El colmo para los familiares de las víctimas de la dana: pagarle casi 150.000 euros brutos a Mazón en dos años si dimite a partir del 13 de julio
Desde el 29 de octubre, y las manifestaciones posteriores de miles de ciudadanos pidiendo su dimisión por su gestión, ha ingresado más de 26.700 euros
¿Recuerdas estas palabras?: “La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. Y como fue una indemnización indifi… en diferido, en forma, efectivamente, de simulación de…, simulación, o de…. lo que hubiera sido en diferido en partes de una…, de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social”.
Son las de María Dolores de Cospedal en 2013, cuando ocupaba el puesto de secretara general del PP, con motivo de la finalización de servicios al PP del extesorero condenado por la justicia Luis Bárcenas.
La famosa indemnización en diferido a Bárcenas es ya historia. No es lo mismo, pero para los familiares de las 227 víctimas mortales de la dana, puede ser insultante que el máximo responsable político de la gestión de la catástrofe siga cobrando un sueldo público como ‘premio’, como si fuera una indemnización, prolongada durante dos años si dimite en julio. ¿Podrá aguantar Mazón sin visitar las Fallas, ni la Magdalena de Castellón, los Moros y Cristianos de Alcoy o las Hogueras de Alicante?
Carlos Mazón tiene un sueldo público asignado de 80.173 euros brutos anuales como presidente de la Generalitat Valenciana en 2025. Son 12 pagas de 6.681 euros. Desde el día de la dana, el 29 de octubre y las manifestaciones posteriores de miles de ciudadanos pidiendo su dimisión por su gestión, ha ingresado más de 26.700 euros. Como reside en Alicante y vive de alquiler en Valencia capital por su trabajo, percibe una indemnización por residencia de 11.224 euros, según el Portal de Transparencia autonómico GVA Oberta.
No obstante, Mazón podría garantizarse una remuneración pública de casi 75.000 euros anuales durante dos años si permanece al frente del Consell hasta el próximo 13 de julio., tal y como avanzó elDiario.es hace tres semanas y este jueves ha vuelto a recordar Levante-EMV y otros medios. Ese día se cumplirán dos años desde su investidura, un plazo clave que le permitiría acogerse al Estatuto de los Expresidentes de la Comunitat Valenciana y convertirse en miembro nato del Consell Jurídic Consultiu (CJC), percibiendo ese salario con cargo a las arcas autonómicas durante el mismo tiempo que haya ejercido el cargo. Actualmente, la presidenta del CJC es Margarita Soler Sánchez. En 2024 cobró 80.749 euros además de un complemento de alto cargo de 10.800 euros más 6.766 euros en trienios por su condición de funcionaria. En total, 98.315 euros.
Según recoge la ley 6/2002, en su artículo 4.1, "serán miembros natos del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana durante un plazo de 15 años quienes hayan ejercido el cargo de presidente por un periodo igual o superior a una legislatura completa". No obstante, también establece que "en los restantes casos, serán miembros natos por un periodo igual al tiempo que hayan ejercido el cargo de presidente, con un mínimo de dos años". Este último supuesto es el que podría aplicarse a Mazón, tal y como confirman fuentes jurídicas conocedoras del caso, siempre y cuando complete esos dos años en el cargo.
Las mismas fuentes admiten que la redacción de la norma puede generar cierta confusión, pero coinciden en que, si Mazón supera ese umbral temporal, podrá percibir los cerca de 75.000 euros durante dos años como miembro nato del CJC, aunque su incorporación no tendría por qué ser inmediata. De hecho, según fuentes parlamentarias que revisaron esta normativa cuando Podemos impulsó sin éxito su reforma durante la etapa de Ximo Puig, el expresident podría activar ese derecho retributivo en cualquier momento, ya que el salario funciona como una bolsa acumulable, no necesariamente inmediata.
Este horizonte se perfila en un momento políticamente delicado para el president. Su gestión tras la dana del pasado 29 de octubre ha desatado críticas incluso dentro del propio Partido Popular. Dirigentes del partido reconocen en privado su desconcierto por la estrategia de Mazón para eludir responsabilidades, así como por sus continuos cambios de versión sobre su papel durante aquel episodio. La debilidad del barón valenciano ya ha alimentado las primeras especulaciones sobre un posible relevo, aunque por ahora el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, se mantiene al margen y no ha tomado decisiones sobre su futuro.
En cualquier caso, una eventual salida prematura dejaría a Mazón lejos del objetivo de completar una legislatura entera, requisito para acceder a los 15 años como miembro nato del CJC. La ley electoral define la legislatura como un mandato de cuatro años, y cualquier disolución anticipada de Les Corts dejaría ese horizonte fuera de alcance. Además, los expertos recuerdan que el artículo 4 del Estatuto del Expresidente se redactó en 2002, cuando los presidentes autonómicos no podían adelantar elecciones, una posibilidad que no se incluyó hasta la reforma del Estatut d’Autonomia en 2006.
Más allá de su situación concreta, lo que sí tiene asegurado Mazón, con independencia del tiempo que finalmente permanezca en el cargo, es el derecho a contar con dos asesores, un local, coche oficial y chófer, tal como prevé la ley 6/2002. Esta "oficina de apoyo" no tiene límite temporal y actualmente la disfrutan tres de sus predecesores: Francisco Camps, Alberto Fabra y Ximo Puig.
