El debate de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 en el Congreso de los Diputados ha dejado esta semana algunos momentos interesantes, más allá del tostón que suponen horas y horas de intervenciones que, a todas luces, no merecen atención de la mayoría de los ciudadanos. Uno de esos fue durante la intervención de la diputada y presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y las réplicas de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a cuenta de la sostenibilidad de las pensiones. ¿Es comprensible subirla más de un 9%? Montero le matizó que esa subida está programada para tres años. Además, el debate ha coincidido con la decisión de la Cámara Baja de no incrementar el sueldo público de sus señorías un 1,5% en 2022, para compensar los efectos de la inflación, tal y como se propuso hace unas semanas. Para 2023 sí se prevé una subida del 2,5%.

En un contexto de incertidumbre económica, con los precios de los alimentos, la energía y el transporte disparados, la guerra en Ucrania y los coletazos de dos años de pandemia por la Covid-19, el contribuyente se hace preguntas sobre cómo estamos pagando el actual Estado del Bienestar y si hay dinero suficiente todos los años hasta que uno se jubile. La respuesta es sencilla: no, no hay dinero suficiente en la caja. No tenemos tanta liquidez, no producimos tanto, ni somos tan ricos, ni tenemos ahorros, ni petróleo para vender, ni disponemos de un fondo soberano como Noruega. Lo único que estamos haciendo es pedir prestado, gastar más, acumular déficit, engordar la deuda y apoyarnos en el Banco Central Europeo, que inyecta liquidez en el sistema para que no se colapse.

Seguimos viviendo por encima de nuestras posibilidades, pero ningún político se atreve a decir demasiado alto que todos deberíamos ahorrar entre un 10 y un 15% de nuestro sueldo y que desde los 20 años podríamos meter dos euros al día en una hucha. Así, al cumplir 65 tendríamos casi 33.000 euros para completar nuestra pensión.

Hemos recapitulado hasta 13 datos para entender, si puedes, cómo pagar 147.000 millones de euros de masa salarial de 2,7 millones de empleados públicos y 190.000 millones en pensiones en 2023 con la ayuda de 3,3 millones de autónomos y 3,3 millones de empresas en España.

1. En España viven 47,4 millones de personas, según datos del Padrón Continuo a 1 de enero de 2022.
2. En septiembre de este año, el número de cotizantes, con un contrato de trabajo, era de 20,2 millones de empleados.
3. Sin embargo, las personas que quieren trabajar y están apuntadas al paro suman 2,94 millones.
4. De toda esa población activa, con cifras de enero de 2022, el Ministerio de Función Pública contabilizaba 2,71 millones de trabajadores públicos en las tres administraciones (estatal, autonómica y local). Es el dato más alto de la serie histórica que se contabiliza desde 2002.
5. Se incluyen los cerca de 72.000 cargos políticos de nuestro país y unos 20.000 asesores, entre los tres niveles administrativos, según cifras aproximadas de CSIF.
6. Por otra parte, en abril conocimos el dato de la masa salarial de las Administraciones públicas españolas correspondiente a 2021 que facilitó la Contabilidad Nacional del Instituto Nacional de Estadística (INE). Hablamos de funcionarios, personal laboral y otras categorías que integran la plantilla del sector público. La cifra ascendió a 147.363 millones incluido el sueldo y las cotizaciones sociales.
7. Según las cuentas de Montero, el gasto de personal alcanzará los 20.052 millones en 2023 (Estado). Es un 6,6% más y el Ejecutivo no descarta que suba un punto más, según la evolución de la inflación.  
8. Hace unos días, con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 en el Congreso de los Diputados, conocimos que el gasto en pensiones previsto por el Gobierno para el año que viene es de 190.687 millones de euros.
9. La deuda pública, lo que debe cada español nada más nacer, sigue creciendo. 21.513 millones más en el segundo trimestre de este año. Acumulamos 1,47 billones, el 116,1% del PIB español. En 2008, la deuda pública era del 39,7% del PIB.
10. España cerró 2021 con un déficit público de 81.500 millones de euros, el 6,76% del PIB
11. Según datos de la Seguridad Social, que recoge el servicio de datos de Europa Press, en octubre se pagaron 9,96 millones de pensiones (jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y las de favor familiar).
12. Por otro lado, había unos 3,31 millones de trabajadores autónomos a fecha de 31 de enero de 2022, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
13. Según datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE), que computa el INE, el número de sociedades mercantiles era de 3,36 millones en enero de 2021.

Un diagnóstico

Este lunes, el presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa, y su director general, Gregorio Izquierdo, presentaron en Madrid el informe “Los Presupuestos Generales del Estado para 2023”, que se enmarcan en un contexto de desaceleración económica, elevada incertidumbre, endurecimiento de las condiciones financieras y elevado desequilibrio fiscal y financiero de nuestro sector público.

En un comunicado, el informe echa en cara al Gobierno la “ausencia de una estrategia de consolidación fiscal a medio plazo”. En el conjunto del periodo 2018-2023 se han acentuado significativamente nuestros desequilibrios en el ámbito del saldo presupuestario estructural y del endeudamiento público. En el contexto europeo España sigue siendo uno de los países cuyo sector público lleva más retraso en el proceso de consolidación fiscal, tiene un mayor déficit estructural y está entre los más endeudados de Europa.

Con máximos históricos de gasto e ingresos apenas se reconduce este desequilibrio fiscal, que sigue siendo uno de los grandes retos pendientes de la economía española. Se manifiesta, pues, una falta de estrategia de consolidación de las cuentas públicas a medio y largo plazo, que es la mejor herramienta para establecer una orientación fiscal y garantizar de manera creíble y realista la sostenibilidad de las finanzas públicas. Por estas razones, el IEE considera que estos Presupuestos Generales no son adecuados para la economía española. En un momento especialmente incierto de ralentización económica y endurecimiento de las condiciones financieras, es importante poner el foco en la consolidación presupuestaria vía eficiencia del gasto público y atenuar la desaceleración.

Esto resulta incompatible con las subidas tributarias sobre las empresas, en un contexto de fuertes incrementos de costes empresariales, tanto por las tensiones en los precios de las materias primas y la energía, como por los incrementos de costes laborales, derivados de los aumentos del salario mínimo y de las cotizaciones sociales. Para garantizar la sostenibilidad del crecimiento económico y nuestra credibilidad hacia el exterior es importante que los Presupuestos sean prudentes en la estimación de los ingresos y en los compromisos de gastos. Unos requisitos que, como se puede ver en el análisis que hacemos en este informe, el proyecto de Presupuestos no cumple.

Además, de la compleja coyuntura económica descrita, hay que tener en cuenta que la economía española se encuentra en una situación de vulnerabilidad debido al elevado nivel de déficit y de endeudamiento del sector público.

El gasto vuelve a marcar un máximo histórico, principalmente el gasto corriente, y se sigue confiando en una fortaleza excepcional de los ingresos, que aumentan, no solo por el efecto de la inflación, sino también por medidas discrecionales de aumentos impositivos.

La evolución del Gasto Público planteada en los PGE-2023 refuerza la dinámica de la inflación de la economía española, puesto que algunas de las partidas de gasto corriente (pensiones y sueldos de los funcionarios) que mayor contribución tienen al crecimiento del gasto presupuestado en 2023 están indexadas a la evolución del IPC del periodo anterior.

Para el Instituto, la mejor manera de incrementar la recaudación tributaria es recuperar la actividad económica pérdida, lo que no se producirá, o requerirá más tiempo, si se incrementa la presión fiscal a las empresas. Las subidas de impuestos buscando la recaudación a corto plazo, sin una suficiente evaluación previa de sus efectos, se apartan del diseño de un sistema fiscal óptimo, que favorezca el crecimiento económico, a la altura de la gravedad de nuestra situación.

Imagen: Pixabay.