La transparencia en la universidad pública española, a dos velocidades: Sobresaliente en gestión, suspendida en supervisión
Existe una "debilidad estructural" de sus órganos de control: la figura del Responsable de Compliance registra un cumplimiento nulo (0%)
La decimotercera edición del informe anual de transparencia de las universidades públicas españolas, elaborado por la Fundación Haz, presenta un balance ambivalente que, si bien es positivo en términos generales, revela importantes claroscuros en el corazón del sistema de gobernanza. Tras trece años de evaluación, el sector universitario, que en sus inicios partía de una notable opacidad , ha logrado asentar la rendición de cuentas hasta convertirse en un referente dentro del sector público. Hace tres años también nos hicimos eco del informe, pero entonces se publicaba de manera conjunta los centros públicos y privados.
Los resultados de 2025 confirman un éxito colectivo innegable: con 47 de 49 instituciones calificadas como Transparentes*, la publicación de la información sobre la actividad académica, el personal y los resultados económicos es una práctica firmemente asentada y generalizada. Áreas como Personal (98% de cumplimiento), Información económica (95%) y Resultados (92%) alcanzan un nivel cercano a la totalidad, lo que evidencia la consolidación de la publicación de datos sobre la estructura, la actividad y el rendimiento financiero. Sin embargo, este alto grado de cumplimiento esconde una brecha persistente que la Fundación Haz considera la "principal asignatura pendiente" del sistema.
La brecha entre gestión y control
El panorama general de excelencia en la gestión ordinaria contrasta significativamente con el bajo desempeño de las áreas que examinan la función de supervisión y control de las instituciones. El informe revela una brecha entre la transparencia de la actividad académica, económica y de personal, y la rendición de cuentas de los órganos responsables de la supervisión. Los márgenes de mejora más evidentes se sitúan, precisamente, en este ámbito. En concreto, las dos áreas con menor grado de cumplimiento, que señalan una debilidad estructural en la gobernanza universitaria, son las relativas al Consejo Social, con un cumplimiento medio del 57% , y la función de Ética y Compliance, que se mantiene estancada en un exiguo 47%. Estos datos demuestran que, a pesar de los avances generales, la calidad de la gobernanza, es todavía una asignatura pendiente.
El análisis del Consejo Social, órgano que representa a la sociedad y ejerce funciones clave de supervisión, muestra una evolución desigual. Si bien hay mejoras puntuales, como el avance en la publicación de su Presupuesto (del 71% al 76% de cumplimiento) y la mejora en la difusión de su Informe de Actividades (del 78% al 84%) , dos indicadores estratégicos muestran un deficiente desempeño: el Informe de Responsabilidad Social con solo un 35% de cumplimiento total y el de Deberes de Diligencia y Lealtad, que apenas alcanza el 33%.
El déficit más revelador en la función de supervisión se encuentra en la autoevaluación del propio Consejo Social. Mientras que 38 de las 49 universidades analizadas ya publican los datos de asistencia de sus miembros a las reuniones (un ejercicio básico de compromiso) , la autoevaluación sigue siendo una tarea pendiente en la mayoría. Solo 16 de las 49 universidades realizan y publican una autoevaluación sobre su propio desempeño. Esta brecha demuestra que, si bien se ha avanzado en la transparencia sobre la actividad, la cultura de la evaluación interna y la reflexión estratégica es la principal debilidad de este órgano.
Los incumplimientos más graves
El área de Ética y Compliance, analizada por segundo año consecutivo, revela una implantación aún inmadura. Si bien la existencia de un Código Ético es una práctica mayoritaria, alcanzando el 84% de cumplimiento, la funcionalidad del Canal Ético es desigual. Mientras que un 57% de los centros ofrece un canal integral que permite tanto consultas como denuncias, un significativo 41% lo limita a un mero 'canal de denuncias'. Esta limitación merma su potencial preventivo, ya que impide a la comunidad universitaria resolver dudas sobre la aplicación del código.
Sin embargo, el punto más crítico del informe es el indicador relativo al Responsable de Compliance, que registra un un alarmante cumplimiento nulo (0%). Este incumplimiento generalizado se debe a que ninguna universidad ha implantado todavía la exigencia del artículo 47.2.L de la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario (LOSU). La ley requiere la creación de un órgano específico para el sistema de compliance en su conjunto, dependiente directamente del consejo social, una figura clave para una supervisión independiente y eficaz que es la gran ausente en la estructura universitaria.
En cuanto a la Información Económica, el alto nivel de transparencia general se ve enturbiado por un problema de actualización en la auditoría externa. Aunque los indicadores de Presupuesto (98%), Estados financieros (94%) y Memoria explicativa (94%) rozan la unanimidad, el cumplimiento total del indicador de Auditoría desciende al 78%.
El incumplimiento de este indicador por parte de algunas instituciones es el que condiciona la calificación final. Cinco universidades que hasta ahora obtenían un cumplimiento pleno han pasado a un cumplimiento parcial por no haber publicado el informe de auditoría del ejercicio 2024. El caso más grave afecta a dos centros: la Universidad de La Laguna y la Universidad del País Vasco (Euskal Herriko Unibertsitatea), las únicas dos instituciones que son calificadas como Translúcidas. La razón de este descenso es un incumplimiento de máxima relevancia para la Fundación Haz: no disponer de una auditoría externa actualizada, con un retraso en ambos casos superior a los tres años.
Las mejores y las peores
El éxito en materia de transparencia en el sector público es innegable, con 47 de las 49 universidades alcanzando la máxima calificación de Transparentes. Estas instituciones han logrado superar el umbral del 70% de cumplimiento, publicando además el paquete completo de información económico-financiera auditada. Las áreas donde el cumplimiento es prácticamente perfecto y que demuestran la madurez del sistema son Personal (98%), Gobierno (99%), Entidades Dependientes (100%), Alumnos (100%), y en el área de Resultados, los indicadores de Ranking (100%) y Empleabilidad (100%).
En el extremo con el peor desempeño se sitúan las dos únicas instituciones con la calificación de Translúcidas: la Universidad de La Laguna y la Universidad del País Vasco (Euskal Herriko Unibertsitatea). El informe subraya que esta calificación se mantiene a pesar de su buen desempeño en el resto de los indicadores, ya que la rendición de cuentas económicas con una auditoría externa actualizada es un pilar insustituible de la transparencia.
Además de estos dos casos, el informe detecta focos de incumplimiento en otras instituciones. La Universidad Politécnica de Madrid es la única que no publica su plan estratégico. La UNED es la excepción en el área económica, al presentar su presupuesto con dos años de retraso. También la Universidad Rovira i Virgili y la Universidad de Valencia reciben cumplimiento parcial en el área de Gobierno por publicar solo parcialmente las actas o acuerdos de sus órganos.
Conclusiones
El análisis de 2025 confirma un éxito consolidado: la transparencia es una práctica generalizada en el sistema universitario público español. Sin embargo, este alto grado de cumplimiento, si bien es un logro, también evidencia que el estándar actual ha comenzado a agotar su capacidad para impulsar nuevas mejoras. Cuando la inmensa mayoría de las universidades cumple con el estándar, este deja de ser una herramienta útil para diferenciar y promover la excelencia. Por ello, la Fundación Haz ha iniciado un proceso de revisión para elevar el listón de exigencia, adaptando las normas a la madurez que el propio sistema ha alcanzado.
En este contexto de consolidación, las conclusiones del informe se centran en los desafíos pendientes de la gobernanza, que deben ser las prioridades para el próximo ciclo. La principal conclusión es que el sistema debe resolver con urgencia las carencias en la supervisión de sus órganos de control.
A partir de este diagnóstico, la Fundación Haz emite las siguientes recomendaciones prioritarias para consolidar los avances y corregir las deficiencias detectadas:
- Resolver el déficit de Auditoría Externa: Los órganos de gobierno de la Universidad de La Laguna y la Universidad del País Vasco deben encargar una auditoría externa sin más demora. El informe recalca que no es una excusa válida que la fiscalización dependa de un organismo externo, ya que los órganos de gobierno tienen la responsabilidad de encargar una auditoría independiente para garantizar una visión actualizada de su situación financiera.
- Avanzar en la autoevaluación del Consejo Social: Se recomienda que las universidades avancen en la evaluación de la calidad de la actividad de sus consejos sociales, y no solo en la publicación de la misma. La autoevaluación debe convertirse en una práctica de buen gobierno fundamental para identificar áreas de progreso y mejorar el funcionamiento del órgano.
- Implantar la figura del Responsable de Compliance: El sistema debe abordar con urgencia el cumplimiento de los nuevos requisitos legales, siendo el más crítico la implantación de la figura del responsable de compliance que exige la LOSU.
La Fundación concluye que, aunque hay mucho que celebrar en el sistema público, el futuro de la transparencia pasa por garantizar que la rendición de cuentas sea integral y abarque tanto la gestión ordinaria como la función crítica de supervisión.
*Muestra de 49 universidades públicas: A Coruña, Alcalá, Alicante, Almería, Autònoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Barcelona, Burgos, Cádiz, Cantabria, Carlos III, Castilla-La Mancha, Complutense, Córdoba, Euskal Herriko Unibertsitatea, Extremadura, Girona, Granada, Huelva, Internacional de Andalucía, Les Illes Balears, Jaén, Jaume I, La Laguna, La Rioja, Las Palmas de Gran Canarias, León, Lleida, Málaga, Miguel Hernández de Elche, Murcia, Nacional de Educación a Distancia, Oviedo, Pablo de Olavide, Politécnica de Cartagena, Politècnica de Catalunya, Politécnica de Madrid, Politècnica de València, Pompeu Fabra, Pública de Navarra, Rey Juan Carlos, Rovira i Virgili, Salamanca, Santiago Compostela, Sevilla, València, Valladolid, Vigo y Zaragoza.
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