La Comisión Europea ha vuelto a señalar a España, esta vez llevándola ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no transponer plenamente a su derecho nacional la Directiva 2019/1152, que busca establecer condiciones laborales más transparentes y predecibles. Esta acción subraya un patrón preocupante: España ostenta el título de ser el país más incumplidor de la UE en lo que respecta a la transposición de directivas.

La denuncia más reciente de Bruselas se centra en la falta de normativa española que garantice a los trabajadores información "oportuna y completa" sobre aspectos esenciales de su empleo, como el tiempo de trabajo y la remuneración. La Directiva sobre condiciones laborales transparentes y predecibles, aprobada en 2019, busca proteger a casi 200 millones de trabajadores europeos, especialmente a los que se encuentran en empleos precarios, asegurándoles mayor previsibilidad y condiciones mínimas como la limitación de los periodos de prueba a un máximo de seis meses.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El proceso de infracción contra España se inició en septiembre de 2022 con una carta de emplazamiento, después de que el país incumpliera el plazo de transposición del 1 de agosto de 2022. A esta le siguió un dictamen motivado en junio de 2023. A pesar de que España notificó en febrero de 2025 la transposición de algunas disposiciones, la Comisión considera que los esfuerzos han sido "insuficientes", lo que ha llevado a la decisión de acudir al Tribunal de Justicia de la UE y solicitar la imposición de sanciones financieras.

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Este no es un incidente aislado. A finales del año pasado, España presentaba problemas con 18 directivas pendientes de transposición, mientras que la media en los Veintisiete era de solo ocho. De estas, cinco llevaban más de dos años pendientes, incluyendo precisamente la directiva que ahora ha desembocado en esta acción judicial. España es, de hecho, el segundo país de la UE con más sentencias del TJUE incumplidas, solo por detrás de Grecia.

Cuando el Tribunal de Justicia de la UE emita su sentencia y esta sea favorable a Bruselas, España se expone a una multa significativa. La Comisión tiene la facultad de solicitar al tribunal una "cantidad a tanto alzado o una multa coercitiva", calculadas en función de la importancia de las normas infringidas, el período de incumplimiento y la capacidad de pago del país.

Multas millonarias

Los procedimientos de infracción son el último recurso de la Comisión Europea para garantizar el cumplimiento del Derecho de la UE. Se inician con una carta de emplazamiento, seguida de un dictamen motivado y, si el Estado miembro no rectifica, la remisión al Tribunal de Justicia. Si, tras una sentencia condenatoria, el país persiste en el incumplimiento, la Comisión puede volver a llevar el caso ante el Tribunal solicitando sanciones pecuniarias. Estas sanciones financieras pueden consistir en una suma a tanto alzado basada en el tiempo transcurrido desde la primera sentencia, y una multa diaria a partir de la fecha de la segunda sentencia hasta que finalice la infracción.

La insistencia de la Comisión subraya la importancia de que los Estados miembros adapten sus legislaciones nacionales a las normativas europeas para garantizar un marco legal coherente y justo para todos los ciudadanos de la Unión. Para España, esta última denuncia representa no solo una potencial multa, sino también un recordatorio de la necesidad urgente de agilizar y cumplir con sus obligaciones comunitarias.

España se posiciona como uno de los países de la Unión Europea que más ha pagado en sanciones por incumplimiento del Derecho de la UE, acumulando al menos 164 millones de euros. El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ha señalado que, hasta finales de 2023, España ha abonado 80 millones de euros en casos ya cerrados y 84,3 millones de euros en procedimientos aún activos, sumando un total de 164 millones en 6 de los 47 casos sancionados por el Tribunal de Justicia de la UE desde el Tratado de Maastricht (1992), según una información de Vozpópuli de abril de este año que cita fuentes comunitarias, tal y como recordó Vózpopuli en abril de este año citando fuentes comunitarias.

Los auditores europeos destacan que, aunque la Comisión Europea ha mejorado en la gestión de estos procedimientos, aún tarda en cerrarlos, incluso si el país no ha resuelto completamente la infracción. Las sanciones económicas se proponen cuando un Estado miembro no comunica la transposición de directivas o no cumple una sentencia previa del Tribunal.

A pesar de que las sanciones buscan presionar a los Estados para que corrijan sus infracciones, el TCE observa que en 13 de los 16 casos activos a finales de 2023, los países han estado pagando multas durante más de tres años, y en seis de ellos, por más de ocho años, sin resolver la infracción subyacente. Esto se debe a que la resolución de algunas infracciones puede ser compleja y requerir grandes inversiones o nuevas infraestructuras.

España no solo destaca en el pago de multas, sino también en el retraso en la transposición de directivas. A finales de 2024, acumulaba 87 directivas pendientes, 31 de ellas con el plazo de transposición ya vencido. Las áreas con más directivas pendientes incluyen Transición Ecológica (16), Economía (15) y Trabajo, Inclusión y Migraciones (10).

El Tribunal de Cuentas Europeo recomienda a la Comisión mejorar la planificación, el procesamiento de denuncias y la gestión de los procedimientos de infracción, además de actualizar la metodología para proponer sanciones.