viernes, 02 de diciembre de 2022

​El 90% de las 49 universidades públicas y solo el 23% de las 26 privadas son transparentes

El Examen de Transparencia 2021 de la Fundación Haz alerta sobre los “paupérrimos” presupuestos de los consejos sociales universitarios y su falta de independencia

@sueldospublicos

‘La Universidad Rey Juan Carlos es la única de toda España que cumple con todos los criterios de evaluación en transparencia’ o ‘La Universidad de Salamanca vuelve a ser una de las más transparentes de España, según el informe de la Fundación Haz’. Son dos de los titulares que puedes encontrar estos días en varios digitales de ámbito nacional y local. Y es que, desde este lunes, es accesible el informe de transparencia y buen gobierno de las universidades españolas Examen de transparencia 2021. Informe de transparencia voluntaria en la web de las universidades españolas, elaborado por Javier Martín Cavanna y Ángel Luis Ladrón de Guevara. El estudio lleva una década publicándose a través de la Fundación Haz “y arroja luces y sombras sobre el sistema universitario”.


Fundación Haz

Portada del informe.

En un comunicado, el documento reconoce el avance en la transparencia de las universidades públicas, donde, por primera vez desde la publicación de los informes, el 90% de ellas son consideradas transparentes y ninguna ha sido calificada como opaca. Por el contrario, las universidades privadas se han estancado en los niveles de transparencia y solo un 23% ha obtenido el calificativo de transparente.


Una diferencia que queda también patente cuando se compara el promedio de transparencia de las universidades públicas, con un 86% de media de cumplimiento, frente al 57% de las privadas.


La información más opaca de estas últimas es la referida al área económica, donde tan solo un tercio (33%) publica dichos datos. La principal responsabilidad de esta falta de información económica, recuerda el documento, recae sobre los órganos de gobierno de las universidades privadas: consejos de administración, patronatos, cancillería, etc.


En este sentido, “no puede extrañar que la opacidad en relación con la titularidad de las universidades privadas, información que solo proporciona un 46% de ellas, tenga su reflejo en la ausencia de datos económicos. Esta correlación es particularmente evidente en las universidades cuyo titular es una sociedad mercantil, pues presentan los mayores grados de opacidad de todas las universidades, públicas y privadas”, afirma la publicación.


Estos son los principales resultados de un informe que analiza la información que publican de manera voluntaria en la web las 49 universidades públicas y 26 privadas españolas, acerca de su personal, gobierno, consejo social (públicas), titularidad (privadas), oferta y demanda académica, información económica o resultados, entre otros indicadores. Un dato: Son mayoría (40) las universidades de titularidad pública que hacen un ejercicio de transparencia y dan a conocer los estados financieros y las memorias económicas del año 2021.


La debilidad de los consejos sociales

El informe es especialmente crítico con los consejos sociales de las universidades públicas. Según Martín Cavanna “la Ley de Reforma Universitaria de 1983 creó los consejos sociales con el fin de evitar que la universidad se constituyese en un patrimonio de los actuales miembros de la comunidad universitaria y se convirtiese en un auténtico servicio público referido a los intereses generales de toda la comunidad nacional y de sus respectivas comunidades autónomas. Pues bien, no hemos avanzado nada en estos 40 años. La mayoría de los consejos sociales son estructuras de gobierno y supervisión de papel, sin recursos económicos y humanos y con una composición en la que la mayor parte de sus miembros no son independientes”.


Según el artículo 17.4 de la LOU, el consejo social, para el adecuado cumplimiento de sus funciones, debe disponer “de una organización de apoyo y de recursos suficientes”. Pero la realidad es la que muestra este informe Examen de transparencia 2021, que ha analizado todos los presupuestos de los consejos sociales de las universidades públicas, llegando a la conclusión de que estos, en la mayoría de los casos, son “paupérrimos”.


Las diferencias en la financiación son notables con solo cinco universidades (Girona, Gran Canaria, La Laguna, Lleida y Rovira i Virgili) que igualan o superan el 0,3 de porcentaje en relación con el presupuesto total de la universidad. Las últimas posiciones las ocupan Granada, Sevilla y Zaragoza, con un 0,02%, seguidas de la Complutense de Madrid, con un 0,03%, y de la Autónoma de Madrid y Barcelona, con un 0,04%.


Si a lo anterior se suma que prácticamente el 50% de los consejos sociales no cuenta con una partida de gastos de personal, el documento concluye que estos órganos no tienen recursos suficientes para desarrollar, de una manera adecuada, sus funciones de gobernanza y rendición de cuentas.


“Si existe voluntad real de que los consejos sociales puedan realizar una función eficaz para servir de puente entre la sociedad y la universidad actuando de palanca para que esta progrese en la excelencia, es urgente dotarles de recursos económicos y humanos, de un mayor compromiso con la rendición de cuentas y de una composición de sus miembros más independiente”, explica Ladrón de Guevara, coautor del informe.


Proyecto de Ley refuerza el desgobierno

Lo más preocupante -según los autores del informe- es que el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario “solo contribuirá a ahondar, aún más, el frágil y defectuoso sistema de gobernanza de la universidad”.


El proyecto de Ley pretende aumentar la financiación pública sin mejorar el sistema de gobierno ni fortalecer la rendición de cuentas. “Si el proyecto consigue salir adelante, con el consiguiente aumento de gasto, sin duda atenderá el interés privado de la comunidad universitaria, pero no el interés público”, concluyen los autores de Examen de transparencia 2021.


Mejoría

La mejoría de las universidades públicas en los indicadores de transparencia ha sido muy notable, hasta el punto de que por vez primera desde la publicación de estos informes ninguna universidad ha obtenido la calificación de opaca y 44 de las 49 universidades públicas han obtenido la calificación de transparentes. El porcentaje medio de cumplimiento de los indicadores de transparencia de las universidades se sitúa en el 86%, lo que evidencia que las diferencias en el grado de transparencia entre las universidades son muy pequeñas. En la mayoría de los casos esas diferencias obedecen a la falta de actualización de la información de acuerdo con los criterios fijados en nuestro informe. Esa desactualización, en algunos casos aislados, puede ser un indicio de que el suministro de la información no está integrado totalmente en los procesos internos de gestión.


Recomendaciones para universidades públicas y privadas

Auditoría externa

La información económica no es el único contenido de información relevante, pero resulta crítico para poder evaluar el grado de compromiso real con la transparencia de las instituciones. Una información económica que no está verificada y acreditada por una institución externa independiente no deja de ser una opinión de parte interesada, por muchos controles internos que existan. Las universidades públicas tienen que hacer un esfuerzo mayor para que su información económica esté auditada en un plazo razonable. Plazo razonable es no más tarde de un año a contar desde el último ejercicio económico cerrado. Algunas universidades públicas presentan su información económica auditada con dos o tres años de retraso debido a la dilación de los organismos supervisores oficiales (cámara o tribunal de cuentas autonómico).


Esa demora debe corregirse, bien reforzando la supervisión con una sociedad auditora privada o presionando al supervisor público para que desempeñe sus funciones con mayor celeridad. En el caso de las universidades privadas el problema no es el retardo en la realización y publicación de la auditoría externa sino su resistencia a publicar los resultados de esta. Todas las universidades privadas están legalmente obligadas a someterse a una auditoría externa, no publicar los resultados de la misma solo contribuye a transmitir una imagen de opacidad y de sospecha sobre la verdadera situación patrimonial y financiera de la universidad.


Consejo social

El consejo social de cada universidad y la Conferencia General de Consejos Sociales deben hacer un mayor esfuerzo para fortalecer las capacidades y recursos de estos organismos exigiendo una mayor dotación de recursos económicos y humanos. Es importante que el consejo social se asegure de que dispone de los recursos necesarios para poder desempeñar con eficacia sus funciones de gobierno y supervisión.En concreto: 


a) Cuente con un presupuesto adecuado a las responsabilidades que se le han asignado. Los presupuestos de algunos consejos sociales son insignificantes confirmando la desproporción entre los fines perseguidos y los medios con lo que se cuenta.


b) El consejo social debe contar con una estructura propia, que dependa jerárquica y funcionalmente del mismo y que le permita ejercer con eficacia todas las competencias que tiene atribuidas.


c) El consejo social debe mejorar su rendición de cuentas a la sociedad, para lo cual sería conveniente que mejore el contenido y estructura de sus informes de actividades y asuma un papel más activo en la elaboración y aprobación del informe de responsabilidad social.


Transparencia en la titularidad de las universidades privadas

Todas las universidades privadas deben dar cuenta de quiénes son sus titulares reales y promotores. Las universidades privadas cuya titular es una sociedad mercantil deben informar de quiénes son sus accionistas de control.


Actualización y desglose de la información

Las universidades deben hacer un mayor esfuerzo por actualizar en la web la información de algunos de sus indicadores. En concreto, sería aconsejable que fijasen unos plazos internos para poder disponer y publicar en la web los datos relativos a las matriculaciones, oferta y demanda académica, alumnos fuera de la comunidad del año académico en curso, así como los indicadores de resultados de investigación académicos y de satisfacción del año anterior al informe. Por otra parte, los indicadores relativos a las matriculaciones, la evolución de la oferta y la demanda y los resultados académicos y de satisfacción de los alumnos deben ofrecerse en relación con las diferentes titulaciones de grados y no de manera agregada por ramas de conocimiento, ciclos o centro.


Resultados investigación: visibilidad, actualidad y cuantificación

Las universidades deben seguir haciendo un esfuerzo por ofrecer información cuantitativa y actual sobre el resultado de sus actividades de investigación. Sigue siendo habitual en algunas universidades que se limiten a informar de sus actividades, sin mencionar qué resultados concretos producen esas actividades, así como que los datos publicados estén desactualizados o la información se encuentre muy dispersa.


El informe destaca que las universidades públicas están obligadas a publicar información sobre el personal contratado identificando el sexo y sus distintas categorías: PAS (funcionarios y laborales) y PDI (funcionarios y laborales) de acuerdo con los diferentes tipos de contrato. La universidad publicará información sobre las bandas salariales aplicables a cada una de las categorías.


Ejemplo de transparencia sobre retribuciones de la Universidad Complutense de Madrid y el complemento salarial de su rector, Joaquín Goyache, y resto de cargos académicos. Sueldos Públicos ha comprobado que la práctica más habitual es publicar los complementos desglosados, pero no la retibución completa del rector en euros brutos anuales, aunque sea el dato del año anterior, tal y como hace el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado. 


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