedo decir que voy a perder salario con respecto a mis rentas de años anteriores fruto de mi actividad profesional como abogada, asesora legal y administradora concursal". Según las tablas retributivas del Portal de Transparencia de la Región de Murcia, si el cargo de Comisionada tiene rango de director general, el salario que le corresponde es de 60.424 euros brutos en 2024. Si tiene rango de secretario autonómico, serán 62.841 euros.
El profesor de la Universidad de Murcia y miembro de Hay Derecho, Germán Teruel, ha reiterado la importancia de este recurso para establecer jurisprudencia sobre la necesidad de que el poder político se ajuste al cumplimiento de la legalidad. La Fundación ya había expresado sus dudas sobre la legalidad del nombramiento desde diciembre, cuando interpuso el recurso contencioso-administrativo, tal y como recoge Onda Digital.
La elección de Sánchez como Comisionada de Transparencia fue propuesta por Vox y respaldada por el Partido Popular en la Asamblea Regional de Murcia, y ratificada por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia el 10 de octubre. Este nombramiento ha generado controversia y ahora se encuentra en el centro de un litigio que podría sentar un precedente importante en la región.
"Reconocido prestigio"
La Fundación Hay Derecho interpuso en diciembre de 2024 un recurso contencioso-administrativo contra el nombramiento de Sánchez López como comisionada de la Transparencia de la Región de Murcia. El recurso, que ya fue admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, se debe a que la Fundación considera dudoso el cumplimiento en este caso del requisito establecido en la Ley 1/2024, de 8 de julio, de modificación de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que exige para el puesto tener «reconocido prestigio y competencia profesional».
Tanto el nombramiento como la modificación de la Ley anterior de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia son producto de un acuerdo entre el Partido Popular y Vox.
Esta actuación se enmarca en el ámbito de los litigios que ha emprendido recientemente la Fundación Hay Derecho en relación con los nombramientos en el sector público, particularmente en los organismos de contrapeso, autoridades independientes u organismos reguladores, con los que complementa su labor de investigación realizada en los denominados «Dedómetros» estatales o autonómicos.
«El nombramiento en este tipo de entidades públicas», afirma Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho, «es particularmente relevante porque, si se elige para dirigirlas a personas no idóneas por no reunir los requerimientos legales, se puede poner en peligro su propia función, en este caso las que establece el artículo 38 de la ley autonómica». Por otra parte, añade Safira Cantos, directora general de la Fundación, «la solvencia profesional y el reconocido prestigio suelen ir unidos a una mayor independencia de los candidatos, lo que en este caso también es esencial, al tratarse de un organismo de control y supervisión de la actividad del Gobierno y la Administración en el ámbito de la transparencia».
La Fundación Hay Derecho recurre así, esta vez en el ámbito autonómico, un nuevo nombramiento político de dudosa legalidad, sobre la base de la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en el ‘caso Magdalena Valerio’, que te contamos en Sueldos Públicos. En aquella ocasión, su nombramiento como presidenta del Consejo de Estado fue revocado por no ser una «jurista de reconocido prestigio», tal y como exige la ley. Hay Derecho llevó el caso a los tribunales y el Supremo reconoció la legitimación activa de la Fundación para recurrir este tipo de nombramientos.
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