miércoles, 28 de septiembre de 2022

​¿Puede una organización de consumidores, que recibe dinero público, cobrar por captar clientes para empresas privadas y no informar sobre ello?

Sueldos Públicos solicita los datos sobre las retribuciones de los altos cargos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)

@sueldospublicos

Guerra abierta entre dos de las organizaciones de consumidores y usuarios más importantes de España por falta de transparencia y por usar una mercantil para hacer negocio con total opacidad por parte de una de ellas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha dictado una resolución por la que obliga al Ministerio de Consumo a entregar tanto los convenios de colaboración firmados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y su sociedad instrumental OCU Ediciones SA de los que tenga constancia en los últimos cinco años como la relación de ingresos económicos obtenidos por ambas en el marco de los mismos.


OCU logos


Cabe recordar cómo está formado el accionariado de OCU Ediciones SA: El 10% de su capital está controlado por la propia OCU como asociación. El otro 90% es de la Asociación Belga de Consumidores Test-Achats (ASLB).  En mayo de 2018 un juzgado de Madrid acreditó que OCU cuenta con un entramado empresarial con sede central en Bélgica y conexiones en Luxemburgo, Hong-Kong y las Islas Vírgenes Británicas. Economía Digital ya adelantó la noticia en noviembre de 2016.


Transparencia ha estimado así una reclamación presentada por el secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, tras la negativa de la directora general de Consumo, Bibiana Medialdea, a enviarle dicha información.


Según la página web del Ministerio de Consumo, Medialdea es doctora en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y experta en Desigualdad Cooperación y Desarrollo, por la misma universidad. Es profesora de Economía en el Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia, Facultad de Económicas y Empresariales (UCM), desde 2012 hasta la actualidad. Desde enero de 2020, al inicio de la actual legislatura, asumió la Dirección General de Consumo, departamento que depende del titular del Ministerio, Alberto Garzón.


El Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado señala que Medialdea cobró 94.265 euros brutos en 2021 y 85.070 euros en 2020 (por 11 meses en el cargo). Sin embargo, según los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio anterior, publicados en el BOE, un director general tenía una retribución de unos 59.000 euros (sueldo, complemento de destino, complemento específico y dos pagas extraordinarias). A esto se añade el complemento de productividad, que lo concede el titular de ministerio -Garzón- siempre que haya recursos. La diferencia, unos 35.000 euros en 2021, se debe a ese plus.


Según un comunicado de FACUA, el pasado 14 de marzo, Medialdea dictó una resolución donde argumentaba que, aunque la información solicitada tiene carácter público, esta no estaba sometida a lo previsto en la ley de transparencia por serle de aplicación normativa específica.


Sin embargo, dicha normativa específica era un desarrollo reglamentario que nunca se ha aprobado por el que se establecerían condiciones de acceso a la información depositada en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (Reacu). Ante la falta de aprobación de ese reglamento, la directora general de Consumo indicó que, sin que esté plasmada en ninguna norma de rango legal, su organismo tiene establecida como vía de acceso a la información que el solicitante viaje a la sede ministerial en Madrid si quiere leer la documentación solicitada, sin que ello implique además que se le permita fotocopiarla o escanearla.


Resolución de Transparencia

Sánchez reclamó ante Transparencia al entender que la decisión de Consumo era contraria a derecho. Ahora, el Consejo, cuyo presidente, José Luis Zapatero Álvarez, cobra más de 111.600 euros anuales, ha resuelto que "en contra de lo indicado por el Ministerio requerido, resulta indudable que el acceso a la información solicitada se rige enteramente por el régimen jurídico establecido en la Ltaibg [Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno] y, en consecuencia, se ha de estimar la presente reclamación, instando al Ministerio a conceder el acceso demandado".


"Sin necesidad de extenderse con prolijas reproducciones de los numerosos pronunciamientos judiciales", señala la resolución de Transparencia, "baste recordar que el Tribunal Supremo ha afirmado en sus sentencias de 19 de noviembre de 2020 y de 20 de diciembre de 2020 que «(…) las previsiones contenidas en la Ley 19/2013, de Transparencia y Buen Gobierno, por lo que respecta al régimen jurídico previsto para el acceso a la información pública, sus límites y el procedimiento que ha de seguirse, tan solo quedan desplazadas, actuando en este caso como supletoria, cuando otra norma legal haya dispuesto un régimen jurídico propio y especifico de acceso a la información en un ámbito determinado...»".


Repsol, Cepsa y MásMóvil, entre los pagadores

OCU forma parte de un grupo de organizaciones y sociedades mercantiles con sedes en España, Italia, Bélgica, Portugal, Brasil, Países Bajos, Luxemburgo y Hong Kong, insiste el comunicado de FACUA, tal y como acreditó un juzgado de Madrid en mayo de 2018 y adelantó Economía Digital en noviembre de 2016. A través de una de esas sociedades viene recibiendo dinero por cada cliente captado para firmas como Repsol, Cepsa y MásMóvil mediante la contratación de algunas de las ofertas que ganan las denominadas "compras colectivas", celebradas por la entidad desde 2013.


OCU no ha publicado el contenido de ninguno de las decenas de convenios que mantiene con empresas, como tampoco ha dado a conocer cuánto dinero ha recibido de ellas en los casos en que hay contraprestación económica. "Este tipo de acuerdos incluyen cláusulas de confidencialidad para las partes que lo suscriben, por lo que, sintiéndolo mucho, no podemos revelar su contenido", señalaron a Sánchez desde MásMóvil cuando le solicitó los firmados por la compañía de telecomunicaciones en 2014 y 2018 tras ganar sendas "compras colectivas".


En la sección de Transparencia de su web, OCU se limita a indicar que "en determinadas compras colectivas", las empresas que las ganan "pueden compensar a OCU Ediciones con una serie de aportaciones con la finalidad de sufragar una parte de los gastos" de las mismas. "Aportaciones" que, según distintas fuentes consultadas, representan una cantidad fija por cada cliente que contrata la oferta ganadora, que es objeto de una gran campaña de promoción por parte de la Organización de Consumidores y Usuarios.


OCU tampoco ha aclarado si alguna de las organizaciones o sociedades de su grupo recibió dinero de Facebook tras el acuerdo que firmó en 2021 con la multinacional por el cuál retiró demandas colectivas presentadas en España, Italia, Portugal y Bélgica donde le reclamaba decenas de millones de euros por irregularidades en el tratamiento de sus datos personales. Se trataba de indemnizaciones de al menos 200 euros por afectado para cientos de miles de usuarios -47.000 en España- que al final en lugar de dinero recibieron una oferta para asociarse de forma gratuita a OCU durante seis meses "como parte de las iniciativas" acordadas con Facebook.


Pero la ley obliga a OCU a depositar sus convenios con empresas en el Ministerio de Consumo y a éste a facilitarlos a cualquier ciudadano que los solicite. En su resolución, firmada el 19 de agosto, el Consejo de Transparencia insta a la Dirección General de Consumo a que, "en el plazo máximo de 10 días hábiles", remita tanto al reclamante como al organismo "los textos de los convenios de colaboración firmados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y su empresa OCU Ediciones SA, depositados en la Aecosan o la Dirección General de Consumo en los últimos 5 años" y "la relación de ingresos económicos obtenidos por OCU o por OCU Ediciones SA en el marco de dichos convenios".


La Aecosan (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición) era el organismo que tenía parte de las competencias de la actual Dirección General de Consumo después de que la Aesan (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición), que vuelve a denominarse así en esta legislatura, absorbiese en febrero de 2014 al desaparecido INC (Instituto Nacional del Consumo).


Reunión con Garzón

En mayo de 2022, FACUA se reunió con el ministro Garzón. Por eso hemos pedido a Garzón que PROHIBA que las asociaciones de consumidores podemos recibir dinero de empresas privadas.

En este encuentro, dirigentes de FACUA expusieron a Garzón sus reivindicaciones sobre la futura ley de servicios de atención al cliente y los cambios en la regulación del registro estatal de asociaciones de consumidores y usuarios.


En este sentido, han mostrado su preocupación ante la existencia de una regulación insuficiente que pueda provocar que accedan al Registro entidades con intereses distintos del movimiento consumerista, cuando su objetivo debe ser promover auténticas organizaciones de consumidores sin ánimo de lucro y con un funcionamiento democrático e independiente. Así, los dirigentes de FACUA han planteado la necesidad de endurecer los requisitos para que una organización pueda ser incluida en el registro estatal y evitar así que estén en él negocios disfrazados o entidades sin base afiliativa.


Entre sus reivindicaciones, el establecimiento de medidas para garantizar que las entidades inscritas en el Reacu sean independientes del sector empresarial privado, sin ayudas económicas o pagos que puedan poner en cuestión su imagen y credibilidad o condicionar su actividad como asociación de consumidores.


Algunas cifras de OCU

La página web de OCU dispone de una sección de Transparencia. En ella se puede consultar la memoria de 2021. Así, la organización ingresó 1,48 millones de euros por cuotas de socios y recibió más de 823.000 euros en subvenciones. Los gastos de personal superaron los 860.000 euros. El presupuesto de gastos ronda los dos millones. En cambio, OCU Ediciones tiene casi 10,5 millones de gastos de personal.


Si embargo, la Organización no facilita dato alguno sobre las retribuciones de sus altos cargos. En febrero de 2020, Miguel Ángel Feito Hernández fue elegido nuevo presidente de OCU por un periodo de cuatro años. Feito es licenciado en Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Es técnico comercial y economista del Estado. Fue subsecretario de Industria y secretario de Estado de Comercio. También ha desarrollado su actividad profesional en el Tercer Sector. Fuentes consultadas por este digital nos confirman que el puesto de Feito es representativo, sin retribución asignada, independientemente de los gastos de representación que conlleve el cargo.


Por el contrario, Sueldos Públicos ha solicitado a OCU los datos de las remuneraciones brutas anuales de la directora general, Esther Rodríguez, y de la directora de Comunicaciones y Relaciones Institucionales, Ileana Izverniceanu. Por ahora no hemos obtenido respuesta. Con todo, el portal especializado en dar a conocer nóminas y datos sobre salarios de múltiples sectores empresariales, Glassdoor, publica hasta los sueldos de 11 “empleados de OCU Ediciones”. En este sentido, el director de Comunicación y Relaciones Internacionales cobra entre 73.240 y 79.476 euros al año. Lamentablemente, el portal reconoce que la información facilitada tiene una “confianza baja” basada en pocos informes facilitados por los propios empleados de la empresa con “varios años de antigüedad”. La misma calificación merece el puesto de Business Develpment Executive en OCU Ediciones (ejecutivo de desarrollo de negocios). Entre 86.016 y 93.658 euros.


La organización rival, FACUA, sí publica las retribuciones de sus altos cargos: “En 2021, los salarios de la directora jurídica, Olga Ruiz, la directora de Administración, María Ángeles Ayerbe, y el director de Comunicación, Rubén Sánchez, fueron en los tres casos de 37.464 euros brutos”. En 2017, Sueldos Públicos se hizo eco de la retribución de estos tres empleados: 30.650 euros cada uno.

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