¿Se necesita a un político nombrado a dedo como gerente para gestionar la ayuda a Gaza que parte desde el Ayuntamiento de Barcelona? El papel de las administraciones locales en el escenario geopolítico actual plantea un debate jurídico y ético sobre los límites de la acción municipal. Aunque la Constitución y las leyes estatales reservan la política exterior como una competencia exclusiva del Estado, las grandes ciudades han encontrado en la cooperación descentralizada un cauce para proyectar sus valores. El nuevo Distrito 11 de Barcelona equivale a la diplomacia municipal, que se erige como un modelo que, bajo la premisa de la solidaridad, articula una estructura técnica y política para intervenir en conflictos internacionales, una estrategia que requiere una ingeniería administrativa precisa para no incurrir en duplicidades o excesos competenciales. Una agencia, ¿otra? para combatir la corrupción: ¿Más de lo mismo para no hacer nada nuevo?

La eficacia de estas políticas públicas de ayuda a otros Estados depende de su capacidad para transformarse en proyectos técnicos de planificación urbana, salud o educación, más que en meros posicionamientos ideológicos. En este contexto, el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido institucionalizar su apoyo a Palestina mediante una estructura ejecutiva gerencial. Esta fórmula permite al consistorio actuar como un agente de cooperación directa, enviando asistencia técnica y fondos —un presupuesto de 1,5 millones de euros— para la reconstrucción de infraestructuras básicas en ciudades como Ramallah o Gaza, siguiendo la estela del histórico precedente de Sarajevo en los años noventa.

Laura Pérez Castaño. (Bellaterra Ediciones).

Para liderar esta compleja maquinaria administrativa, el alcalde Jaume Collboni ha recurrido a una figura con un perfil marcadamente técnico en el ámbito de la cooperación, pero con un pasado político ligado estrechamente al anterior equipo de gobierno. La gerente del Distrito 11 es Laura Pérez Castaño, licenciada en Periodismo, que regresa a la estructura municipal tras un paréntesis profesional en ONU Mujeres para América Latina. Su carrera política despegó en 2015 como número nueve de la lista de Barcelona en Comú, ascendiendo en 2019 hasta la cuarta posición. Durante ocho años, Pérez fue la cara visible de las políticas de feminismos y LGTBI de Ada Colau, llegando incluso a ostentar la secretaría general de Podemos en Barcelona entre 2018 y 2021. El currículum de Pérez Castaño todavía no está disponible en la web municipal. Colau o cómo renunciar a un sueldo público de 96.300 euros brutos anuales para seguir haciendo política en una fundación

Su nombramiento como gerente del Distrito 11 se formalizó el pasado 30 de diciembre, con efectos desde el 2 de enero, apenas dos años después de que ella misma anunciara que ocho años eran el límite de su responsabilidad institucional. Este retorno a la "casa gran" se produce bajo el paraguas del gobierno socialista de Collboni, quien percibe un salario anual de 104.000 euros con dedicación exclusiva. La incorporación de Castaño ha sido interpretada como un movimiento estratégico para integrar perfiles experimentados de los Comuns en la actual gestión del PSC, reforzando el área de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos que dirige Maria Eugènia Gay, segunda teniente de alcalde y con un sueldo público de 102.120 euros anuales.

Retribución y presupuesto asignado

Según los datos publicados recientemente en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Barcelona, Pérez Castaño percibirá una retribución bruta anual de 97.634 euros por su labor al frente de esta gerencia de nueva creación. El sueldo público, que conlleva dedicación exclusiva, sitúa a la exconcejal en la franja alta de la escala salarial del personal directivo municipal. Su función principal será coordinar el trabajo de los técnicos municipales que participarán en los equipos de cooperación, gestionando un presupuesto que finalmente ha sido dotado con medio millón de euros más de lo previsto inicialmente, alcanzando los 1,5 millones. Pérez Castaño cobrará más que el presidente del Gobierno de España. Pedro Sánchez cobró 93.145 euros en 2024.

El proyecto cuenta además con el respaldo de un comité asesor presidido por Manel Vila, el experto que ya lideró la experiencia de Sarajevo hace tres décadas. La estructura busca canalizar no solo los fondos públicos, sino también las iniciativas de la sociedad civil y entidades como la UNRWA, a la que el consistorio doblará su aportación hasta los 400.000 euros. De este modo, la administración local barcelonesa consolida un brazo ejecutor para su política exterior, blindando el proyecto con una dirección ejecutiva que combina la experiencia en gestión pública local con un profundo conocimiento de los movimientos de justicia global.

Rechazo

La oposición no ve con buenos ojos este nombramiento. Concretamente, el concejal y presidente del Grupo Municipal del PP Daniel Sirera afirma, en declaraciones en exclusiva a este diario que rechaza "la creación del llamado ‘Distrito 11: Gaza’, al que el gobierno municipal destina 1,5 millones de euros mientras en Barcelona hay vecinos que no llegan a fin de mes y personas vulnerables que necesitan ayudas urgentes. Estos recursos deberían destinarse a los barceloneses que peor lo están pasando, no a inventos ideológicos del alcalde". El séptimo ‘cumpleaños’ de Pedro Sánchez en La Moncloa: Ya ha cobrado más de 610.000 euros brutos como presidente del Gobierno

Sirera, que percibe un sueldo público de 96.604 euros anuales, argumenta que "no podemos mirar hacia otro lado: en Gaza no se garantizan los derechos humanos y se persigue a las personas homosexuales. Esa realidad choca frontalmente con los valores de libertad, igualdad y democracia que Barcelona dice defender" y añad que "también es injustificable duplicar estructuras y cargos. La creación de un gerente del Distrito 11, ocupado por Laura Pérez con un sueldo cercano a los 100.000 euros, es totalmente innecesaria. La regidora María Eugenia Gay ya es la responsable de esta área y existen funcionarios públicos que pueden asumir perfectamente su gestión".

Para el concejal "estamos ante un cargo claramente electoralista, creado a medida para recolocar a antiguos miembros del partido de Colau. Es un ejemplo más de cómo el gobierno de Collboni utiliza el Ayuntamiento para pagar favores políticos en lugar de gestionar con rigor y sentido común".