¿Hay responsables políticos cuando se cometen fallos humanos en la administración pública que causan muertes? El Hospital Universitario de Burgos (HUBU) ha confirmado este martes el fallecimiento de dos pacientes oncológicos debido a un error humano en la preparación de sus tratamientos durante las fiestas de Navidad, un trágico suceso que ha afectado a un total de cinco personas y que el Sacyl (Salud Castilla y León) ha asumido como una responsabilidad propia del centro. 

Según han informado fuentes hospitalarias, además de las víctimas mortales, el fallo en la dosificación del medicamento mantiene a un paciente ingresado en la UCI, mientras que los otros dos afectados se encuentran en planta o han recibido el alta, lo que ha motivado la apertura de una investigación interna y la revisión inmediata de los protocolos de seguridad para evitar que una negligencia técnica de esta naturaleza vuelva a repetirse en el futuro. ¿Tiene que dimitir algún político? ¿Habrá ceses como en el caso del cribados de cáncer en Andalucía?

Vista parcial de la Consejería de Sanidad, Valladolid.

El presupuesto destinado a las retribuciones de la cúpula de la Consejería de Sanidad de Castilla y León sitúa al viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Jesús García-Cruces Méndez, como el cargo mejor pagado con 103.471 euros brutos en 2025. Esta cifra supera incluso el salario del propio consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, quien percibe una remuneración de 97.277 euros, evidenciando una estructura salarial donde las responsabilidades técnicas y de gestión asistencial alcanzan las mayores cuantías dentro del organigrama sanitario de la comunidad. Cabe recordar que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, percibe 79.415 euros.

La administración regional ha distribuido estas partidas entre los diferentes responsables de área, destacando también la retribución de la directora gerente de la Gerencia Regional de Salud, María Jesús Violeta Martínez Pindado, que asciende a 98.570 euros. En un escalón intermedio se sitúa la directora general de Asistencia Sanitaria y Humanización, Silvia Fernández Calderón, con 91.806 euros, mientras que el secretario general, Israel Diego Aragón, percibe una nómina anual de 91.380 euros por sus funciones de coordinación administrativa.

En la parte inferior de la tabla salarial de los altos cargos se encuentran las direcciones generales de Calidad e Infraestructuras Sanitarias, ocupada por Álvaro Muñoz Galindo con 72.998 euros, y la de Salud Pública, a cargo de Cristina Granda Castro con 74.356 euros. Por su parte, el responsable de Salud Digital, Juan Manuel Gil González, cuenta con una asignación de 82.767 euros, una cifra ligeramente superior a la de la directora de Personal y Desarrollo Profesional, Sonsoles García Rodríguez, que recibe 80.050 euros, y a la de Sonia Martín Pérez, directora de Planificación e Investigación, cuyo salario se fija en 79.873 euros anuales.