Este martes ha dimitido la alcaldesa de Águilas (Murcia), María del Carmen Moreno, tras 10 años dirigiendo el consistorio en las filas del PSOE. También deja la primera línea política. Desconocemos si esta licenciada en Biología y Geología, funcionaria interina de Educación Secundaria, renuncia al cargo por los motivos que te contamos en esta noticia, vinculados a unos contratos sobre el servicio de agua y las 'maniobras' de un funcionario.

"Es una decisión totalmente personal y muy difícil de tomar", tras 24 años en política. "Haber ganado las elecciones por tres veces consecutivas y ser la primera alcaldesa de esta maravillosa ciudad es de lo más orgullosa me siento", reconocía. "Ha sido un gran honor". 

El consistorio ha sacado recientemente a licitación, a través de la plataforma privada VORTAL y no en la Plataforma de Contratación del Sector Público estatal, el contrato de concesión del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua potable por un valor estimado de 256,7 millones euros. El expediente contempla 25 años de duración, sin canon concesional inicial y una inversión comprometida de 15 millones y una retribución máxima anual de 10,2 millones. La adjudicación tiene que pasar por el Pleno, mientras que la tramitación de todo el expediente es la que se ha delegado en la Junta de Gobierno Local, en virtud de un acuerdo promovido por el actual secretario municipal, Jesús López López.

López López (izquierda) y Moreno, en enero de 2016, durante la toma de posesión del primero como interventor del Ayuntamiento de Águilas.

Detrás de esta operación, según denuncian fuentes municipales y de la oposición, hay una estructura de acumulación de poder técnico, cobro simultáneo de sueldos e ingresos públicos y procedimientos sin garantías democráticas, que se repite en todos los municipios donde ha trabajado el secretario. López López es funcionario de la escala de habilitados nacionales, grupo A1, con plaza titular en Águilas desde 2016. Sin embargo, durante años ha encadenado cargos como secretario accidental o acumulado en municipios murcianos como Mazarrón, Caravaca de la Cruz o alicantinos como Torrevieja, compatibilizando esas funciones con la titularidad en Águilas y cobrando por cada una de ellas.

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Entre 2020 y 2023, percibió en torno a 55.000 euros brutos al año como secretario titular de Águilas, a los que sumó más de 25.000 euros anuales por acumulación en Mazarrón. También ha cobrado por asistencias a órganos colegiados, como mesas de contratación, plenos y juntas de gobierno en varios ayuntamientos. No consta autorización expresa de la Dirección General de la Función Pública para compatibilizar dichos cargos, pese a que el Estatuto Básico del Empleado Público exige autorización previa para el desempeño de más de un puesto de carácter permanente. En el caso de Águilas (37.400) y Mazarrón (35.000), ambos municipios superan los 25.000 habitantes y requieren dedicación completa.

Acumulación de poder y denuncias recientes

Desde su llegada a Águilas, López López ha reforzado su poder interno en el Ayuntamiento. En 2021, impulsó una reforma que le permite, como secretario general, designar personal de libre designación, ejercer como asesor jurídico del Pleno y redactar informes sin control externo. Además, ha sido el principal redactor del acuerdo de delegación de competencias que permite aprobar contratos de más de seis millones sin pasar por el Pleno. Por su plaza titular en Águilas percibe un sueldo anual de 55.000 euros brutos, según consta en los presupuestos municipales.

En diciembre de 2024, el Ayuntamiento se vio envuelto en una crisis interna tras detectarse pagos indebidos de gratificaciones a funcionarios, entre ellos el propio López López, por valor total de 9.123 euros. El Tribunal de Cuentas ha exigido la devolución íntegra del importe a la alcaldesa María del Carmen Moreno, como responsable máxima de haber autorizado el abono sin base legal. También se exige reintegro a dos interventores municipales. Según el informe, los pagos se realizaron sin procedimiento reglado y sin resolución que los justificara, lo que constituye una infracción contable. Moreno, del PSOE, cobra 55.564 euros anuales, según el acuerdo del Pleno de junio de 2023.

La denuncia fue impulsada por el propio interventor, en un contexto de tensiones crecientes con el entorno del secretario, al que diversas fuentes atribuyen maniobras internas para consolidar poder y filtrar información sensible. La resolución del Tribunal no solo obliga a devolver el dinero, sino que señala directamente a López López como beneficiario de una percepción irregular de fondos públicos.

En Águilas, además del actual contrato de agua, López López avaló en 2021 la adjudicación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos a Entorno Urbano, empresa perteneciente al grupo Hozono Global, que ahora se presenta en UTE con Aqualia. El procedimiento se resolvió entre denuncias de trato de favor y sin participación de técnicos independientes en la evaluación. La Generala es una de las empresas que, presuntamente y de manera frecuente, es beneficiada en municipios donde ha intervenido López López, y su vinculación con otros contratos bajo sospecha ha sido señalada por miembros de la oposición local.

Prórrogas polémicas

El perfil de López López se ha hecho conocido en la Región de Murcia por su papel clave en licitaciones y prórrogas de contratos estratégicos y de alto valor económico, especialmente en agua y basuras, sin informes técnicos internos y con procedimientos cuestionados. Así, en Caravaca de la Cruz (Murcia), el mencionado funcionario desempeñó un papel relevante en la tramitación del proyecto urbanístico de Roblecillo, un desarrollo de más de 2.000 viviendas promovido por la empresa Caravaca Golf SL en suelo rústico, bajo la fórmula de Proyecto de Interés Público. El plan se tramitó inicialmente en 2008, y López López participó como secretario accidental, firmando informes favorables para su avance pese a las advertencias técnicas y jurídicas existentes.

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El proyecto fue finalmente anulado en 2014, tras años de controversia, e incluido en una investigación de la Intervención General del Estado y del Tribunal de Cuentas por sus implicaciones económicas. Se le atribuyó la generación de compromisos urbanísticos que comprometieron al Ayuntamiento sin garantías jurídicas suficientes.

López López figura en el expediente como autor de varios informes clave y facilitador del convenio urbanístico inicial, que fue considerado posteriormente nulo de pleno derecho. El abogado del promotor, Juan Rigabert Pérez, ha sido vinculado a otras operaciones similares en las que también participó López, generando sospechas de una red de intereses compartidos entre técnicos municipales y operadores privados.

En Torrevieja (Alicante), fue nombrado secretario accidental e interventor en 2019. Durante su etapa en el cargo redactó un informe en el que aconsejaba que una empresa externa redactese un pliego de condiciones para el contrato de recogida de basuras. Su intervención generó una crisis institucional que culminó con la dimisión de varios miembros de la Mesa de Contratación en octubre de ese mismo año, según consta en las actas oficiales. Los dimisionarios alegaron presiones directas del secretario y pérdida de confianza en la limpieza del procedimiento.

Entre los hechos documentados, se recoge que López López intervino de forma activa en la valoración de los criterios técnicos, a pesar de que su función debía limitarse a labores de secretaría. Las actas reflejan coacciones a técnicos municipales y discrepancias graves en la puntuación de las ofertas. La situación desembocó en un conflicto interno sin precedentes, con hasta tres miembros presentando su dimisión por escrito.

López López dejó su plaza de interventor en Torrevieja en junio de 2020, pero a los 15 días se incorporó como director de la asesoría jurídica, un cargo que no existía hasta el momento, compaginándolo con la secretaría del Ayuntamiento de Águilas, que no llega a dejar hasta 2021. La decisión fue celebrada por parte de la oposición, que llevaba semanas advirtiendo de las “maniobras oscuras” en el proceso y del vínculo del secretario con el abogado Rigabert, asesor externo del expediente y relacionado con otros casos polémicos en la Región de Murcia.

En Mazarrón, López López ejerció como secretario accidental entre 2021 y 2023. En 2022, impulsó la prórroga por 20 años del contrato del agua con Aqualia, que también fue denunciada por la oposición del PP, una operación valorada en más de 100 millones de euros, aprobada sin pasar por el Pleno. El expediente carecía de informes técnicos municipales y se sustentaba exclusivamente en documentación facilitada por la empresa concesionaria. Durante ese periodo, percibió 25.278 euros anuales del Ayuntamiento de Mazarrón por acumulación de funciones.

El informe justificativo firmado por López López copiaba literalmente párrafos del informe de Aqualia, sin ningún contraste técnico o jurídico propio. Además, la empresa beneficiaria había encargado previamente un informe de viabilidad económica al despacho de abogados dirigido por Rigabert, profesional vinculado a otras tramas de contratación investigadas judicialmente.

Este procedimiento fue denunciado judicialmente por Hidrogea, competidora directa, por presunta manipulación del procedimiento administrativo y falta de transparencia. El caso también generó un fuerte rechazo político, con críticas públicas de la oposición por la falta de informes técnicos objetivos y el carácter opaco de la operación.

Durante su etapa en Mazarrón (Murcia), López López firmó decenas de documentos como secretario general, a pesar de no contar con nombramiento formal de la Dirección General de Función Pública, lo que podría constituir una vulneración de las normas sobre acumulación de funciones en municipios de más de 25.000 habitantes. Actualmente, el sectertario del Ayuntamiento de Águilas es sigue siendo López López.

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