El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha emitido sendas resoluciones de carácter estimatorio contra dos administraciones autonómicas por denegar o ignorar peticiones de acceso a la información pública. Las resoluciones, firmadas el 26 de noviembre de 2025, instan a la Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja y a la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla a entregar datos detallados sobre las prestaciones económicas asignadas a los menores tutelados por la comunidad, tanto españoles como extranjeros no acompañados (MENA). El presidente del CTBG es José Luis Rodríguez Álvarez y cobró 128.721 euros brutos, incluidos nueve trienios de antigüedad el año pasado.

La persona solicitante había requerido la información el 20 de febrero de 2025. Ante la falta de respuesta de las administraciones, se presentó una reclamación formal ante el CTBG el 18 de junio de 2025. El organismo de Transparencia subraya en sus fundamentos jurídicos la contundencia de la actuación administrativa:

• Melilla no dictó resolución sobre el acceso ni presentó alegaciones en el trámite concedido por el CTBG.
• La Rioja no envió contestación alguna ni a la solicitud inicial ni al requerimiento de alegaciones del Consejo.

El CTBG es categórico al afirmar que el incumplimiento por parte de la administración de su obligación legal de dictar una resolución expresa o de responder a los requerimientos "no pueden dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública".

La exigencia del Tribunal Supremo

Para justificar la estimación de la reclamación, el Consejo cita la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo. Recuerda que cualquier restricción al derecho de acceso debe basarse en una interpretación estricta de los límites legales, y que solo son admisibles si son "justificadas y proporcionadas".

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Se recoge la doctrina del Supremo (como en la STS n° 1547/2017 y la STS 344/2020) que establece que la "formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones... como las causas de inadmisión". La posibilidad de limitar el acceso no es una potestad discrecional, sino que debe estar "debidamente acreditado por quien lo invoca y resulte proporcionado y limitado por su objeto y finalidad".

Dado que ninguna de las administraciones justificó la aplicación de límites previstos en los artículos 14 y 15 de la Ley de Transparencia (LTAIBG) ni una causa de inadmisión, el CTBG se vio obligado a estimar la reclamación.

Los pagos bajo lupa: ejercicios 2023 y 2024

Las consejerías de Melilla y La Rioja han sido instadas a facilitar la siguiente información:

• Prestaciones económicas generales (diarias, mensuales o semanales) asignadas a los menores españoles tutelados durante 2023 y 2024.
• Prestaciones económicas generales (diarias, mensuales o semanales) asignadas a los menores extranjeros no acompañados (MENA) durante 2023 y 2024.
• Prestaciones de bolsillo (para ocio y gastos menores), en caso de existir, asignadas a menores tutelados españoles en 2023 y 2024.
• Prestaciones de bolsillo (para ocio y gastos menores), en caso de existir, asignadas a MENA en 2023 y 2024.

La información debió ser entregada al reclamante en un formato accesible de base de datos (.csv, .xls o .xlsx) en un plazo máximo de veinte días hábiles. Las dos resoluciones tienen fecha de 26 de noviembre.

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A nivel estatal, cabe recordar que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, cobró 81.793 euros en 2024. En cambio, el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, ingresó 129.825 euros y el subsecretario, Rafael Escudero Alday, 123.978 euros, incluidos diez trienios de antigüedad por su condición de funcionario. Además, la secretaria general técnica, Andrea García Vidal, percibió 103.385 euros, con dos trienios. Por otro lado, el cargo de director general de Derechos de la Infancia y la Adolescencia fue ocupado por dos personas el año pasado: Desde el 15 de octubre de 2024, la directora es Sandra Gómez de Garmendia Cuetos. Cobró 19.316 euros por dos meses y medio en el puesto. Por último, la directora general del Instituto de la Juventud (Injuve), Margarita del Cisne Guerrero Calderón, ingresó 93.039 euros en 2024.

Desmentidos de Save the Children

la organización Save the Children denunció el uso despectivo y estigmatizador del acrónimo "MENA" para referirse a los niños que llegan a España sin referentes familiares, la mayoría huyendo de la violencia extrema y la pobreza. La deshumanización de este colectivo, que requiere protección adecuada por parte de las comunidades autónomas, se ha visto agravada por la difusión de un cálculo engañoso que cifra el coste por menor en 4.700 euros. Save the Children aclaró en abril de 2021 que este dinero no se entrega a los menores a modo de paga—de hecho, algunos centros solo proporcionan unos 10 euros semanales para gastos personales—sino que se basa en costes operativos de ciertas organizaciones de acogida.

La organización desmintió el bulo sobre la cifra de 4.700 euros como coste real y representativo. Este cálculo parcial toma como base la excepción y no la norma, ya que se origina en una partida de un programa específico, de solo seis meses, destinado a 16 menores con necesidad de atención psicológica adicional. Además, se ignora que casi la mitad de los menores con medidas de protección en la Comunidad de Madrid viven en familias de acogida (un 49%) y que la inmensa mayoría de las personas bajo protección (71.1%) son españolas, siendo solo un 7.2% del total menores extranjeros. Hablar de partidas exclusivas para menores migrantes también resulta engañoso, dado que muchos servicios son compartidos con menores nacionales.

También fue desmentida una supuesta paga de 600 euros para menores extranjeros en 2019, el único dato real al respecto es que algunos de los centros proporcionan una asignación de entorno a 10 euros semanales para gastos personales.

Aclaraciones de Maldita.es

En un contexto diferente al de las prestaciones a menores de edad bajo tutela, la Generalitat de Cataluña ofrece apoyo económico a los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad tras haber estado bajo la protección de la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA). Esta ayuda, gestionada por el Área de Apoyo a Jóvenes Tutelados y Extutelados (ASJTET), busca facilitar la transición a la vida autónoma e inserción laboral y social, según aclaró el portal de verificación Maldita.es en junio de 2025.

La prestación económica mensual está sujeta al cumplimiento de varios requisitos estrictos y puede ascender a 778,49 euros mensuales en 2025 (cifra calculada con base en el Indicador de Renta de Suficiencia, IRSC). Para acceder a ella, los jóvenes, tanto españoles como extranjeros, deben acreditar que carecen de recursos económicos y familiares. Los extranjeros deben, además, demostrar residencia legal y continuada en Cataluña. La percepción de la ayuda está condicionada a la ejecución supervisada de un Plan Individual de Trabajo (PTI) que recoge objetivos en el ámbito laboral, de vivienda y socioeducativo, cuyo incumplimiento puede llevar a la suspensión o extinción del beneficio.

Maldita.es aclaró también el malentendido sobre una supuesta ayuda de 1.200 euros para alquiler. Esta cifra se corresponde con el coste total mensual de una plaza en una vivienda asistida y compartida, gestionada por una entidad social, que incluye el alquiler, los suministros y el sueldo de un educador responsable. El objetivo de estos pisos es la emancipación progresiva, y el coste de la plaza, que asciende a 1.263 euros mensuales, es cofinanciado: el joven extutelado abona una cantidad, que puede alcanzar un máximo de 260 euros mensuales, y la DGAIA se hace cargo del pago restante. La estancia en estos pisos es temporal y está reservada a quienes estaban bajo tutela al cumplir los 18, siempre que se comprometan con su PTI.