María Teresa Verdugo fue nombrada por el Gobierno el pasado 27 de mayo por un periodo máximo de cinco años no renovables

La presidenta de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación cobró 79.400 euros brutos, incluidos siete trienios, por siete meses y cinco días en el cargo en 2025

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, percibió 92.430 euros incluidos 12 trienios


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Resaca del 8M. Detras de los mensajes reivindicativos existe una serie de altos cargos en la Administración General del Estado y también en las comunidades autónomas que serían impensables hace 30 años. El Gobierno de España consolidó la puesta en marcha de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación con el nombramiento de María Teresa Verdugo como su primera presidenta a finales de mayo del año pasado. Verdugo, licenciada en Derecho y miembro de la Carrera Fiscal, cuenta con una trayectoria sólida en la lucha contra la intolerancia en nuestro país, habiendo ejercido desde 2011 como fiscal delegada de Delitos de Odio en la Fiscalía Provincial de Málaga. Su experiencia internacional incluye la representación de España en el Grupo de Trabajo de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y su labor como miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas. El año pasado ya nos hicimos eco por esta fecha señalada en el calendario. El 8M de las seis cienmileuristas del Ministerio de Igualdad


Esta nueva institución se define jurídicamente como una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada. Su naturaleza le otorga una autonomía funcional y una independencia total respecto de las administraciones públicas para garantizar que su labor de protección del derecho antidiscriminatorio no se vea interferida por intereses políticos. Entre sus competencias fundamentales, el organismo puede investigar de oficio situaciones de discriminación grave, ofrecer asistencia y orientación a las víctimas, actuar como órgano de mediación o conciliación y emprender acciones judiciales cuando sea necesario.


Verdugo

Verdugo, con la ministra Redondo (Ministerio de Igualdad).


Respecto a las retribuciones de su cúpula, la presidenta de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación cobró 79.432 euros brutos, incluidos siete trienios, por siete meses y cinco días en el cargo en 2025. Tiene rango de subsecretario. Es decir, su retribución de un ejercicio completo de 12 meses podrá superar los 120.000 euros. No obstante, el dato de 2026 se dará a conocer en el primer trimestre de 2027. Este salario se sitúa en la línea de otros altos cargos del Ministerio de Igualdad, como la directora del Gabinete de la Ministra, que percibió 103.536 euros, o los directores generales para la Igualdad LGTBI+ y la Igualdad de Trato, ambos con una retribución anual de 101.408 euros. El sueldo más elevado del departamento en 2025 correspondió al subsecretario de Igualdad, Ignacio Sola, con 128.403 euros.


La "Ley Zerolo", marco legal que sustenta este organismo, establece que la Autoridad debe velar por el cumplimiento de la normativa de igualdad tanto en el sector público como en el privado. Si comparamos, un ministro que no es funcionario, cobró 84.650 euros el año pasado, pero por 12 meses. Para ello, cuenta con la potestad de interesar la actuación de la Administración del Estado para sancionar infracciones administrativas o poner en conocimiento del Ministerio Fiscal hechos que puedan constituir un delito. Además, tiene la función de elaborar informes periódicos y mantener un barómetro sobre la situación de la igualdad de trato en España.


El mandato de la presidencia tiene una duración de cinco años no renovables, garantizando así la rotación y la independencia en la dirección del ente. Durante su ejercicio, la titular está sujeta al estricto régimen de conflictos de intereses e incompatibilidades de los Altos Cargos de la Administración General del Estado. Esta estructura busca que la Autoridad Independiente se convierta en el eje central de la protección de los derechos fundamentales en España, disponiendo de recursos propios y un estatuto aprobado por el Consejo de Ministros para su funcionamiento interno.

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