jueves, 26 de mayo de 2022

La Generalitat de Cataluña se fija nueve compromisos para que nadie robe el dinero de los fondos europeos para la recuperación económica

Se habilitarán buzones éticos para recoger las alertas de los ciudadanos sobre la gestión irregular de los recursos públicos

@sueldospublicos

¿Fiarías tus ahorros a Félix Millet o a la familia Pujol? Parece que el actual Govern de la Generalitat de Cataluña, que preside Pere Aragonés, no quiere ver ni en pintura episodios pasados de corrupción y ha puesto cartas en el asunto. Hace justo un año que publicamos un artículo sobre el primer balance de la “Estrategia de lucha contra la corrupción y fortalecimiento de la integridad pública”. Este digital se ha puesto en contacto con el Ejecutivo catalán para consultar cuándo se puede consultar el balance del segundo año. Todavía no hemos obtenido respuesta.


Ante el Año III de la pandemia por la Covid-19 y con el dinero que tiene que llegar de la Unión Europea, este jueves, el Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña publicó este jueves el acuerdo por el que se aprueba el Plan de medidas antifraude en la ejecución de actuaciones financiadas en el marco de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en Cataluña (MRR).


Billete


Este acuerdo contiene una declaración institucional en la que se explica que la Generalitat de Cataluña, como entidad ejecutora de estos fondos proclama una política de tolerancia cero con el fraude y la corrupción y se compromete a mantener los estándares más elevados de calidad jurídica, ética y moral, a adoptar los principios de integridad, imparcialidad y honestidad, y a desplegar las medidas idóneas contra el fraude y la corrupción. Los servidores públicos de la Generalitat y de las entidades de su sector público asumen también este compromiso. Entendemos que entre esos ‘servidores públicos’ se encuentran los cargos públicos electos, los de libre designación y también los funcionarios, interinos o eventuales. Todo aquel que cobre un sueldo público.


El objetivo de la política de lucha contra el fraude es promover una cultura de integridad que ejerza un efecto disuasorio frente a cualquier tipo de actividad fraudulenta y establecer unos elementos de gestión que permitan su prevención, la detección, la investigación, la corrección y la depuración de responsabilidades. Entre estos elementos, se remarcan los procedimientos para declarar situaciones de conflictos de interés a fin de garantizar la máxima objetividad y los mecanismos de comunicación de sospechas y casos de fraude para que puedan ser tratados lo antes posible.


La corrupción y el fraude, además de las consecuencias económicas, tienen un efecto devastador en la reputación de las instituciones y en la confianza de la ciudadanía en la gobernanza pública. En este enlace te explicamos por qué España sigue sin sacar un ‘Notable’ en la lucha contra la corrupción, según un informe de Transparencia Internacional que publicamos la semana pasada.


Responsabilidades

Para minimizar el fraude y la corrupción en la gestión de los fondos del MRR el Anexo del acuerdo recoge nueve compromisos: cinco responsabilidades para la Generalitat y cuatro para los que gestionan los fondos:


  • Establecer una política de lucha contra el fraude efectiva y un plan de medidas antifraude idóneo.
  • Evaluar el riesgo de los procesos de gestión de manera sistemática y periódica para situar el riesgo residual a niveles aceptables.
  • Asegurarse de que los servidores públicos son conscientes de todos los asuntos relacionados con la lucha contra el fraude y que reciben formación y capacitación al respecto.
  • Desplegar las medidas idóneas de prevención, detección, corrección y depuración de responsabilidades en la lucha contra el fraude.
  • Comunicar inmediatamente los hechos y las medidas adoptadas a los organismos competentes, cuando se produzcan casos de fraude o sospechas fundadas de fraude.


Las personas involucradas en los procesos de gestión y control son responsables de la gestión cotidiana de los riesgos de fraude, y especialmente de los aspectos siguientes:


  • Asegurarse de que exista un control interno eficaz dentro de su ámbito de actuación.
  • Prever y detectar el fraude.
  • Asegurarse de que se llevan a cabo las diligencias pertinentes, que se toman medidas cautelares en caso de sospecha de fraude y que se hacen las comunicaciones oportunas a los organismos competentes.
  • Adoptar medidas correctoras y, si procede, promover los procedimientos sancionadores administrativos o penales pertinentes.



La Oficina Antifraude de Cataluña, cuyo presidente cobró más de 21.000 euros brutos en diciembre, tiene como objetivo prioritario prevenir e investigar posibles casos de uso o destino fraudulentos de fondos públicos o cualquier aprovechamiento ilícito derivado de conductas que comporten conflicto de intereses o el uso particular de informaciones derivadas de las funciones propias del personal al servicio del sector público. También vela para que la actuación de los poderes públicos y de sus representantes sea coherente con los valores de integridad, honestidad, transparencia, legalidad, neutralidad, imparcialidad y objetividad.


Plan de trabajo

En el plazo de tres meses desde la publicación de este Acuerdo se habilitará en los buzones éticos de la Administración de la Generalitat y de su sector público una pestaña referente a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.


La Secretaría de Asuntos Económicos y Fondos Europeos debe constituir, en el plazo de tres meses desde la publicación de este Acuerdo, un grupo de trabajo transversal que asuma la gestión de las alertas comunicadas al buzón ético o las que lleguen por otros canales y evalúe la posible existencia de fraude o sospecha fundamentada en la ejecución de actuaciones financiadas por los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.


En este sentido, recuerda que, en diciembre, el Gobierno de España se pasó de plazo y dejó sin transponer la directiva europea que protege a los ciudadanos que denuncian casos de corrupción. Además, España sigue sin disponer de una autoridad nacional de lucha contra el fraude y la corrupción.

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