A pocas horas de cruzar el ecuador de la campaña electoral en Cataluña, el tema de la corrupción política vuelve a ser noticia ya que este jueves, el que fuera el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, reconocía ante la justicia que su partido estuvo financiándose de manera irregular desde 1982 y que algunos de sus dirigentes, entre ellos el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cobraron sobresueldos sin pasar por el fisco.

¿Recuerdas que en 2010, la formación conservadora abonó a Bárcenas dos pagas extraordinarias de 21.000 euros netos cada una? En Cataluña, tampoco han ido mejor las cosas con la extinta Convergència i Unió. Ahí quedan para el recuerdo el caso Pujol, y las diferentes ramificaciones familiares, el caso Palau y el famoso 3%.

Las Ramblas de Barcelona (ED).

En este sentido, la corrupción sigue siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Así se pone de manifiesto en el Barómetro de la Oficina Antifraude de Cataluña 2020, sobre percepciones y actitudes ciudadanas en materia corrupción en esta comunidad autónoma. El 67% de los encuestados considera que hay mucha corrupción, y un 79,5% manifiestan que la corrupción en Cataluña es un problema "muy o bastante grave".

Por ello, el elemento central en torno al cual se articula la Estrategia es la recuperación de la confianza de la ciudadanía en las sus instituciones y, entre ellas, la Administración de la Generalitat de Cataluña. Para el secretario de Transparencia y Gobierno Abierto, Jordi Foz, "la corrupción es un factor determinante que erosiona la confianza ciudadana, y la falta de confianza supone un freno para la calidad democrática, para el estado del bienestar y por a la justicia social. Por ello, la Estrategia tiene por objetivo impulsar la calidad institucional y aquellas políticas públicas que permitan recuperar y mantener la confianza". Foz cobró 91.242 euros brutos en 2020, unos 6.400 euros más que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Pues bien, hace unos días, el 25 de enero, la Generalitat de Cataluña hizo balance del primer año de vida de la "Estrategia de lucha contra la corrupción y fortalecimiento de la integridad pública" con la presentación de un informe de seguimiento. Los ciudadanos pudieron participar con sus aportaciones en 2019 y ahora se recogen los primeros frutos de un trabajo de seis meses que culminaron con 25 medidas consensuadas.

Según el Govern el 92% de estas se encuentran en proceso de implementación o ya se han puesto en marcha, y en cuanto a las 90 subactuaciones, el 77% están en curso o bien han sido ya completadas. El documento destaca:

Buzón Ético

Un nuevo canal electrónico que permite, a cualquier persona, sea o no trabajador público, hacer alertas anónimas sobre malas prácticas o conductas irregulares en la Administración de la Generalidad de Cataluña y el sector público.

Se pueden dirigir alertas sobre tres ámbitos concretos: actuaciones públicas de los altos cargos y personal directivo, actuaciones relacionadas con la contratación pública, actuaciones relacionadas con la función pública. Con el buzón ético anónimo se reconoce y protege la figura de la persona alertadora como pieza clave en la lucha contra el fraude y la corrupción, y se la protege de cualquier posible represalia.

En este sentido, recuerda que hace días finalizó el plazo de consulta pública abierto por el Ministerio de Justicia para que cualquier persona, entidad, asociación u organismo público pudiera presentar alegaciones a la transposición de la Directiva Europea relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, conocida como Directiva Whitleblowers.

Publicación de los Informes de Impacto Económico y Social

Se ha acordado publicar los Informes de Impacto Económico y Social (IIES) de las iniciativas que debe aprobar el Govern con un impacto de más de 10 millones de euros. Los informes comparan los costes y los beneficios de la propuesta en términos económicos y sociales y se acompañan de una valoración de la iniciativa. Esta medida de transparencia tiene por objetivo documentar la toma de decisiones del Gobierno y ayudar a hacer su seguimiento y rendir cuentas a la ciudadanía. Es una manera de evaluar las políticas públicas, analizar si el dinero invertido en un proyecto concreto ha servido para cumplir con los objetivos previstos.

Sistema GIDECAT a todos los departamentos de la Generalidad de Cataluña

El sistema informático GIDECAT permite estandarizar el procedimiento en la gestión de ingresos no tributarios de la Generalitat y elimina la discrecionalidad. Con esta mejora se reduce sustancialmente el riesgo de fraude. Así se permite un mejor control y transparencia en la gestión de los recursos públicos.

Registro de Ayudas y Subvenciones de Cataluña (RAISC) 

Se incorporan al registro el 100% de las ayudas y subvenciones publicados en el DOGC, permitiendo un mayor control por parte del ciudadano, de los agentes políticos y sociales, los medios de comunicación y de cualquier persona física y jurídica que tenga interés. Es una manera de incrementar la transparencia y reducir el riesgo de corrupción en el ámbito de las ayudas y subvenciones.

Guía para la preparación y tramitación de las consultas preliminares al mercado

Una guía dirigida a las unidades y órganos de contratación de las administraciones que facilita el diálogo entre la administración y el mercado. Permite conocer aspectos como cuál debe ser la franja de precios. El uso de esta herramienta fomenta la gestión eficiente de los fondos públicos.

Detección del fraude fiscal en el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en el extranjero

Se profundiza en el análisis de los datos disponibles que ponen de manifiesto la titularidad de bienes situados en jurisdicciones fiscales diferentes a la de residencia fiscal y de inversiones que se encuentran en el extranjero. Mediante esta actuación se contribuye al afloramiento del fraude fiscal derivado de activos no declarados en el extranjero.

Protocolo de colaboración entre la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) y Mossos para todos los impuestos gestionados por la ATC

Se ha diseñado el protocolo, pendiente de aprobación, y se han celebrado sesiones formativas recíprocas entre el ATC y los Mossos. Se permite avanzar en el objetivo de la reducción del fraude fiscal derivado de la existencia de delitos económicos.

Propuesta inicial de plan anticorrupción en el mundo local

Se ha redactado una propuesta inicial de Plan estratégico de lucha contra la corrupción y de fortalecimiento de la integridad pública en el ámbito específico de la Administración local. Deberá ser validada durante el primer trimestre de 2021.

Para el 2021...

Durante 2021 habrá que completar el resto de medidas previstas para la Estrategia de lucha contra la corrupción. El programa engloba nueve ámbitos de actuación: contratación pública, gestión económica, fiscalidad, función y dirección públicas, conflictos de interés, grupos de interés, protección de alertadores y garantizar el anonimato de los buzones éticos, marco de integridad y calidad institucional.

De las actuaciones que se deben abordar este año destacan: la colaboración entre la Agencia Tributaria y los Mossos para detectar casos de corrupción, fomentar una mayor transparencia en aspectos cruciales como la publicación de las agendas de reuniones del personal técnico de mayor rango, garantizar una buena gestión de los conflictos de interés o la mejora de los procesos de selección del personal directivo.

La Estrategia se puso en marcha el 15 de enero de 2020 y ha llegado al ecuador de su implementación. En enero de 2022, habrá nuevo informe de seguimiento y evaluación.